Mientras las familias en su preocupación asisten a las indicaciones para mitigar la pandemia provocada por un virus inusual como es el Covid 19, un virus de manera silenciosa pero visible se incuba en el caldo de cultivo causado por el confinamiento y la estrategia de sana distancia, la delincuencia y con ello la inseguridad.
Para quienes toman decisiones desde las instituciones en su carácter de servidores públicos están conscientes que de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo levantada en el último trimestre del 2019 y presentada el pasado 13 de febrero de este año, la tasa de informalidad laboral se encuentra en el 56.2 % de la población económicamente activa, lo que representa que la mayor parte de la población debe asistir a negocios o establecimientos que no les garantiza un servicio de seguridad social, poniendo a prueba al recién creado Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI, por sus siglas).
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Si con la información de la misma encuesta analizamos la tasa de ocupación en el sector informal que es de 27.5% y lo que representa para el PIB de nuestro País, estamos hablando que cerca de 31.3 millones de personas ocupadas por sí mismas para lograr un ingreso sin seguridad social, más 15.3 millones de personas dispuestas a trabajar en unidades económicas no agropecuarias que no se han instituido como empresas, están expuestas totalmente a la pandemia y su virus, al no contar con un tipo de seguridad social.
Por consecuencia la estrategia que el gobierno federal pretende implementar va dirigido a tratar de buscar ayudar a estas personas que forman parte del grueso de la población económicamente activa, ya que éstas son las primeras afectadas por el impacto económico provocado por el confinamiento debido al Covid 19.
Sin embargo en las mañaneras del presidente Andrés Manuel ha dejado claro que sus políticas de activación económica, llamadas para el bienestar, solo impactarían a una población de 22 millones de personas, situación que no es suficiente ante el escenario económico expuesto por el INEGI.
Lo preocupante de este escenario más allá de la letalidad del virus Covid 19, de la funcionalidad de la estrategia nacional de sana distancia y #QuédateEnCasa, está la seguridad pública, misma que no se ha mitigado y que somos testigos por las recientes declaraciones del periódico Reforma bajo el supuesto de un ataque a sus instalaciones, de los supuestos saludos de un nuevo Cártel en el Estado de Michoacán denominado Zicuirán Nueva Generación (CZNG), que pone en alerta al Estado y a la política de seguridad pública del Gobierno del presidente Andrés Manuel.
La respuesta ante este escenario es la militarización del país, la razón es bien argumentada según el artículo 21 constitucional en su última reforma en el 2019, la rectoría de la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, a través de la Guardia Nacional, con el apoyo ahora por Decreto de las Fuerzas Armadas, además que la participación de la sociedad está más en vigilar, evaluar, proponer mecanismos que coadyuven a la eficiencia y efectividad de las estrategias de seguridad pública mediante el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esto lo ha entendido a medias el Gobernador Barbosa, ya que mientras a nivel federal la estrategia es reforzar la sana distancia y la seguridad pública, el gobernador de Puebla lanza el hoy no circula, como una medida para garantizar la primera estrategia y a la segunda trata de mitigarla con entrega de despensas, según con reportes de noticias mientras en territorio poblano sobre la autopista México – Puebla y Puebla – Orizaba sigue la delincuencia organizada operado a plena luz del día.
Si seguimos en la línea de niveles de gobierno, para el caso de San Andrés Cholula, la Presidente Karina Pérez Popoca y la estrategia trazada para atender la pandemia no fue distinta a la implementada por la línea estatal, entregando “chequecitos”, “despensas con valor” con una cuota de recuperación de doscientos pesos y gel antibacterial a negocios (mismo que se entregó casa por casa pese a lo dispuesto a nivel federal de la sana distancia).
El problema es que gracias a la falta de información y comunicación de su Ayuntamiento para hacer frente a la pandemia desde las características particulares que tiene Tlaxcalancingo, Karina Pérez el pasado 6 de marzo a través de un diario de circulación regional descalifica a la población que la vio nacer y la señala como no disciplinada ante la contingencia y contradiciendo a lo dispuesto en un comunicado del gobierno del Estado, a través de protección según las redes sociales, pide a los negocios cerrar por ser considerados no esenciales.
Después de la denuncia hecha por la Asociación “Todos por Tlaxcalancingo” de permitir y omitir su responsabilidad por la operación de vecinos para hacer la labor de policías sin tener nombramiento ni capacitación, la presidente Karina Pérez, fuera de la línea discursiva de los niveles de gobierno superiores, busca aminorar el impacto que su gobierno recibió por falta de una política coordinada en materia de seguridad pública como lo exige el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pretende dejar en manos de los vecinos la aplicación de leyes y reglamentos que le corresponden a la autoridad, dejando al libre albedrío a los habitantes de Tlaxcalancingo, además de querer llevar al terreno partidista una denuncia ciudadana, misma que contradice a la estrategia nacional de sana distancia al permitir que sin las medidas preventivas y sin regulación operen las acciones de estas vecinas y vecinos preocupados por la inseguridad.
La lectura es una, no existe una coordinación de los diferentes niveles de gobierno para atender la pandemia, ni el próximo virus de la inseguridad provocado por el escenario económico en el que vivimos, ante esto los canales de comunicación, a pesar de emanar del mismo partido, funcionan con teléfono descompuesto