Ahora es el gobierno de la 4T quien insiste en redoblar los esfuerzos e invertir el capital político existente para regresar a los militares a las calles a proveer seguridad pública. El pecado original de Felipe Calderón, militarizar y luchar contra la violencia en el país, con más violencia y con un enfoque de guerra, parece ser la fórmula que convenció no sólo al gobierno de Peña Nieto sino que incluso, a su más destacado detractor, el propio López Obrador, que en su momento llamó al panista “comandante Borolas” y que un caricaturista de el diario El Universal desvía el artilugio al presidente actual al llamarlo “comandante hecho bolas”.
El lunes 11 de mayo pasado, el Diario Oficial de la Federación da cuenta de un acuerdo presidencial para que las Fuerzas Armadas participen en actividades de seguridad pública amparándose en el polémico artículo 5° transitorio de la reforma sobre la Guardia Nacional. Recordemos que López Obrador recorrió un camino de polo a polo en que durante la campaña presidencial prometió regresar a los militares a los cuarteles, a ser un convencido militarista de la seguridad pública. La primera versión de la Guardia Nacional era cien por ciento militar dependiente de la Defensa Nacional y de Marina, pero la sociedad civil arrinconó una reforma que Morena aceptó a regañadientes para que la Guardia fuera civil y estuviera adscrita a una autoridad inequívocamente civil.
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Pero la estrategia de la Guardia Nacional con una policía federal en desaparición y una transición fallida, ha puesto de manifiesto que el crimen organizado y la disputa del territorio por ejércitos paralelos de delincuentes, le han ganado la partida hasta ahora al gobierno de López Obrador. Más allá de la banalización del discurso obradorista de “abrazos y no balazos” o de llamados moralizantes a que se porten bien quienes han perturbado la paz de México, lo cierto es que la violencia común y criminal no ha hecho más que aumentar en los 17 meses del nuevo gobierno. Cada día, cada mes, se rompen los récords de asesinatos, homicidios y delitos de alto impacto que hicieron a millones de mexicanos votar primero por Peña Nieto para no continuar la política belicista de Calderón, pero que también provocaron los millones de votos a favor del tabasqueño para no seguir haciendo lo mismo.
No obstante, parece que el habitante de Palacio Nacional parece haberse convencido que no tiene de otra. El problema es que hay suficiente evidencia de que acudir a los militares como salvadores de la seguridad pública ya ha traído consecuencias nefastas para la salud de la república y la propia seguridad de la sociedad mexicana. En un desplegado público de los programas de derechos humanos del Sistema Universitario Jesuita se afirma “uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de las fuerzas armadas (índice de letalidad de 1 herido por cada 20 asesinados de la Marina); 87% de personas detenidas por las Fuerzas Armadas (Ejército o Marina), sufrió tortura o malos tratos durante el arresto; 4 de cada 10 mujeres detenidas por Marinos fueron violadas durante el arresto”.
La amplia gama de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas atraviesa también por la desaparición forzada, uno de los flagelos que más duelen a más de 40 mil familias, por lo menos, que siguen buscando a sus hijos desaparecidos. Hay quienes sostienen que esas violaciones de derechos humanos son efectos colaterales de una lucha contra el crimen organizado, pero hasta ahora no sirve de argumento, pues el narco no solo goza de cabal salud sino que ha mostrado un gran músculo de crecimiento y fortalecimiento, curiosamente mientras se supone se le atacaba con toda la fuerza del Estado.
Llama la atención que hasta ahora no hay ningún partido o gobierno de México que confíe en un programa robusto y profesional para tener una policía preparada, inteligente, investigadora y preventiva. Tenemos miles de policías estatales y municipales y siguen siendo vistos como capturados en segmentos importantes por la delincuencia, pero han pasado tres lustros sin que se apueste por transformar ampliamente el modelo policial de México.
También es de llamar la atención que hasta ahora no exista una política de estado contra la violencia y la delincuencia organizada. Lo que Morena criticó de los gobiernos panistas y priístas, hoy lo lleva a cabo como gobierno. Y lo que en su momento defendieron como dogma divino los gobiernos panistas y priístas, hoy se rasgan las vestiduras por una militarización de la seguridad pública que ellos heredaron. Hasta ahora no han sido capaces de ponerse de acuerdo en una política amplia con los tres niveles de gobierno y con todas las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras federales que permitiera unidad política y territorial en una sola dirección contra lo que más lastima a los mexicanos.
Si el actual gobierno llega a la verdad en el caso Ayotzinapa aportará la mayor evidencia de por qué debemos apostar para alejarnos de la militarización de la seguridad pública. Pero si sigue pasando el tiempo y no se sabe finalmente lo que ocurrió, será otra evidencia de que la alternativa militarista para traer paz a los mexicanos es uno de los peores errores de nuestra historia reciente.
*Politólogo, Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.