Investigador de la Facultad de Economía BUAP
Este inicio de año se ha desatado una fuerte disputa (política y mediática) en torno a la autonomía universitaria, que han protagonizado dos poderes: la élite burocrática universitaria y el gobierno estatal. Desde la ascensión del gobernador actual las diferencias entre ambos poderes se manifestaron, escalando hasta la acción emprendida por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de llevar a cabo una auditoría a la BUAP, continuando con la batalla mediática de declaraciones y pronunciamientos.
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Haciendo uso de la fuerza institucional que tiene la élite burocrática universitaria, en la semana pasada, la rectoría “movilizó” de forma expedita a los directores de las unidades académicas y al Consejo Universitario, con la finalidad de dar una respuesta contundente a la “intromisión” del gobierno y la pretensión de violar la autonomía.
El cuestionamiento a la auditoría se ha enfocado sobre la actuación arbitraria y las competencias de la ASE, afirmando la disposición para cumplir con la transparencia y rendición de cuentas establecidas en la legislación; de esta manera, se focalizó como adversarios directos tanto al titular de la ASE como al Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, tratando de diluir la disputa con el ejecutivo estatal.
Desde nuestro punto de vista, es indudable que detrás de la auditoría hay una intención política del gobernador, cuyo objetivo es tener dominio sobre la institución universitaria, la cual es política y socialmente fundamental en nuestra entidad. Sin embargo, el problema tiene su origen en que, a pesar de los deseos de poder total del gobernador, la élite universitaria dirigente tiene sus propios intereses, que ha cultivado al amparo (connivencia, complicidad, asociación) de los gobernantes de los últimos treinta años, lo que le impidió insertarse en los aires de cambio que se respiran desde 2018.
Es pertinente recordar que el titular de la ASE, fue nombrado a fines de noviembre del año pasado, con cuestionamientos por parte de diputados de diferentes partidos, siendo señalado por su cercanía con el gobernador; en un par de semanas inició la acción de auditoría a la BUAP y, según se deriva de la información vertida por ésta, por la premura incurrió en varias arbitrariedades e ilegalidades. Sin embargo, también es necesario reiterar que las autoridades universitarias han enfrentado -y aun no termina- el escándalo de los recursos destinados a Lobos BUAP, además de existir la acusación de varios universitarios sobre uso indebido del presupuesto.
De esta manera, la defensa de la autonomía que ha enarbolado el Consejo Universitario si bien tiene sustento en tales arbitrariedades, se presenta más como el cobijo y posicionamiento de su élite burocrática. Primero, por las prácticas cotidianas de las autoridades universitarias, que desde 1990 han minado la capacidad crítica de la Institución; desde ese año, los distintos rectores se dedicaron a implementar las políticas neoliberales emanadas por los gobiernos del PRIAN, impulsando y beneficiándose de la privatización de la educación superior, haciendo propias las “sugerencias” y orientaciones educativas y de generación de conocimiento implícitas en los programas e indicadores oficiales, desarrollando una política laboral antisindical y clientelar, constituyendo una estructura salarial segmentada (basada en el individualismo y la competencia) que mantiene en un extremo a varios miles de académicos hora clase con escasos ingresos y, en el otro, a unas decenas de funcionarios con altísimas remuneraciones (la denominada burocracia dorada).
En esa connivencia, complicidad, los recursos a la Institución fluyeron ágilmente, incluyendo fuertes inversiones en infraestructura; nuevas dependencias y fuentes de ingreso surgieron, algunas de ellas sin ninguna supervisión. Las alianzas rindieron frutos, rectores y altos funcionarios se jubilaron con sueldos altísimos (a costa del presupuesto universitario), transitaron hacia altos puestos de gobierno, incrementaron sus patrimonios. Con estas historias, es común que propios y extraños tengan (tengamos) la certeza (“sospecha”) de que ha habido un enriquecimiento ilícito, a costa del patrimonio universitario, de los recursos públicos. De esta forma dicha élite burocrática hizo de la BUAP una plataforma política y económica con propósitos personales.
Asimismo, hay que mencionar que el Consejo Universitario ha sido constituido a partir de la imposición, con elecciones cuestionadas, antidemocráticas (amenazas, presiones, apoyos económicos selectivos, etc., son parte de las prácticas electorales de esa élite burocrática), en las cuales se imponen candidatos y se excluye a estudiantes y académicos que expresen posiciones distintas al rector en turno. Así, no es extraño que las sesiones de ese máximo órgano de gobierno carezcan de debates y se logren resoluciones “unánimes”, y que hoy se conviertan en un escenario mediático en la defensa de la “autonomía”, es decir de la élite burocrática en el poder. Hay que recordar que dicho Consejo ha avalado cotidianamente los informes de cada rector y el ejercicio del presupuesto.
La batalla emprendida por el Consejo y la élite burocrática se ve lejana desde las aulas, los laboratorios. Estudiantes, académicos y trabajadores administrativos se han enterado por los medios de comunicación y las redes, los supuestos representantes toman decisiones sin dar la menor información (salvo excepcionales casos) y mucho menos consultándolos. Las bromas, los temores y las angustias se combinan en los pasillos, argumentos a favor y en contra, la disputa se convierte en un espectáculo, atractivo, pero también genera temor. Se recuerdan los hechos de 1989-1990, aunque ya hay pocos universitarios de esos años. El día martes, para expresar el respaldo al Consejo y al rector, las autoridades colocaron en los edificios lonas a nombre de las comunidades de cada facultad y escuela; igualmente han empezado a recabar firmas de apoyo, probablemente a partir del día miércoles veamos su difusión. El aparato de la élite burocrática está operando.
El acuerdo de defensa de la autonomía también da para otras lecturas, una de ellas, que algunos columnistas han señalado, pone en evidencia el sello de un pacto (alianza) entre esa élite burocrática y uno de los pocos grupos (o corrientes) universitarios que subsisten, el cual fue central en la crisis de 1989-1990. En esta lectura se puede identificar el cambio en la secretaria general como un paso hacia la transición de un nuevo rectorado. ¿Cuáles son los términos de ese pacto? ¿Qué proyecto de universidad se propone? ¿Qué beneficios tendrá para sus participantes? Entre otras múltiples preguntas que se pueden plantear.
Es pertinente destacar que esta batalla se da en un entorno nacional en el que se pretenden cambios sustanciales (4T), pero no hay claridad en como lograrlo. Un partido con crecientes conflictos internos, que manifiestan las distintas posiciones y prácticas políticas existentes desde su conformación. Específicamente en el ámbito de la educación superior se toman medidas que fortalecen la educación pública gratuita, se crean nuevas universidades que atienden demandas vinculadas a sectores sociales vulnerables; al mismo tiempo que se restringe (incluso disminuye) el presupuesto a las universidades autónomas y de otros subsistemas, medidas vinculadas a la política económica pero también a la corrupción de muchas de ellas (recuérdese la estafa maestra) y a la percepción de que tales instituciones tienen privilegios que no pueden continuar.
La administración federal educativa marcha entre medidas que buscan modificar las estructuras y prácticas existentes, pero sin tener claridad para romper con las políticas neoliberales. A nivel nacional hay una fuerte presión sobre las universidades autónomas, por modificar su estatus legal; su importancia política y social las coloca como uno de los espacios más importantes a transformar. Sin embargo, las propuestas de cambio vienen signadas por muy distintos partidos y con intereses muy encontrados. La autonomía es cuestionada, se trata de una redefinición de la relación entre los gobiernos y universidades.
En nuestra entidad, la batalla emprendida entre la élite burocrática universitaria y el gobierno de estado (a través de la ASE) ha generado la toma de posiciones; casualmente el PRIAN han salido a la defensa de la primera, los diputados se han dividido y otros actores políticos están a la espera. La autonomía, la transparencia, la rendición de cuentas, muestran su rostro político; se avizora que la batalla se derivará hacia el poder judicial.
Por su lado, los universitarios se mantienen en la expectativa, ahora ya bajo la presión (o necesidad) de actuar, de tomar su posición, que como dijimos, hay perspectivas diversas. Pero no existe la oportunidad para la discusión profunda sobre la batalla. Al respecto, presento unas líneas que me hicieron llegar un par de colegas universitarios: “La exigencia es que se excluya a la comunidad universitaria de los conflictos de poderes, porque si bien se han escudado en los principios de la BUAP también es cierto que se han expuesto los intereses personales de los protagonistas. Solicitamos firmemente, se canalicen todos los esfuerzos que se han tomado para solucionar esta disputa, en problemas verdaderamente esenciales, como la apertura de plazas a los profesores jóvenes, a la implementación de los protocolos de paridad de género, a la verdadera apertura del Consejo Universitario a todos los universitarios, no solo a los que votan sí. La docencia e investigación se ven afectadas por estos conflictos en los que los docentes no tenemos información de lo que sucede con el equipo de futbol, pero sufrimos la carencia de apoyo económico para desarrollar nuestro trabajo. Por lo anteriormente expuesto pedimos que se resuelvan estos conflictos entre autoridades en las instancias que competen y no utilicen la autonomía universitaria para demorar la resolución de ellos, afectando a la parte más vulnerable de la sociedad, los jóvenes.”
Estamos en tiempos de cambio, la autonomía tiene que redefinirse y esto es un debate abierto, pero no puede restringirse a la gestión de los recursos. Estos son indispensables, pero no agotan el sentido y la razón de ser de la autonomía. Esta tiene que ver con el ejercicio de las funciones docentes y de investigación, con la definición de las relaciones con la sociedad y los distintos sectores que la componen. La autonomía debe garantizar la existencia de la Universidad como institución que difunde y genera conocimiento, que estimula y cultiva el diálogo y el respeto a la diversidad, que tiene la capacidad crítica frente a los poderes económicos y políticos, que se solidariza (y orienta sus actividades) con los sectores más vulnerables. Pero precisamente esto no es lo que está hoy sosteniendo el Consejo Universitario.
La rendición de cuentas y la claridad en el manejo de los recursos universitarios (sean federales, estatales y propios) debe ser una práctica obligatoria. La auditoría a la BUAP debe llevarse a cabo, pero es necesario limpiar el proceso de las intenciones políticas del gobernador. La intervención de las instancias federales jugarán un papel importante para solucionar este conflicto, pero la reconstrucción y defensa de la autonomía de la BUAP debe pasar por la recuperación de la institución por parte de los universitarios, la anulación de la élite burocrática, la dignificación democrática de los órganos de gobierno, la redefinición de los contenidos y orientaciones de las actividades docentes y de investigación.