Con indudable fundamento constitucional y en una contundente expresión de que está en marcha una sólida Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Guardia Nacional comenzó -el pasado 27 de abril- operaciones, con su primera coordinación en Minatitlán, Veracruz, y también lo hace ya en tres zonas de la Ciudad de México: las alcaldías de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, así como en los límites entre Tláhuac y Xochimilco.
La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la emergencia en el país, es absolutamente legal, legítima y correcta y tiene el respaldo del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, así como de otras bancadas. Que no quepa duda, hay un amplio respaldo a esta decisión.
Más artículos del autor
Si bien el marco jurídico de la Guardia Nacional, cuya creación y conformación está contemplada en la Carta Magna y ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y emitida su declaración de constitucionalidad, requiere aún de reformas y creación de leyes secundarías, pero esto no impide su genuina entrada en operaciones.
Nuestro coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Moreal Ávila, anunció además que en un periodo extraordinario, convocado para el próximo 14 de mayo, se resolverá este pendiente.
Ya lo dijo el presidente López Obrador, que el inicio de operaciones de la Guardia Constitucional “no afecta en nada los principios constitucionales” y está autorizada en la Constitución.
En el mismo contexto y acciones decididas ante las condiciones actuales del país, el pasado jueves 25 de abril, en el Pleno del Senado aprobamos, con 78 votos en favor, cuatro en contra y 30 abstenciones, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que envió el Presidente de la República y cuyo objetivo es devolver a la sociedad la paz y la tranquilidad, ante los altos índices de inseguridad y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado.
Esta Estrategia -cuya votación expresa un apoyo pluripartidista al Presidente- busca, en el marco de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y todos los aspectos que puedan poner en riesgo la seguridad pública.
Entre sus objetivos, uno fundamental es la erradicación de la corrupción y la reactivación de la procuración de justicia.
Asimismo, va al fondo y a la prevención, con medidas que garanticen el empleo, la educación, la salud y el bienestar para los mexicanos.
En ella hay pleno respeto y promoción de los derechos humanos, regeneración ética de la sociedad, una reformulación en el combate a las drogas y la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios.
Las acciones están con contundencia en marcha y la agilidad de éstas son sello de la Cuarta Transformación.