Ante el debate de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces de no querer bajar sus salarios; ahora más que nunca se recuerda la famosa frase de Andrés Manuel López Obrador, “la mafia del poder”, que tanto repitió el ahora presidente, ya que su proyecto de nación siempre estuvo diseñado para quitarles los privilegios a esa “clase política”. La llegada de un nuevo gobierno ha significado romper con las viejas prácticas y poner en marcha un proyecto que se ajuste con la realidad de nuestro país.
El pasado 13 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la “Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos” en ella se establece que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República; además elimina las pensiones a los ex mandatarios (Efe, 2018). Sin embargo La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la aplicación de esta ley, y los ministros se rebelaron ante el recorte de sus exorbitantes sueldos. El salario más alto en la SCJN es precisamente para los ministros, que ganan: 269 mil 215 pesos, más un aguinaldo de 444 mil, y otras prestaciones donde no se especifica el monto por cada cargo.
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Es democrático la independencia de los poderes y que los ministros sean libres de expresar su opinión, eso hay que celebrarlo. Pero en esta discusión hay algo que no cuadra: que exijan que no les bajen sus salarios, pues de no ser así no podrán mantener su independencia. Es decir, lo que en realidad expresan, es que sí tienen un precio y en todo momento pudieron haber sido corrompidos. Demuestra que su trabajo como ministros no se ha basado en una cuestión de defensa de la justicia con ética, sino de intereses económicos y de posible corrupción.
Además es evidente que esta élite está tan sumergida en su mundo material, que se muestran indiferentes ante la situación económica de nuestro país, “tan sólo” 53 millones de pobres: 44% de la población (Forbes, 2018) lejos de esos lujos salariales.
Este grupo privilegiado se muestra reacio a acatar las nuevas leyes; es por eso que el coordinador de Morena en el senado: Ricardo Monreal presentará un exhorto ante la Procuraduría General de Justicia para investigar a los jueces y magistrados. Se trata de llegar a fondo en la investigación de casos de corrupción. Los diputados y senadores de Morena no descansarán hasta disminuir los salarios del Poder Judicial (Sin Embargo, 2018).
En Puebla también hubo protestas ante esta medida de austeridad; el nuevo presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla: Gerardo Saravia se niega a reducir su salario de 133 mil pesos, que es mayor al que percibe el presidente de la República. Como si el trabajo de estas figuras fuera tan impecable, recordemos la parcialidad y lo cuestionado que fue su antecesor ante las pasadas elecciones locales.
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), (la máxima autoridad electoral de nuestro país) quienes hace un par de días tuvieron el papel preponderante de resolver la elección del Estado de Puebla, han sido cuestionados por el fallo de la misma, pues esta presentó irregularidades importantes como la violencia y la perdida de la cadena de custodia de los paquetes electorales, como el propio magistrado José Luis Vargas Valdez lo expuso en su proyecto para su posible anulación. Vargas uno de las siete autoridades electorales, habló de que hubo cabildeos y presiones políticas para este fallo, incluso ahora pide la destitución de la presidenta del TEPJF: Janine Otálora, quien por cierto tuvo el voto definitorio en la resolución. Este episodio tan controvertido invalidó la credibilidad y legitimidad de la máxima autoridad electoral. No se deben ignorar las palabras del magistrado Vargas y se debe investigar la posible parcialidad de sus compañeros.
Es irónico que quienes están asignados para impartir justicia se nieguen a acatar la ley. Los ministros, magistrados y jueces, se descalifican al reclamar que no se toquen sus salarios, pues ponen en duda la calidad y ética que exige su investidura. Acostumbrados al viejo régimen y su poca empatía los convierte en verdaderos truhanes, sobre todo ante la exigencia de los poderes ejecutivo y legislativo, sin olvidar la pobreza y desigualdad que impera en nuestro país. Ante ello es un buen síntoma que se investigue a los que suspendieron esta ley. También es positivo que los nuevos aspirantes a ministro de la SCJN si estén dispuestos a someterse a esta nueva etapa de austeridad, como le expresó Juan Luis González Alcántara, quien afirmó que: “no le preocupa ganar menos que el presidente”. El trabajo de estas figuras debe estar lejos de presiones políticas, que sean independientes y autónomas en todos los sentidos, tal como lo exige su papel.