Acostumbrado a efectuar su campaña presidencial diariamente desde hace 18 años, de manera ininterrumpida, López Obrador, continúa actuando como si todavía estuviera persiguiendo electores para arrancarles el voto que consolide la victoria que obtuvo indiscutiblemente en las elecciones del 1 de julio.
Tras ese inercial y autómata objetivo, el 16 de septiembre AMLO estuvo en la capital de Nayarit. Ante un grupo de fanáticos suyos, dijo que “El país está atravesando una situación económica y social muy difícil. Posiblemente por la situación de bancarrota (quiebra económica) en que se encuentra el país no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero sí vamos a cumplir (…) todo lo que ofrecí en campaña.”
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Doce días antes declaró lo contrario durante su visita a Monterrey. El 4 de septiembre, en esa ciudad, López aseguró lo contrario al decir que “La transición (presidencial) se está dando en armonía y con estabilidad. No hay crisis política, no tenemos una crisis financiera. Sí tenemos problemas graves, hay mucha pobreza y sobre todo mucha inseguridad y mucha violencia, pero hay ánimo y esperanza en la gente de que las cosas van a mejorar”.
López Obrador dijo en Tepic, lo que dentro y fuera del país se sabe. Que hay pobreza, criminalidad, violencia, corrupción en la sociedad y en áreas gubernamentales e impunidad porque los delitos, por regla general, quedan sin castigo y, desde su particular punto de ver y entender la realidad del país, señaló que México está en “bancarrota”.
Fue un error de AMLO, utilizar esa expresión que no aplica en el caso de México. Porque no existe insolvencia financiera que impida al país hacer frente, razonable y oportunamente, a la totalidad de sus compromisos económicos de carácter internacional. En lo interno, el nivel promedio de vida de los mexicanos no es equiparable, en forma alguna, a la lamentable situación que padece el pueblo de Venezuela por causa de dos dictadorzuelos populistas. Hugo Chávez y su caricatura encarnada por Nicolás Maduro.
Gran malestar causó la errónea apreciación de López Obrador entre el sector empresarial por los daños que ésta puede ocasionar a la estabilidad de la economía nacional. Sobre todo, cuando todavía no cicatrizan las profundas heridas provocadas por los agravios proferidos sistemáticamente a muchos e importantes empresarios por boca del presidente electo.
Como López no aclaró cuáles son las demandas que posiblemente, dijo, no se puedan cumplir por la situación de bancarrota en que se encuentra el país, ─según su particular punto de vista─, originó que en diversos sectores de la sociedad se sospechara que el virtual presidente empezaba a maquinar una estrategia exculpatoria con la finalidad de justificar un eventual incumplimiento de las ayudas económicas que ofreció durante su campaña electoral a distintos segmentos de población, invocando una insuficiencia financiera ajena a su voluntad.
Dos días después, el 18 de septiembre, en el aeropuerto de La Paz, Baja California Sur, AMLO, arremetió contra las personas que hicieron público su desacuerdo con la afirmación que hizo en el sentido que México se encuentra en “bancarrota”, calificándoles de “conservadores”. Calificó además de prensa “fifí” a los medios informativos que, según él, “descontextualizaron” sus declaraciones.
Remachó sus desacreditaciones al advertir que “Los conservadores que todavía no terminan de digerir lo que sucedió en la elección presidencial y la prensa fifí están ahí atentos, sacando de contexto las cosas, buscando las podridas”.
Estas declaraciones descalificatorias emitidas por quien en diez semanas se convertirá, por mandato constitucional, en Presidente de la República, revelan que López en vez de sumar apoyos a su gobierno, despotrica contra quienes se atreven a criticar sus desatinos que, por cierto, son muchos y cotidianos.
Constituyen, además, las referidas declaraciones, una señal de alerta para que todos los mexicanos estemos atentos a lo que, durante los próximos seis años, pueda suceder a las libertades que establece la Constitución Política de México, entre ellas la libertad de expresión de los ciudadanos y a la libertad de informar de la prensa, teniendo como Presidente de la República a un individuo, como Andrés Manuel López Obrador, que a lo largo de su turbia y sinuosa carrera política ha dado innumerables muestras de autoritarismo e intolerancia.
Después de fracasar en dos intentos anteriores para obtener la Presidencia de la República y angustiado por estar frente a la que, por razones de edad y no falta de ambición, sería la última oportunidad de lograrla, López se dio a la infatigable tarea de ofrecer a los electores y a sus familiares cuanta ayuda económica se le ocurrió a lo largo de su extensa campaña electoral.
Y como en materia de repartir el dinero de los contribuyentes para obtener votos el ahora presidente electo es un hombre de grandes ocurrencias, se comprometió a otorgar becas a estudiantes y pensiones a jóvenes que no estudian ni trabajan; a madres solteras con hijos de padres irresponsables; a personas con discapacidad física que se encuentran en situación de pobreza y a los adultos mayores.
Es obvio que pasada la enloquecedora euforia del triunfo e inmerso, ya, en la etapa de la necesaria reflexión, López se enteró ─tardíamente─ que el monto de los fondos públicos que dispone anualmente el gobierno para los programas asistenciales podría ser insuficiente para cumplir los ofrecimientos que hizo durante su campaña electoral.
Situación, ésta, que obligó al futuro presidente a inventar falsos argumentos para justificar el factible incumplimiento de algunos de sus ofrecimientos electorales y no a buscar mecanismos para respaldarlos financieramente, sin crear nuevos impuestos ni elevar el monto de los existentes, sin continuar con el endeudamiento del país, ni imprimir papel moneda.
El mejor argumento que se le ocurrió a AMLO para justificar la imposibilidad de cumplir con algunos o muchos de sus promesas de repartir dinero del erario es la supuesta “bancarrota” de la economía nacional.