En el contexto de la sucesión de Enrique Agüera Ibáñez y reproducción de prácticas políticas autoritarias de nombrar a un Rector sustituto, como mecanismo de continuidad de la “burocracia dorada” para que en la condición de rector y candidato poder ejercer el presupuesto de manera clientelar y corporativa con el objeto de mantenerse 9 años consecutivos en la conducción de la BUAP. Con la llegada de José Alfonso Esparza Ortiz como máxima autoridad personal de la BUAP como sustituto y después por un primer periodo, contra toda vocación democrática, nuevamente se postuló como candidato por un segundo periodo siendo rector en funciones.
Este método seguramente será el que impulsará en los próximos años Alfonso Esparza Ortiz para beneficiar a un miembro de la elite burocrática para seguir perpetuándose en el poder universitario que se distingue actualmente por su tiranía y prepotencia absurda en una institución pública educativa.
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Alfonso Esparza Ortiz hereda una universidad sumida en el autoritarismo, la simulación y un posicionamiento mediático creado artificiosamente, para quienes no compartimos el conjunto de prácticas que niegan la naturaleza de la universidad pública señalamos en el proceso sucesorio la necesidad de revalorar el rumbo teniendo como ejes centrales los aspectos siguientes:
-- 1. Revalorar el predominio en todo tiempo de la autonomía universitaria a efecto de que las preferencias políticas del rector en turno no determinen la conducción de la universidad. La universidad debe ser patrimonio de la sociedad en su conjunto y no de un partido sea oficial o de oposición.
-- 2. Una relación respetuosa y de colaboración con los gobiernos del Estado y Federal sustentada en el carácter autónomo de nuestra institución. Esto implica que las autoridades universitarias sean esencialmente académicas y que los distintos cargos de conducción no sean antesala de carreras políticas en los ámbitos estatal y federal.
-- 3. Respeto a la legalidad universitaria, libertades académicas, principio de colegialidad en la toma de decisiones y autonomía universitaria. El Consejo Universitario necesita reunirse con regularidad en sesiones ordinarias que permitan la libre exposición de temáticas y problemas que por su relevancia merezcan ser considerados y resueltos por el máximo órgano de gobierno que tiene la BUAP.
-- 4. Reforma a la legislación universitaria a efecto de contar con un sistema congruente e integral que dé certeza jurídica a los derechos y obligaciones de los funcionarios, docentes, trabajadores no académicos y estudiantes, que permita la conducción colegiada de carácter académico de la institución. Es prioritario revisar:
a.- Las facultades y obligaciones de la Defensoría de los derechos Universitarios.
b.- Las relativas a la Oficina del Abogado General.
c.- El incumplimiento del reglamento de Ingreso Permanencia y Promoción del Personal Académico.
d.- La normatividad en materia de ingreso gasto, a fin de dar certeza y transparencia al ejercicio presupuestal de la universidad.
e.- El estricto cumplimiento de las normas y procedimientos de elección de autoridades unipersonales y colegiadas, así como de designación de funcionarios universitarios.
-- 5. Revisar la integración del Consejo Universitario procurando una reforma que permita una mejor representación a la luz de las actuales condiciones derivadas de la diversificación de las actividades académicas de la institución.
-- 6. Competencia plural y equitativa para elegir a los directores de las unidades académicas, para evitar las llamadas “candidaturas de unidad”, apelativo que no es sino un eufemismo para encubrir la imposición y la exclusión de la disidencia.
-- 7. Administración universitaria honesta, calificada y eficiente. Transparencia en el manejo de los recursos de la universidad y apego a la necesidad del rendimiento de cuentas. Promoción, regulación y transparencia de los ingresos financieros alternos y de los beneficios de las empresas universitarias, etiquetando su uso y aprovechamiento mediante programas acordados por el Consejo Universitario.
-- 8. Desaparición de dependencias universitarias a través de las cuales se promueve el clientelismo y la obsecuencia de los sectores estudiantiles y académicos, restando facultades a instancias establecidas en el Estatuto Universitario y acrecentando la concentración de decisiones con un sentido de discrecionalidad de sus titulares.
-- 9. Docencia e investigación normada por los grandes intereses nacionales, solución a los problemas sociales y una equitativa inserción de nuestro país en la globalización mundial. Las academias de las distintas unidades académicas deben jugar un papel fundamental en el establecimiento de las directrices en materia de docencia e investigación.
-- 10. Cambios estructurales de financiamiento presupuestal para fomentar la investigación científica, redefiniendo los criterios para la asignación de partidas presupuestales.
-- 11. Fortalecimiento de las academias y cuerpos académicos en el proceso de selección del nuevo personal académico a través de dictámenes que evalúen perfiles y méritos académicos, en exámenes por oposición públicos. Fortalecimiento de contrataciones de profesores de tiempo completo y de medio tiempo de tal manera que no se privilegie como hasta ahora la contratación de profesores hora/clase con fines electorales y de legitimación.
-- 12. Otorgamiento de contratos de definitividad, sin cortapisas a todos los trabajadores académicos y administrativos que cumplen funciones institucionales y lo merecen en términos de ley. Eliminación de prácticas arbitrarias de sometimiento político existentes en el reclutamiento del profesorado y de los trabajadores.
-- 13. Diseño de una nueva política de ingreso a la universidad que garantice cobertura y cumplimiento de las responsabilidades que la institución tiene como parte del sistema público de educación. Revisión integral del Reglamento de pagos de derechos escolares. Los exámenes de admisión deben servir para elevar la calidad académica de la universidad y no subterfugio para legitimar la reducción del subsidio a la universidad pública y como medio para limitar la oferta pública de servicios educativos de nivel medio superior y superior.
-- 14. Reducción del aparato burocrático institucional, estableciendo las bases para una redefinición de áreas, dependencias y puestos directivos realmente necesarios para un apoyo administrativo y de servicios eficiente a la institución.
-- 15. Regulación y delimitación normativa en la toma de decisiones de los procesos académicos y de gestión para evitar la subordinación de criterios académicos ante lineamientos burocráticos administrativos en detrimento del eficiente funcionamiento de la universidad.
-- 16. Respeto irrestricto a la libertad sindical; así mismo a las libertades y derechos de organización social, cultural, profesional y política de los universitarios.
En un recuento de 2013 a la fecha, la vida universitaria no ha tenido cambios significativos, prevalecen los mismos vicios, otros se han exacerbado y la normatividad universitaria ha dotado al Rector Alfonso Esparza Ortiz de un poder omnímodo para el manejo de los recursos financieros y centralización en la toma de decisiones.
El modelo autoritario impuesto en la BUAP, que desmantelo la tradición y vocación democrática de los universitarios construida por generaciones, necesita de un nuevo diseño institucional, centrado en dos ejes centrales: desde el Congreso del Estado Reformar la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que traiga como consecuencia reformar el Estatuto Orgánico y conjunto de Reglamentos; el segundo impulsar la democracia participativa y vida colegiada de las academias.
Seguramente la elite burocrática se “revolcara de risa” ante tal “disparate”, no es una locura, es una necesidad para la identidad de un gobierno republicano, representativo, democrático, laico y federal con una universidad libre, plural y democrática.
Un asunto muy sencillo, congruencia entre la esencia de la universidad pública, sus fines, principios y valores universitarios.
nish76@hotmail.com