A raíz de su reconocimiento como país multicultural en 2001, el estado mexicano ha construido una serie de mecanismos con la intención de brindar mayor representación a las comunidades y grupos indígenas, contando con una población de 25,694,928 personas que se autoadscriben como indígenas, mismas que representan el 21.5% de la población total. Lo anterior dio como resultado la aprobación en 2005 de 28 distritos electorales indígenas anclados a los 300 distritos electorales (9.33% de los 300). Uno de los criterios para conformar los distritos indígenas fue poblacional, en que por lo menos el 40% de la población que los integra fuera Indígena.
Debido a los resultados electorales que estuvieron lejos de garantizar una representación a los grupos Indígenas, en 2017 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó el acuerdo INE/CG508/2017 para obligar a los partidos políticos a registrar candidatos Indígenas en al menos 13, siendo aquellos que tenían al menos el 60% de población Indígena (el INE ordenaba 12), de los 28 distritos electorales para la elección del primero de julio del año en curso (4.3% de los 300 distritos) debiendo cuidar en todo momento el principio de paridad de género, complementando la representación Indígena y citado principio.
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Posterior a la elección en los 13 distritos electorales, se dio una serie de impugnaciones por el hecho de existieron dudas sobre que algunos candidatos se hicieron pasar por candidatos indígenas, como fue el caso de Roberto Antonio Rubio Montejo, ex secretario técnico del gobernador del Estado de Chiapas Manuel Velasco, quien obtuvo su acreditación indígena por Carlos Hernández Pérez, ostentándose como agente municipal del ejido de Jerusalén perteneciente al municipio de Las Margaritas, cabecera del distrito 11 de esa entidad.
Integrantes de la comunidad señalaron que dicho agente municipal no corresponde a ningún habitante del padrón de ejidatarios de Jerusalén, por lo que sus autoridades solicitaron al TEPJF que se llevaran a cabo elecciones extraordinarias, siendo confirmada la elección del ex funcionario.
Lo anterior expone dos interrogantes, en primer lugar ¿cuál es el verdadero procedimiento para elegir candidatos auténticamente indígenas dentro de los 13 distritos electorales? Y, en segundo lugar ¿cómo llevar a cabo una efectiva representación de los grupos indígenas del país?
Respecto al primer punto, el formalismo jurídico no se le puede aplicar de la misma forma a un Indígena que una persona que no está adscrita y que no tiene pertenencia étnica. Los grupos indígenas no pueden estar sometidos a las mismas reglas que quienes no lo son; sus condiciones, costumbres y formas de concebir la vida pública son distintas, por ello si el criterio es demostrar la pertenencia étnica y la autoadscripción, es necesario reforzar la norma reglamentaria por parte del INE para que efectivamente sean personas indígenas quienes sean propuestos a los cargos de representación e iniciar los procesos para sancionar a quienes intenten burlar a las autoridades electorales.
En cuanto al segundo punto, si tomamos en cuenta que en México la población indígena representa el 21.5% de la población, las 13 diputaciones indígenas que por obligación tenían que registrar los partidos no representan de manera proporcional a los grupos y comunidades Indígenas de nuestro país, ya que sólo implica el 4.3%, existiendo evidentemente una desigualdad política que es necesario subsanar y que podría resolverse aumentando el número de distritos en los que necesariamente los partidos deben registrar candidaturas Indígenas y brindando escaños a través del principio de representación proporcional.
Las acciones tanto del INE como del TEPJF representan un avance que debe ser reconocido y garantizado constitucional y legalmente. Sin embargo, y hasta en tanto se alcanza la referida garantía, dichas acciones deben considerarse como el valioso inicio de un largo camino por andar. Aún falta ser equitativos en materia de procedimientos y de representación política Indígena y hacia ello las autoridades electorales deben orientar sus esfuerzos.