En esta semana, la ciudadanía de este país y las miradas del extranjero, hemos podido presenciar la desvergüenza, el cinismo, el descaro, la insolencia y la desfachatez (y otros mejores calificativos que se dicen entre el pueblo) de los parásitos de la alta burocracia, de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de arpías en las cámaras de diputados, entre otros, que, por quedarse callados, navegan “de muertito” para refugiarse en sus mezquinos privilegios institucionales.
El plan de austeridad anunciado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en las últimas semanas y la oficialización de la disminución del salario del ejecutivo federal, además de la disminución de los salarios de los funcionarios públicos y representantes populares, por debajo del sueldo del presidente de la República, permitió exponer quiénes son los enemigos del pueblo.
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Diversas expresiones cínicas y ofensivas de toda moralidad democrática se hicieron palpables en voces de los ministros de la SCJN, quienes se declaran en rebeldía por la disminución de su salario, amenazando con violar el derecho humano y constitucional de imparcialidad e igualdad ante la ley. ¿Por qué amenazar con violar la ley ante una demanda social de justicia? La hipocresía de los fariseos ministros de la corte mexicana se amparan en el artículo 94 constitucional, que menciona que no se les podrá disminuir sus percepciones durante su encargo, vigilando más su propio interés que el de la nación y la ciudadanía.
Claro está que no piensan disminuir su salario de $388 290 mil pesos mensuales (según el presupuesto de egresos de la federación 2018), porque podría estar en riesgo su estabilidad económica y su honorabilidad, aunque si fueron capaces de avalar una reforma laboral que lesionó a la clase trabajadora en México, quienes están condenados a ganar $88.36 pesos diarios, mientras los insignes ministros obtienen $12 943 pesos al día. Es decir, lo que obtiene como salario diario cada uno de estos ministros de la SCJN, es equivalente a lo que perciben 146 obreros o lo que obtiene uno de estos trabajadores en casi cinco meses de trabajo.
Su rebeldía es inmoral e insulta la dignidad humana, al haber salarios de primera y seres humanos de sexta. Por si fuera poco, estos ministros son nombrados por intereses políticos y partidarios, y no por intereses populares, a través del sufragio. Además, no siempre “gozan de buena reputación” o haber “[…] servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica (art. 95 constitucional)”.
Ejemplo de ello, la propuesta-designación de Eduardo Medina Mora por Enrique Peña Nieto, en 2015, aun cuando, el ahora ministro, estuvo vinculado a espionaje político, militarización de la policía, fabricación de culpables, celebración de acuerdos internacionales que inundaron de armas al país, manipulación de testigos protegidos con fines electorales y políticos, además de represión a movimientos sociales, como en el caso de San Salvador Atenco, en 2006, cuando Medina Mora era titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y que derivó en la violación de derechos humanos (recomendación 38/2006 y dictamen 3/2006, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), la muerte de dos jóvenes, la detención de 207 habitantes de la comunidad y la agresión sexual contra 26 mujeres (Proceso, 10 de marzo de 2015).
Otro ejemplo de la vulgar rapiña institucional, amparada en el Estado de derecha (no de derecho) son las afirmaciones del consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, quien apela a la ley y las facultades que la Constitución da a los organismos autónomos, para usar sus recursos y de esta manera señalar como ilegales las medidas de disminución salarial de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Este, otro ejemplo de un “servidor público” que tampoco fue elegido por el voto popular y cuyo ingreso mensual es de $249 757 pesos, es decir, $8 325 pesos diarios (equivalente al salario mínimo diario de 94 obreros).
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador también tendrá que revisar los salarios de directores, jefes de unidad y consejeros de instituciones autónomas como el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), quienes obtienen más de los $108 248 pesos que obtendrá el presidente.
Del mismo tipo de vulgaridad y cinismo de los “representantes populares” en la Cámara de Diputados quienes obtendrán un monto proporcional de aguinaldo y caja de ahorro de $907 200 pesos, más otros $600 mil pesos por el pago de dietas y apoyos legislativos.
Aun así, esta gente amenaza con robar, actuar con parcialidad y favorecer sus intereses personales, si no se respeta su salario. Un verdadero insulto lo que hacen estos sujetos que, según la ley, son las autoridades. Pero sólo la ley lo cree, porque es ciega, porque autoridad moral no tienen.
Curiosamente, el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México señala que, a los diputados, partidos políticos, jueces son a los que menos confianza les tiene la sociedad mexicana, mientras que al Instituto Federal Electoral (ahora INE) sólo le tiene confianza el 35% de los mexicanos. Por algo será.
La democracia para estos personajes implica el respeto de sus privilegios oligárquicos, aun cuando la mayor parte de la población en México vive en pobreza o en pobreza extrema. Esperemos que la próxima presidencia reduzca las grandes brechas que hay entre las clases populares y los cínicos “servidores públicos y representantes populares”, supuestos garantes de la voluntad popular, la democracia y el Estado de derecho.
Picaporte
No puede existir una verdadera revolución socialista que anteponga la idea que la vida concreta de las personas. Como lo había denunciado desde hace años el sacerdote, teólogo, poeta y escultor, Ernesto Cardenal, Daniel Ortega se ha convertido en el asesino que se esconde en la sombra de una revolución popular nicaragüense. El Stalin centroamericano sacrifica a su pueblo, tal y como lo hicieron Anastasio Somoza Debayle y su familia, abriéndole las puertas a la invasión estadounidense. Como cantaba Rubén Blades, en 1978, en Plástico: “Nicaragua sin Somoza”, ahora toca entonar “Nicaragua sin Ortega”.
Apoyo total a los estudiantes, trabajadores, sacerdotes y religiosas que salen a las calles a denunciar la violación de los derechos humanos en el país centroamericano y que algunos de ellos han sido brutalmente reprimidos y asesinados, como en tiempos de dictadura.