En el Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana Puebla llevamos a cabo un análisis sobre las plataformas electorales de los candidatos presidenciales en materia educativa, de cultura, y de derechos informativos y comunicacionales. El resultado de ese trabajo se encuentra disponible en el siguiente link: Ver aquí.
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Referiré aquí solamente a la parte que me correspondió abordar: las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. En específico comentaré el tema de la reforma educativa, punto que ha resultado sumamente controversial en el discurso de este candidato.
En distintos actos públicos de los meses recientes, López Obrador ha prometido en reiteradas ocasiones cancelar/derogar/echar atrás la reforma a través de un proyecto de modificación a la Ley del Servicio Profesional docente. En el tercer debate abordó el mismo tema en los siguientes términos: “voy a cancelar la esencia de la reforma, porque no es una reforma educativa lo que se aprobó. Lo que se aprobó tiene más que ver con una reforma laboral. Su mecanismo es la coacción y represión a maestros. Tiene una orientación neoliberal privatizadora. Recoge lo que nos recomiendan desde el extranjero… se esmeraron en echarle la culpa a los maestros del atraso educativo. No se puede aplicar una reforma educativa de verdad sin los maestros”. Cuando la moderadora del debate le pregunta si “la echará completamente para atrás y hará algo nuevo” él reafirma: “Sí. Nos vamos a poner de acuerdo con padres, con maestros, especialistas y vamos a elaborar un plan educativo nuevo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio”.
Si revisamos el “Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024” que se registró como plataforma ante el INE, vemos que las palabras pronunciadas se prestan a confusión: aunque se ha dicho que se va a “echar atrás” la reforma educativa, ello no debe traducirse en que toda ella esté implicada en esta “cancelación”. La crítica de López Obrador se centra en el aspecto considerado como “punitivo” del tema específico de la evaluación docente. Pero, si bien la reforma tiene un fuerte acento en temas de “Servicio Profesional Docente” y establece la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa –conferido al INEE- para la realización de evaluaciones del magisterio que se pretenden “transparentes, objetivas y justas”; también aborda otros asuntos como la autonomía de la gestión escolar; la participación de los padres de familia; la promoción de un sistema de información y gestión escolar; la conversión del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; y el servicio de asistencia técnica a la escuela.
Aunado a lo anterior, es necesario remarcar que buena parte de las propuestas que se presentan en el “Proyecto Alternativo de Nación” guardan coherencia y continuidad con las políticas emergentes en el contexto del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), firmado en 1992 en pleno sexenio salinista y que constituyen, hasta la fecha, elementos rectores en la definición de la política nacional educativa. Dicho proyecto guarda además equivalencias con los planteamientos globales de organismos internacionales diversos que han venido sedimentándose en la política nacional desde la década de los noventa. Se observan por ejemplo continuidades con la producción discursiva de la UNESCO y la iniciativa global Educación Para Todos, signada por primera vez en Jomtien (1990) y reafirmada en Dakar en el año 2000. Lo anterior indica que no existe un corte radical con las políticas que se han venido desarrollando de los años noventa a la fecha. Ello no implica que no sea posible detectar resignificaciones y reocupaciones, es decir, adecuaciones de lo que se ha realizado en otros sexenios. Ello, no sobra decirlo, le confieren identidad en ciertos rubros a la propuesta educativa de Andrés Manuel López Obrador.
En suma, las resignificaciones más importantes que le dan identidad propia a su propuesta son: 1) la reforma debe ser a fondo y pedagógica en relación con los planes y programas de estudio, y tendrá que eliminarse de ella su carácter “laboral y punitivo”; 2) la evaluación del desempeño docente también debe reformularse y para ello plantea una reestructuración profunda del INEE. No en balde su declaración en el debate respecto a la función de este instituto: “que se mantenga, tiene que haber evaluación, los maestros no se oponen a la evaluación, yo he hablado con los maestros, lo que no quieren es que la evaluación sea un mecanismo para reprimir, para castigar y humillar al maestro”.
¿Qué es, en suma, lo que se afirma en este artículo?
-- 1. Que no puede hablarse de “cancelaciones” totales ni transformaciones abruptas y de fondo entre las políticas educativas que han venido sedimentándose desde la década de los noventa hasta la fecha.
-- 2. Que la propuesta de López Obrador se mueve entre la continuidad y la resignificación de las políticas sedimentadas en las últimas décadas.
-- 3. Que existen reocupaciones simbólicas que dan a su propuesta su sello distintivo.
La autora es profesora de la Universidad Iberoamericana Puebla.
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