Para Nidia Lizeth Jiménez Vidales
Deseándole pronta recuperación
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Durante algo más de tres años, Miguel Ángel Mancera utilizó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México como plataforma para construir su eventual candidatura a la presidencia de la república por el PRD.
Pero, la buscada y rebuscada pretensión de Mancera se desvaneció en el momento que el entonces presidente del PAN, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, que lideraba el PRD, convinieron, a espalda de los militantes de ambos partidos políticos, apropiarse, respectivamente, de las candidaturas a la presidencia de la república y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, antes de anunciar la creación de un frente electoral común ─acompañados del MC─ al que impusieron, además de sus candidaturas, el objetivo de sacar al PRI de la residencia presidencial de Los Pinos para meter ahí a un gobierno de “coalición” (¿?).
En reconocimiento a que Miguel Mancera aceptó, con resignación el golpe de timón que asestaron a su fallida candidatura la mancuerna Anaya y Barrales, el triunvirato PAN-PRD-MC lo designó como segundo candidato a senador de representación proporcional (plurinominal).
Posición que desde ahora, antes de las elecciones del 1 de julio, le asegura a Mancera el acceso a un escaño en el Senado de la República, sin necesidad de realizar una campaña electoral y someterse al escrutinio de los electores.
Sin embargo, durante algunas semanas, la candidatura de Mancera estuvo prendida en el aire porque el Partido Encuentro Social la impugnó al considerar que viola el párrafo tercero, de la fracción V, del artículo 55 constitucional, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la declaró procedente.
Para los habitantes de la Ciudad de México, es un agravio que el PAN, PRD y MC, utilicen el recurso que otorga la ley a la partidocracia para designar candidatos plurinominales con la finalidad de colar en el poder legislativo a individuos que, como Mancera, han desempeñado deficientemente el cargo de gobernantes que alguna vez se les fue confiado.
Mancera dejó la Ciudad de México en condiciones desastrosas ─después de desgobernarla durante más de cinco años─ porque no resolvió ninguno de los graves problemas que la afectan. Seguridad pública, impartición de justicia, narcotráfico, abastecimiento de agua potable, transporte público de pasajeros, movilidad, infraestructura vial y corrupción en las áreas de gobierno.
Jamás entendió que la seguridad pública que es un servicio que todo gobierno tiene obligación de garantizar a sus gobernados con la finalidad que ninguno de ellos sufra daños en su integridad personal y en sus bienes.
Esa falta de entendimiento ─y de acción─ de Mancera, provocó que la delincuencia creciera exponencial e irrefrenablemente en toda la ciudad. Ante el disimulo e ineptitud gubernamental, la delincuencia ─organizada y desorganizada─ ha multiplicado y perfeccionados sus artimañas para atracar libremente a la sociedad.
Hoy, en la CDMX, nadie está exento de sufrir un asalto, con cualquier tipo de arma, en su casa; en un plantel escolar; en su automóvil; en una institución bancaria; en una iglesia; en un centro comercial; como usuario de cualquier medio de transporte público de pasajeros; como peatón; como cliente de un restaurante, una cafetería o un bar.
La mayor parte de los delitos que se cometen no son denunciados ante las autoridades. Apenas en el 2 o 3% de los casos que se denuncian, los delincuentes son sometidos a un proceso penal. Con su ineptitud e ineficiencia ─y en muchos casos hasta con su complicidad─ las autoridades judiciales del gobierno de Miguel Mancera son las principales causantes que los delitos queden sin castigo, que la impunidad que nulifica el Estado de Derecho crezca descomunalmente y que la impartición de justicia sea inexistente.
Aunque Mancera siempre negó la existencia del narcotráfico en la CDMX, los narcotraficantes trabajan a plena luz del día sin que autoridad alguna lo impida. Las narcoejecuciones ya hicieron acto de presencia desde hace más de dos años.
Otro de los graves problemas de la ciudad es el agua potable. Los volúmenes disponibles son insuficientes para satisfacer equitativamente la demanda creciente de ese líquido. En el oriente de la ciudad, es escasa y de mala calidad. La mayor parte de la red distribuidora de la ciudad tiene más de 50 años de uso y gran parte de ella está muy deteriorada, por eso las fugas de agua potable son frecuentes y voluminosas.
Según la coordinadora del Programa de Manejo, Uso y Rehuso del Agua de la UNAM, Celia Lartigue, se pierde en fugas hasta 40% de agua potable. Esta cifra coincide con las estadísticas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, las fugas.
Mancera, en vez de aplicar medidas administrativas para eliminar las tomas de agua clandestinas y asegurar que la totalidad del líquido que se consume en la ciudad sea pagada íntegra y puntualmente por los usuarios para invertir lo que se recaude en mejorar la infraestructura hídrica, ha condonado adeudos, multas e intereses moratorios por consumo de agua, contribuyendo con estas decisiones populistas a fomentar el parasitismo social que tanto daño causa al país.
El pésimo transporte público de pasajeros es otro de los grandes problemas que aquejan a los habitantes de la CDMX que no tienen posibilidad de trasladarse en automóvil y se ven obligados a viajar en el Metro y en microbús. El Metro es una tortura colectiva. La tercera parte de los trenes está fuera de servicio y el 66% restante es insuficiente para atender medianamente la demanda de los pasajeros. La totalidad de los microbuses llegó al final de su vida útil hace veinte años. Hoy están convertidos en cajas de lámina rodantes que no ofrecen seguridad a los viajeros y sin embargo circulan, sin libremente, por los sobornos que sus propietarios pagan a las autoridades de tránsito encabezadas por uno de los colaboradores de confianza de Miguel Mancera.
La movilidad vehicular es otro de los problemas que se agrava, día tras día, por la creciente cantidad de vehículos locales y foráneos ─particularmente del Estado de México─ que circulan en la capital del país. La superficie de las vialidades resulta insuficiente para mantener un tránsito fluido.
El parque vehicular registrado en la Zona Metropolitana del Valle de México es de 9 millones 500 mil unidades, entre automóviles, camiones de pasajeros, camiones de carga, camionetas y motocicletas. De ellas, 5 millones 415 mil pertenecen a la CDMX y 4 millones 85 mil corresponden al estado de México.
La gravedad del problema de movilidad vehicular adquiere proporciones catastróficas por el mal estado físico de las vialidades y porque los semáforos instalados en las principales calzadas y avenidas, por regla general, funcionan desincronizadamente. A esta cotidiana irregularidad se debe agregar que el gobierno de Mancera ha reducido considerablemente la superficie de circulación vehicular al instalar macetones y postes en infinidad de vialidades y hasta mesas y sillas en avenidas céntricas.
En el área central de la ciudad, la velocidad promedio es de 9 o 10 kilómetros por hora. Una recorrido de 14 o 15 kilómetros que anteriormente se hacía en 25 minutos ahora se efectúa en una hora y hasta en hora y media.
A las calamidades anteriores se debe agregar el gran problema que constituye la corrupción que existe en las áreas más sensibles del gobierno mancerista.
Todas las oficinas gubernamentales donde se efectúa cualquier tipo trámite administrativo está convertida en una auténtica y productiva cueva de Alí Babá y los 40 ladrones. Todo se obtiene a cambio de dinero.
Entre muchas cosas, licencias para construcción, cambios de uso de sueldo, emplacamiento de vehículos, permisos para circular sin placas, expedición de tarjetas de circulación y licencias de manejo, verificación vehicular, infracciones de tránsito, permisos para comercio en vía pública, notificaciones actuariales, corrección de actas de nacimiento, el disimulo de las autoridades cuando se realizan actividades al margen de la ley, etc., etc., etc.
Mientras la población de la CDMX sufre los problemas que Mancera dejó sin resolver, éste, cómodamente sentado en su curul de senador, tendrá oportunidad de lamentarse durante los próximos seis años que no exista en México el cargo de presidente de la república plurinominal que a él le agradaría ocupar.