El movimiento estudiantil-popular de 1968 produjo diversos efectos a corto, mediano y largo plazo, uno de ellos, dentro del ámbito de la política educativa. Como parte de una estrategia “pacificadora” por parte del presidente Gustavo Díaz Ordaz, el mandatario ofreció resolver el conflicto mediante una reforma integral y de largo alcance. Dicha estrategia evitó atender las verdaderas demandas plasmadas en los seis puntos del pliego petitorio y en cambio buscó concentrar la atención pública en la promesa de una solución artificiosa. En su cuarto informe de gobierno, Díaz Ordaz aseguró que la raíz de la movilización remitía a un problema educativo: “Examinemos ahora, brevemente el verdadero fondo del problema: la urgencia de una profunda reforma educacional. Problema no sólo de México: la crisis de la educación es mundial”. En aras de atenderlo, giró órdenes al Congreso de la Unión desde donde se promovió la reorientación de la educación y se integró para ello una comisión especial que analizaría el “problema” de la juventud. La cámara se propuso escuchar la opinión y experiencias de maestros, jóvenes e interesados en el tema con el fin de resolverlo. El 30 de septiembre, tan sólo dos días antes de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, el secretario de educación pública, Agustín Yáñez, dio a conocer en una conferencia de prensa el plan para reestructurar integralmente la educación en todos sus niveles.
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Si bien esta política se inició en la gestión de Díaz Ordaz, se concretó del todo durante el periodo posterior de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) con una reforma educativa integral. En ella, el nivel superior fue atendido con mayor énfasis que el resto. Se crearon cinco Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de la UNAM (Cuautitlán, Acatlán, Iztacala, Aragón y Zaragoza), la Universidad Autónoma Metropolitana, varias universidades autónomas estatales (en Aguascalientes, Ciudad Juárez, en Chiapas, en Baja California Sur y en Tlaxcala), y distintos Institutos Tecnológicos Regionales. El nivel superior tuvo un incremento en su matrícula del 106% al pasar de 256 000 alumnos en 1970, a 527 000 en 1976. Se fundó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Sistema de Universidad Abierta (SUA) de la UNAM. Se crearon además instituciones de educación media superior para dar cabida a la demanda que los cambios demográficos ya en ese momento representaban sobre la cobertura de estos niveles: los Colegios de Ciencias y Humanidades, y los Colegios de Bachilleres. Asimismo, se crearon 122 centros de estudios científicos y tecnológicos, 76 centros de estudios tecnológicos agropecuarios y seis centros de estudios en ciencias y tecnología del mar.
En el IPN se creó la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas; se ampliaron las instalaciones de Zacatenco, de Xocongo y de la Escuela Superior de Comercio y Administración de Santo Tomás. Se construyó además la Escuela de Medicina homeopática, y el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS). El presupuesto destinado a la educación pasó de 7,947 millones a 39, 000 millones. Se descentralizó la SEP, cuya estructura orgánica fue modificada para crear cuatro subsecretarías: Educación primaria y Normal; Educación media, técnica y superior; Cultura popular y Educación Extraescolar; y Planeación y Coordinación educativa.
La estrategia presidencial intentó así re-situar al movimiento despojándolo de sus demandas originales contra el autoritarismo gubernamental (libertad de presos políticos, destitución de los mandos represivos que originaron la movilización, extinción del cuerpo de granaderos, derogación de los artículos del código penal referidos al delito de disolución social, indemnización a las familias de las víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante), para adjudicarle otras más institucionales y circunscritas exclusivamente al ámbito educativo. De esto desprendo tres puntos breves para la reflexión: 1) la importancia y pertinencia del análisis político sobre las cuestiones educativas que ofrece pistas para la comprensión del México moderno; 2) que el gobierno federal creó una agenda mediática y una demanda ficticia para dar una solución no solicitada, en aras de evitar responder al pliego mencionado; y 3) que es necesario evaluar el alcance de dicha reforma en función de los factores que la originaron, a partir, nuevamente, de una lectura política de la misma. Las aperturas para la comprensión del 68 son diversas.
[La autora es profesora de la Universidad Iberoamericana Puebla]