Las instituciones de educación superior públicas (IESP) juegan un papel fundamental en la formación del capital humano que sustenta el desarrollo económico de las naciones. En el caso particular de México, los principales retos en materia de educación terciaria pública históricamente han sido la cobertura y la calidad.
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Por esto en los planes sectoriales de educación, desde hace décadas se han considerado como objetivos estratégicos tanto la calidad y pertinencia como la cobertura y equidad de la educación superior. Ello ha llevado a instrumentar una política de incremento de la oferta que se ve reflejada en la diversificación de las instituciones que actualmente existen. Hoy tenemos, más allá de las 9 universidades públicas federales y 34 estatales, 266 institutos tecnológicos, 114 universidades tecnológicas, 62 politécnicas, 23 universidades públicas estatales con apoyo solidario y un largo etcétera que conforman 888 instituciones divididas en 12 subsistemas a lo largo de todo el país.
Si bien es cierto que no se puede afirmar que el problema de cobertura está resuelto, actualmente encontramos que muchas de estas instituciones tienen la necesidad de incrementar su matrícula debido a que los aspirantes a la educación superior pública tradicionalmente se enfocan en los procesos de selección de las universidades federales o estatales. Parece entonces que el asunto de la cobertura se ha transformado en un problema de distribución: cada año es recurrente la nota periodística acerca de que la UNAM admite sólo aproximadamente a 5% de los aspirantes, esa lógica se repite en cada una de las universidades estatales mientras que muchas de las IESP restantes deben luchar por mantener e incrementar la matrícula que atienden.
Esto nos lleva al segundo problema planteado: la calidad. Evidentemente los estudiantes aspiran a inscribirse en las mejores instituciones que existen en el país, la mayor parte de ellos motivados por su prestigio. Es ahí donde las instituciones públicas se enfrentan a la dinámica de mercado: la presión de atender a un mayor número de estudiantes, con presupuestos cada vez más reducidos y con una creciente exigencia en la rendición de cuentas.
Siguiendo la lógica de mercado, para demostrar la calidad en la educación superior, se han instrumentado sistemas de gestión que tienden a la estandarización (sobre todo ISO 9000), que, si bien han ayudado a la mejora en los procesos, en ocasiones la falta de enfoque hace que pierdan todo su mérito: para muchas instituciones, el objetivo ahora es evidenciar extrínsecamente su calidad obteniendo un certificado, mientras olvidan que la certificación es el reflejo de la calidad y no al revés.
Queda pendiente encontrar algún mecanismo que nos ayude a verdaderamente asegurar la calidad en la educación superior, para que los pasos recorridos con la cobertura lograda hasta el momento se consoliden como un verdadero instrumento de desarrollo económico y social.