Sin lugar a dudas, la violencia y la inseguridad son factores que impactan las dinámicas sociales y políticas del país, en este aspecto al Estado mexicano, no sólo lo han evidenciado con fallas terribles en el desempeño de sus funciones sustantivas, como proveer seguridad a los ciudadanos en sus bienes y personas, sino que también muchas de sus funciones cotidianas han sido suplantadas por los poderes fácticos, al grado de hacerse a un lado para permitir que el crimen organizado opere en su lugar.
La expansión de la influencia criminal desestabilizadora, que en México parece avanzar de manera descontrolada; acorrala a las instituciones públicas, despojándolas de legitimidad, y a los negocios privados, despojándolos de la poca o mucha ética de que gozaban.
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De acuerdo con la los resultados del decimosexto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI, en junio 2017, 74.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Villahermosa, Ecatepec de Morelos, Chilpancingo de los Bravo, Reynosa, Coatzacoalcos y Fresnillo, con 96.6, 94.6, 94.1, 89.6, 89.5 y 88.1%, respectivamente. Mientras que las ciudades cuya percepción de inseguridad fue menor fueron: Puerto Vallarta, Mérida, Piedras Negras, Saltillo, Durango y Tepic, con 29.5, 30.7, 35.3, 35.7, 37.8 y 48.6%, respectivamente. Puebla se encuentra con un 73.4%.
Aunado a esta evidente crisis de inseguridad, desde que el periodo electoral empezó oficialmente a nivel federal el 8 de septiembre y hasta el final de la precampaña el 11 de febrero, han sido asesinados por lo menos diecinueve políticos locales entre alcaldes (electos o en funciones), exalcaldes o precandidatos a presidente municipal. En comparación con esta cifra, algunos conteos indican que durante todo 2016 fueron víctimas de homicidio nueve presidentes municipales y alcaldes electos o antiguos.
Situación que indudablemente impactará en la participación electoral; puesto que el temor ciudadano, disminuye tanto la probabilidad de que aquellas personas que han sido víctimas de algún crimen salgan a las urnas, como el hacer responsable al partido en el poder de esta situación, abona al abstencionismo y voto nulo como muestras del hartazgo social.
Pero el efecto de la violencia electoral, puede ser todavía más grave para la democracia mexicana, porque excede a los candidatos que disputan un espacio de poder. Si los ciudadanos ven que ni siquiera los políticos y funcionarios se salvan de una situación de violencia, pueden decidir no participar; al fin y al cabo, si el crimen organizado ya determinó el resultado electoral matando, secuestrando o ejerciendo amenazas contra los candidatos (o bien cooptándolos), se reduce el incentivo para acudir a las urnas.
Por lo que, la labor de las instituciones encargadas del desarrollo de los procesos electorales como el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la FEPADE, adquieren una responsabilidad fundamental y trascendental, conjuntada con la obligación de las autoridades en todos sus ámbitos (federal, estatal y municipal), para coadyuvar y garantizar el desarrollo de un proceso electoral libre de violencia, en el que impere la civilidad, en beneficio del constructo democrático nacional.