Enrique Peña Nieto, junto con los distintos partidos políticos que legalizaron e hicieron pública el día ayer, 21 de diciembre, la Ley de Seguridad Interior, declararon la guerra a todos los mexicanos, ya que con dicha disposición se pasa de ciudadanos a súbditos de un Estado dictatorial. El gobierno mexicano no sólo ha violado la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, reconocidos en los distintos acuerdos internacionales firmados por México, sino en la propia Constitución política vigente en nuestro país.
Cabe señalar que la puerta a esta violación sistemática de los derechos humanos se dio desde 2005, bajo el gobierno de Vicente Fox, cuando fue aprobada la Ley de Seguridad Nacional, ya que en el artículo 12 se reconoce a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina ser integrantes del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) y, con ello, asumir las funciones de espionaje y vigilancia en el interior del país.
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Bajo la estructura típica de prevención-corrección-castigo, se pasa de la presunción de inocencia de la ciudadanía a un Estado de vigilancia, preventivo y punitivo, ante toda amenaza a la seguridad de los intereses de la clase económica trasnacional dominante y los provechos de los miembros del gobierno y de los distintos partidos políticos (de izquierda y derecha) que operan en el país. La seguridad no es la de todos, ya que quien ha creado un Estado de excepción ha sido el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto. Las acciones de este gobierno, desde su inicio, fueron puras de un terrorismo de Estado y de represión militarizada y policiaca a quien se opusiera a la venta del país, bajo el nombre de reformas estructurales.
Para el gobierno fascista de Peña Nieto no bastó con la promoción de grupos paramilitares, con el nombre de cárteles de las drogas actuando en conjunto con miembros del ejército y la marina mexicanos, sino que buscó y logró formalizar la represión y la militarización abierta en un país cuyas fuerzas armadas no velaran por la protección de la soberanía nacional ante otros Estados-nación, sino que asume funciones policiacas, violando los artículos 13 y 21 constitucional que señalan:
Artículo 13. […] Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
[…] Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.
Del mismo modo, la Ley de Seguridad Interior se contrapone a los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, en las cuales en ningún momento se estipulan funciones policiacas a las Fuerzas Armadas ni a la Marina. Sin embargo, el artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior señala que “Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional”, es decir, lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno.
Asimismo, la nueva ley establece:
Artículo 2. La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.
El Ejército y la Marina podrán emitir, sin opinión de otras instituciones declaratorias de protección de la seguridad y, con ello, el uso de la fuerza y la muerte, cuando lo consideren necesario, según lo dispuesto en el artículo 11: “Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior”, aunque se mencione lo contrario en el artículo 20:
Las Fuerzas Armadas sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus Leyes Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate […].
De igual forma, las Fuerzas Armadas y la Marina continuarán con el espionaje a civiles, según lo establecido en el Artículo 30: “Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias”.
México vive un avance de la derecha muy preocupante. La dictadura como una de las máximas expresiones del conservadurismo político se contrapone a toda forma de respeto a la dignidad, los derechos humanos y las libertades de las personas en una democracia. La tendencia de derechización abierta del Estado mexicano pone en peligro cualquier forma de expresión de los derechos con los que nace una persona. El gobierno de Enrique Peña Nieto opta por continuar con la dictadura de partido que esgrimió el Partido Revolucionario Institucional, desde su formación hasta el año 2000.
Difícilmente se verá en Latinoamérica un gobierno militar de derecha, una dictadura. Sin embargo, la nueva forma de imponer esta brutal y salvaje forma de gobierno tiránica, será a través de la implementación de protocolos de actuación policiaca y militar, como los que ya existieron en Puebla y la Ciudad de México; leyes de Seguridad Nacional y de Seguridad Interna, como la Patriótica de George W. Bush después de la falacia del terrorismo, o tantas leyes de facultades militares dictadas por Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla, entre otros despreciables seres humanos que han vivido en la región, a los cuales se une Peña Nieto y sus lacayos de todas las tendencias políticas.
Picaporte
“La guerra ha terminado, si tú lo quieres, la guerra ha terminado” cantaba John Lennon, en 1971, en Happy Xmas (War is Over). En México, “La guerra es la paz del futuro” como cantaría Silvio Rodríguez, en 1978, en la Canción del elegido. Hoy no hay paz en el país, porque los ricos y los gobernantes prefieren la Cultura de Muerte, la que genera más muerte, desolación. De los pobres, de los peregrinos expulsados, de los migrantes que piden posada en una tierra que debería ser de todos, de esa mujer y ese hombre, dos palestinos, nadie se acuerda, más que para publicitar la hipocresía de la moral burguesa, de un cristianismo sin lucha, de mercadotecnia y de legitimación de lo peor de lo humano.
Feliz Navidad, les deseo, a quien no están de acuerdo con esta vida moribunda, ni celebran con el consumismo enajenante capitalista, ni “presumen la camisita limpia”, sino que caminan en la construcción de una sociedad más justa. No hay buenos deseos a gobernantes y burgueses traidores de la humanidad.