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Opinión



En franca regresión al autoritarismo

Sábado, Diciembre 9, 2017 - 07:29
 
 
   

La nueva ley de seguridad interior posibilita la arbitrariedad militar. ¿Represión por el 2018?

Gobernantes que acuden al encuentro con la plebe que los ovaciona, los idolatra y participa gustosa de la exaltación apoteósica de su príncipe, especialmente si con su determinación ha ganado la guerra. Rodeados de tentación imperiales con tintes de Monarquía, con ropajes republicanos: un monarca escoltado por su séquito, teniendo como rostro el del sistema autoritario hegemónico, envestido de desencanto político, miseria persistente y guerra que todo lo abarca.

La anterior escena, parece ser el sueño presidencial, concebido desde el sexenio pasado, puesto que, tanto el Mando Único, como la Ley de Seguridad Interior, fueron propuestas que Felipe Calderón inició y que el gobierno de Peña Nieto, como se pronostica, logrará imponer.

Así es, tal parece que las reformas centralistas y coptadoras de poder han involucionado en este sexenio, a tal grado que el autoritarismo como sistema de gobierno se asoma, una vez más, con toda su crudeza en el escenario de la vida política de México.

El pasado jueves 30 de noviembre, en una sola jornada en la Cámara de Diputados, la aplanadora priista en complicidad con: 14 diputados Panistas, 2 del PRD, y 2 de Encuentro Social, aprobaron, en sesión cerrada de la Comisión de Gobernación, el dictamen, para inmediatamente después votar en el Pleno la Ley de Seguridad Interior, que tanto exigieron las Secretarías de la Defensa nacional y la de Marina para legitimar su presencia y actuación en las calles.

Dicha ley fue aprobada según los diputados en base a la crisis de seguridad que padece el país desde hace más de una década, otorgando amplias prerrogativas a los militares, como la de decidir por sí mismos, cuándo y dónde intervenir en caso de urgencia para restaurar el orden interno, facultando al ejército y fuerzas armadas, para recolectar información de inteligencia de seguridad interior, obligando a las autoridades civiles a proporcionarles toda la información que soliciten.

Es decir, a cambio de que el ejército participe en el combate a la delincuencia, le otorgan facultades discrecionales ilimitadas, condicionadas solo a un informe de cuentas al Presidente de la República en su carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Con lo anterior, una vez que esta ley entre en vigor, la participación de los militares en tareas de seguridad pública se considerará una necesidad de seguridad interior, sin prever riesgos como: la falta de controles efectivos a las fuerzas armadas; la discrecionalidad del Presidente de la República para determinar la afectación de seguridad interior y de prolongar la presencia de las fuerzas federales, incluidas las armadas, por tiempo indeterminado, la subordinación de los poderes civiles al mando castrense, la facultad para exigir información a órganos autónomos de investigaciones sobre fuerzas federales, decidir cuándo una manifestación o protesta social es pacífica, y la atribución de clasificar todas las acciones realizadas en el contexto de la atención a una declaratoria de afectación de seguridad interior, como reservada por ser un tema de seguridad nacional, entre otros factores.

Asimismo, pasando por alto los informes de organizaciones nacionales e internacionales, llamadas de alerta y recomendaciones de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), de activistas pro derechos humanos y familiares de desaparecidos, sobre la fallida estrategia de militarizar la seguridad publica en México durante los últimos diez años, que sólo ha dejado una estela de muerte e impunidad contra la población civil.

De hecho, su servidor lo advertío en una entrega anterior de esta columna, donde manifestaba que otorgar facultades a los militares para involucrarse directamente en asuntos de seguridad interna, que pongan en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública, y responsabilizar a los militares del orden interno, los convertiría en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma, capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se autorizaría formalmente la persecución castrense de la oposición política y los movimientos sociales en todo el país.

Por ello nuevamente reitero, la solución, no está en normar procedimientos militares, violatorios de derechos humanos de los civiles, lo que se necesita es que la seguridad pública esté en manos de fuerzas de seguridad profesionales e incorruptibles por el narcotráfico, entender que este problema es un fenómeno social, cultural, económico, de salud; la inseguridad es solo una de sus expresiones.

           Sin embargo, las voces que se oponen a la aprobación de la ley de seguridad interior, no serán suficientes para cambiar el voto de los miembros del Senado, que se aprestan a aprobarla en todos sus términos, precisamente por todas las prebendas, dietas y canonjías que han recibido del actual Gobierno, vendiendo su conciencia y defraudando a quienes en las urnas les dieron su voto y confianza.

            Quizás los diputados y senadores que apoyan la aprobación de la ley, piensan que nunca serán víctimas de los atropellos y violaciones en derechos humanos en contra de la población civil, que seguramente irán a la alza por la intervención “legal” de las fuerzas castrenses. Diez años de militarización de la seguridad pública en el país y sus nulos resultados, no fueron suficientes para deducir, que ese no es el camino correcto para combatir la delincuencia organizada y al narcotráfico. Pero seguramente sí servirán para acallar la inconformidad de los ciudadanos en las elecciones de 2018. Para mí, ese es el fondo de todo esto.

[El autor es director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, A. C.]


Semblanza

Germán Molina Carrillo

Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.

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