La excesiva violencia y la militarización de los últimos años ha variado la participación de los ciudadanos en México; quienes por un lado participan menos en las elecciones, y por otro, han salido a las calles a exigir justicia y a dejar ver, no sólo la manera en que el crimen organizado ha afectado sus vidas, sino también para evidenciar el abuso de las fuerzas armadas, como por ejemplo, la matanza en 2014 de 22 presuntos delincuentes a manos de soldados en Tlatlaya en el Estado de México, y qué decir de los múltiples abusos cometidos por militares en los retenes que a lo largo y ancho del país se han instalado con el pretexto del combate contra el crimen organizado, los daños a ciudadanos se han marcado con más frecuencia en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero, entidades donde las movilizaciones ciudadanas han tomado las calles para exigir un alto a la militarización y un pronto regreso a la paz social.
Lo contrastante de la militarización del país es que no ha resuelto la inseguridad y brutalidad con la que actúan los grupos delincuenciales que buscan callar a los ciudadanos valientes que salen a denunciar los delitos. Su lógica delincuencial y su capacidad de control local, les ha permitido asesinar a periodistas como Miroslava Breach, Javier Valdés, Salvador Adame, etc. Hay que recordar que tan solo en este 2017 han sido más de 15 periodistas asesinados, de ahí que los señalamientos recientes de los relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, David Kaye y Edison Lanza, sean muy oportunos, al decir que el periodismo en México se ejerce bajo situaciones de terror, por la impunidad que persiste en los crímenes contra periodistas, que lo único que han hecho es informar sobre cómo la política de militarización emprendida por el gobierno mexicano, buscando también silenciar a los ciudadanos que en sus denuncias revelan redes de protección entre Estado y crimen organizado.
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El objetivo de callar a los ciudadanos es mediante el uso de la fuerza, ejercida por las mismas corporaciones policiales y castrenses del Estado, ya sea amedrentando la protesta en las calles o violentando a los manifestantes, para provocar la confrontación y justificar la represión. Este ha sido el caso de varios activistas, y de los mismos padres de familiares que salen a buscar a sus hijos y resultan amenazados, y muchas veces asesinados, como es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los cuales a más de tres años siguen desaparecidos, y como van las cosas el sexenio de Peña Nieto cargará con la responsabilidad de este cruel hecho y no hay que olvidar que en tan lamentables sucesos se vieron involucrados militares, los cuales en ningún momento velaron por la seguridad de los estudiantes desaparecidos. Lo que conocemos como investigación en este indigno asunto es que la impunidad ha oscurecido la verdad necesaria, que permita a las opciones de rendición de cuenta social, jurídica y política, saber realmente lo que pasó con los jóvenes normalistas.
En una síntesis del desempeño militar en México, en los últimos años, en el marco de la crisis de inseguridad que vivimos, sólo puede describirse como una paradoja grave para nuestro débil andamiaje democrático. Se puede afirmar que ha resultado un fracaso y equivoca estrategia punitiva transexenal y de un evidente incremento de influencia y prerrogativas de un aparato militar, donde la transparencia se esconde bajo la coartada de la seguridad nacional, y bajo este contexto se ha aprobado en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Interior, correspondiendo al Senado en estos momentos la discusión de la misma, con la presión de diversas ONGs y Organismos Internacionales defensores de los Derechos Humanos, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quienes han solicitado al Senado no apruebe esta Ley, por el alto riesgo de transgredir los Derechos Fundamentales de los mexicanos, por dos frentes, por un lado el de la crueldad ejercida por el crimen organizado y por otro por los militares que han actuado con impunidad y ahora lo harán con la protección de una ley que más bien parece necesaria para un régimen que teme verse superado por la justicia y poder social que esta apremiada de la paz que nos han negado los que ahora ven en las fuerzas armadas y su Ley de Seguridad Interior la protección que necesitan para no perder sus privilegios de casta gobernante.