Además de que nos dejó encomiables muestras de solidaridad y un renovado sentimiento de orgullo por ser mexicano, entre otras cosas muy positivas, el sismo del pasado 19 de septiembre también dio paso a una vorágine de discusiones donde se mezcla el repudio a la clase política, un malestar muy real, justificado en la mayoría de los casos y basado en argumentos, pero, por otro lado, cayendo en posturas absurdas, extremistas y yo diría hasta ridículas.
De una propuesta sensata, con mucha solidez, para disminuir el excesivo financiamiento que reciben los partidos políticos, estamos llegando al absurdo de, sobre las rodillas, cambiar de sistema político electoral. En otros países desde hace años, eligieron el sistema basado en el financiamiento privado, con sus ventajas y sus riesgos. Nosotros escogimos, como sociedad mexicana en el sistema político privilegiar el financiamiento público para garantizar que la mayor parte de los recursos de los partidos tengan un origen claro.
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Podemos cambiar de un sistema a otro, sí, pero hay que discutirlo, revisar pros y contras, generar consensos, socializar el tema y explicarlo. Pero, a partir de una coyuntura y de una presión mediática y en redes, estamos yendo a los efectos no a las causas. No estamos pensando cómo mejoramos la fiscalización a los recursos públicos; no estamos pensando cómo sancionamos a los partidos y a los candidatos cuando violan la ley; no estamos diciendo cómo ser más exigente con los partidos y los candidatos.
No estamos buscando eliminar la impunidad. Hoy en México cualquiera se pasa el límite del tope de gastos de campaña y qué pasa, nada. Hoy puedes andar publicitando tu libro por toda la República, un libro que nadie compra, un libro que nadie lee pero que tiene cientos de espectaculares ¿cómo no se sanciona eso?
Primero seamos más exigentes en la justificación de gastos, fortaleciendo las sanciones, aplicándolas con rigor y eliminando esa impunidad que se da cuando el candidato o el partido violan la norma, en lugar de optar por la solución demagógica de eliminar los recursos públicos. No niego la posibilidad de que tengamos un nuevo sistema donde se privilegie el financiamiento privado, como en Estados Unidos y otras democracias –sinceramente no creo que sea el momento considerando la enorme presencia del crimen organizado-, pero primero armemos un entramado legal que sea muy exigente con los partidos y con los candidatos y que cuando se pasen de la raya y violen la ley tengan una sanción.
He leído posiciones sensatas de varios académicos e intelectuales en México que dicen: “Oigan, hay que tener un poco de mesura, hay que pensar las cosas, ¿vamos a pasar en un salto mortal del sistema de financiamiento público al sistema de financiamiento privado?”
En 10 años vamos a tener un problema mayor, hoy no sabemos en qué y cómo gastan el dinero los partidos pero sí sabemos de dónde viene. Con esta propuesta no vamos a saber ni en qué se lo gastan ni de dónde viene.
Lo mismo pasa con el tema de los apoyos a los damnificados después del sismo: una medida populista y demagógica es hacer colectas entre los funcionarios públicos. Me parece que es el momento de ser eficientes en atraer recursos para atender la emergencia, ya sea a través del Fonden, de otras instancias públicas o incluso de donaciones privadas. Exijamos y vigilemos que haya claridad en el gasto, que haya rendición de cuentas, abramos la participación ciudadana para que se garantice que se atiende verdaderamente a los más necesitados sin banderías electorales o promociones de candidatos, en lugar de optar por medidas que son un “mejoralito” ante la grave situación que enfrentamos.
Me parece que todos los ciudadanos, seamos servidores públicos o no, estamos obligados a colaborar y es reprobable que esa contribución se convierta en el lucimiento del funcionario para publicitar un “yo ya doné”, “yo ya fui al súper a comprar aceite”, “yo ando en las comunidades”. Hay un adagio que dice “lo que haga tu mano derecha que no lo sepa tu mano izquierda”.
Vayamos a soluciones de fondo. Es nuestra obligación como funcionarios revisar que el recurso se ejerza, se ejerza bien, se audite y es importante impulsar que haya una amplia participación ciudadana, representantes sociales aceptados y aceptables, vigilando a las autoridades para la aplicación de estos recursos. En eso estaremos.