La celebración del aniversario de la fundación del PRI, el pasado 4 de marzo pasó con más pena que gloria. El aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta también. Una y otra fecha, de alto valor simbólico para la historia del país -definen el inicio y fin de ciclo del estilo autoritario de gobernar y hacer política desde la presidencia de la república- simplemente quedó en el anecdotario circunstancial.
La vieja maquinaria especializada en construir mitos a partir de eventos significativos ha sido discreta desde hace años. Ya no recuerda con bombo y platillo su nacimiento, justo posterior al asesinato de Álvaro Obregón, tampoco el inicio de su debacle en el México de fin de ciclo, precisamente con la muerte de su candidato presidencial en 1994, antesala del último periodo gubernamental ininterrumpido del autoritarismo mexicano.
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Al aparato ideológico del priismo le resultan incómodos los dos eventos de violencia política. Paradójicamente el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario, el 4 de marzo de 1926, convertido en Partido de la Revolución Mexicana (1938) y posteriormente en Partido Revolucionario Institucional (1946), fue el proyecto de modernidad política de la elite posrevolucionaria que cristalizó con efectividad el surgimiento, desarrollo y consolidación de un régimen autoritario, sobre una plataforma jurídica que reclamó ejercicios permanentes de democracia representativa.
La invención partidaria aseguró (a través de ejercicios electorales, controlados y calificados por ellos mismos en su faceta gubernamental) todos los puestos de representación política para dicha elite. Los ejercicios electorales hasta bien entrado el siglo XX sirvieron para legitimar a una elite política que mostró como oferta política permanente, progreso, desarrollo, justicia social, todo ello con estabilidad.
Sobre todo los procesos electorales fueron puntuales rituales a través de los cuales se disciplinaron los liderazgos y caudillos locales. El partido fue el instrumento para ponerlos a disposición del ejecutivo federal, sin que este último manchara sus manos al cruzar el pantano. El cuidado de las formas siempre ha sido sustancial.
Desde 1926 la política mexicana se convirtió en un entramado de institucionalidad no democrática. En menos de quince años (de 1917 a 1936, el orden político pasó “de la condición histórica de país de un hombre a la de nación de instituciones y leyes”. (Calles en su cuarto informe de gobierno en 1926). El autor de la frase no imaginó que su salida del país sería el corolario simbólico de la institucionalización autoritaria. No es cualquier cosa, visto a través del tiempo, el PNR-PRM-PRI, fue la gran invención de intermediación autoritaria que permitió cierta estabilidad y orden en las relaciones de poder público en México.
Los mecanismos de disciplinamiento, lealtad y cohesión se gestaron desde los órganos partidarios, nunca al margen de ellos. Se convirtieron en el gran filtro de accesos a la enorme cantidad de incentivos que prodigó la jefatura de la administración pública federal gracias a sus atribuciones de control de la no menos generosa hacienda pública mexicana.
Dicha función encontró su complemento en el control de las cámaras federales a través del Partido del presidente. Fue viable para encubrir la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos; llave de agua, a final de cuentas para cooptar o excluir, marginar y aplastar cualquier intento de oposición política durante el siglo XX o bien para dividirla. La lista es larga: Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez en 1928, José Vasconcelos en 1929, Juan Andrew Almazán en 1940, la proscripción del Partido Comunista Mexicano y de todos los segmentos opositores, movimientos políticos y sociales hasta finales de la década de los setentas. En suma, el aplastamiento de la disidencia política a través de un partido hegemónico que llegó a tener el control de todas las esferas de poder público.
Tampoco es menor su importancia respecto al tipo de cultura política cultivada durante casi un siglo. Modelaron en la sociedad urbana y en los sectores por ellos corporativizados, una suerte de civismo nacionalista leal al presidente de la república, cuyos contenidos más significativos se orientaron siempre a mantener clientelas políticas alertas, a la expectativa y resueltas incluso a movilizarse, en contra de la oposición -cualquier tipo de oposición- a la que de modo fascistoide siempre le endilgaron en los medios, controlados desde la presidencia de la república (casi todos), cualquier tipo de calificativos denostativos, humillantes, excluyentes. Acaso la oposición sirvió durante muchos años para ejemplificar que el dominio de un solo partido era benéfico para el país y que la llegada de los enemigos del régimen serviría para detener el desarrollo, alterar la paz, generar caos y violencia. En la cultura de súbito, el PRI significaba estabilidad. Solo ellos sabían gobernar y el papel opositor responsable sería consejos leales, sugerencias para corregir, el testimonio para mejorar. Afirmaban que la oposición seria es aquella que funge como conciencia moral del régimen. Impensable disputar el poder.
El correr de los años desgastó los dispositivos de resolución de conflictos.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial echó abajo el mito. Hizo pública la debacle interna del hasta ese momento, cerrado y poderoso círculo de poder. Los mecanismos de resolución más o menos pacífica de conflictos en las alturas habían acabado. Si en 1988, la salida-expulsión de la corriente democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas fue parte aguas en la democratización mexicana - su emergencia como actor político le dio cuerpo competitivo a una oposición minoritaria- la muerte del sonorense acabó por enterrar la otrora invencible hegemonía priista. En la siguiente elección presidencial perdieron. Se ausentaron 12 años del poder presidencial. Regresaron no por su refundación. La mocedad en el poder de una oposición vieja, inútil, bonachona y temerosa en sus aspiraciones democráticas fue el verdadero factor regresivo.
El PRI en la oposición fue una hidra de mil cabezas que terminó aprovechándose de la novatez gubernamental, haciendo de los errores el puntal de acuerdos de intercambio de favores una vez que se instalaran en los pinos.
Más de uno afirmó la invencibilidad del PRI por la identidad política casi natural de los mexicanos con este partido político. Es un mito. No hay tal. Sobrevive por las inercias culturales, generadas por prácticas, hábitos generacionales de casi un siglo de temor a lo incierto que puede ser la democracia y de pánico, terror, incluso patológico, de sectores conservadores de la sociedad mexicana hacia el otro segmento social (presentado siempre como minoritario) que contra viento y marea fue exigente en sus derechos políticos. Tal radiografía ha cambiado.
Amplios sectores de votantes, ahora mayoritarios (si visualizamos la votación opositora en su conjunto y los resultados electorales estatales y municipales) no observan inestabilidad política, ni temor al cambio de partido. Tampoco perciben la incertidumbre de las alternancias como el principal de deterioro de sus condiciones de vida. En pocas palabras se han movido los paradigmas de cultura política de la sociedad mexicana.
En una suerte de surrealismo, el regreso permitió a las nuevas generaciones conocer el autoritarismo de viva voz, sus prácticas y sus valores.
Una conclusión se deriva: PRI es el retrato vivo de políticas que por ineficientes generan más costos que beneficios a la sociedad. Es poco útil decirle al elector que la oferta cambiará. Es cierto, las segundas partes nunca son mejores.