El gobierno federal, a cargo de Enrique Peña Nieto, así como la administración gubernamental de Héctor Antonio Astudillo Flores, en el Estado de Guerrero, apuestan al olvido de uno de los mayores actos de represión y administración de la violencia como política de Estado en México, en los últimos años. Policías municipales y federales, miembros del Ejército mexicano, así como políticos coludidos con los grupos de paramilitares-narcotraficantes de la entidad formaron parte de esa herida que pretende ser suturada a fuerza de “verdades históricas” que se desmoronan ante las evidencias científicas y el mínimo sentido común. El asesinato del estudiante Julio César Mondragón Fontes y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, después de la matanza de 1968, en la plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, es la mayor ofensa que el pueblo mexicano ha recibido por parte de sus gobiernos e instituciones en la historia reciente del país.
La desaparición forzada por motivos políticos de los 43 estudiantes lejos de ser resuelta por el Estado mexicano, más parece que busca que se convierta en un suceso más de toda una política de terrorismo de Estado, el cual ha sido el sello característico de este gobierno. Tan sólo hay que recordar que, desde el primer momento, el gobierno priista de Peña Nieto ha usado la violencia legal e ilegal del Estado, para enfrentar a los distintos grupos opositores a su gobierno o que se organizaron ante las políticas neoliberales rapaces, que pusieron en venta al país y que construyeron ciudadanos de primera y otros tantos, la mayoría, de segunda, de tercera… de quinta. Las “reformas estructurales” impuestas por este gobierno buscaron ser las charolas de plata en las que se entregaba el país al capital extranjero y las grandes corporaciones transnacionales, mismas que han sido las únicas beneficiarias de las políticas entreguistas de este gobierno.
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Así como los 43 estudiantes normalistas fueron los primeros desaparecidos por la Reforma Educativa, madre de todas las reformas, miles de docentes pretendieron ser amedrentados con una evaluación ilegítima, que lejos de buscar la mejora de la educación de los estudiantes y de las condiciones laborales de las y los profesores, los colocó en la posición de prestadores de servicios, ante los clientes (padres de familia y estudiantes). La Reforma Educativa, como se ha dicho desde hace varios años, no tiene nada de educativa. Es una reforma administrativa y laboral, que ha tomado a la evaluación como herramienta para medir la calidad, como si está tuviera que ser producida de manera aislada por los docentes y no por el Estado, quien está obligado constitucionalmente a impartirla. Dicha calidad que aún no ha sido comprendida, busca alinear a estudiantes, docentes y escuelas a un modelo de privatización subrepticia a través del uso de la evaluación como arma legitimadora de los verdaderos intereses del Estado: invertir lo menos posible en gasto social y convertir a las escuelas públicas en centros de capacitación laboral de mano de obra, además de distinguir a los ciudadanos de primera y los de segunda.
Del mismo modo en que se reprimió a los normalistas rurales desde hace años, por ser un espacio para que los jóvenes pobres estudiaran y reprodujeran modelos de educación que buscarán que la educación liberara, y se convirtieron sus centros escolares en escuelas de educación técnica, también se pretende terminar con las escuelas normales en el país. La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue una clara evidencia del autoritarismo del Estado no sólo al reprimir a todo el que se le oponga, sino al imponer reformas que benefician a unos cuantos y administrar la violencia y la miseria de la mayoría, así como el destino de quiénes deben ser los futuros conductores del país y quiénes deben ser los miserables del futuro.
Nos siguen faltando 43; sabemos que fue el Estado. Sabemos que faltan muchas y muchos, así como sabemos, también, que ante el terrorismo de Estado de este gobierno, desgraciadamente, no son ni serán los únicos.
Picaporte
El dólar sigue por las nubes y seguirá de esa manera. La insolencia y la indolencia de este gobierno neoliberal también está por la nubes y son tan grises, tan oscuras, que no dejan entrar ningún rayo de luz.