El sábado 10 de septiembre, se llevó a cabo una de las manifestaciones que mostraron la polarización de la sociedad, ante una cuestión sin discusión alguna: el derecho que tienen las personas con preferencia u orientación homosexual o lésbica a que el Estado reconozca, de manera formal, su unión y se adquieran los derechos civiles que dicho reconocimiento implican. No debe haber discusión alguna ante un derecho fundamental de este tipo, ya que de no hacerlo, además de legalizar la discriminación, se partiría a legitimar sólo el tipo de pareja avalada por las explicaciones eclesiásticas (más no teológicas) y no por una razón racional, histórica, ética y, más que inclusiva, respetuosa de la dignidad humana. Todo mundo tiene el derecho de salir a las calles y manifestar sus ideas y posicionamientos éticos y políticos. Sin embargo, tal y como acontece con las expresiones conservadoras, fascistas y nacistas en Europa, acá, en México también se muestra el músculo mocho, de una razón irracional, para atentar contra un derecho humano.
Se dice que cerca de 1 millón 200 mil personas salieron a manifestar su desaprobación a la iniciativa de ley sobre el aval del Estado para registrar civilmente las uniones de personas del mismo sexo. Las entidades del centro de la república, las de tradición cristera, fueron los principales bastiones de los líderes religiosos, que, bajo argumentos absurdos ante una moral republicana, incitaban a una muestra de odio y discriminación hacia sus prójimos, sólo por amar a alguien de su mismo sexo. Así, el mandamiento cristiano del mismo peso que amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, amar al prójimo como así mismo, no fue el precepto de esa masa odiante de ese, también, hijo de Dios y hermano suyo. Caínes salieron a buscar asesinar nuevamente a sus hermanos, Abeles.
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Mañosamente, las iglesias, pero sobre todo la élite católica, al mando del cardenal Norberto Rivera Carrera, además de incitar a los fieles hacia la animadversión contra las personas con preferencias sexuales diversas, buscaban que la decisión se tomara con base en las mayorías. Los conservadores de sotana buscaban legitimar su posición discriminatoria con el apoyo de una mayoría creyente enajenada, que lejos de comprender los fundamentos amorosos de su fe, le cedían su voluntad a los protectores de curas pederastas para que el “Estado laico” no reconociera (diferente a no otorgar) el derecho humano al reconocimiento de las uniones de estas personas y parejas.
Afortunadamente, la marcha de los conservadores, de los cofrades, de los sectarios homófobos y, de alguno que otro, pederasta o protector de éstos, no ha tenido el peso que esperaba la alta jerarquía católica mexicana, al igual que otros grupos religiosos, igual de enajenados y violentos. Muestra de ello, fue la invalidación del artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia de Campeche, bajo el argumento de afectar el derecho de los convivientes a constituir una familia que prevé la Constitución y el interés superior del menor. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoce el derecho fundamental de las personas con preferencia sexual diversa y acepta que entre parejas del mismo sexo o heterosexuales, conforman un modelo de familia reconocido por la Constitución y, por tanto, tienen el derecho a la adopción de hijos. Un mensaje contundente para las alas fascistas de las iglesias cristianas y, en especial, la católica.
Desafortunadamente, quienes se oponen al reconocimiento legal de estas uniones, absuelven a sus miembros violadores de niñas y niños, pederastas, como es el caso de José Ataulfo García, quien violó a más de 30 niñas indígenas, además de infectarlas con el virus de VIH. Igualmente, el cura Carlos López Valdez, detenido por los cargos de abuso sexual contra un menor de edad y por corrupción de menores desde hace 20 años. Habrá que decirle a Norberto Rivera Carrera que no sabemos si Dios perdonó ya a los sacerdotes pederastas, lo que sí es seguro, es que muchos de nosotros, creyentes o no, no lo hacemos y exigimos castigo conforme a las normas jurídicas de un Estado laico, el mexicano. Habrá que decirle a la élite religiosa que se dejen de hipocresías y vean la viga en su propio ojo, antes de buscar atentar contra los derechos humanos de todos.
Por otra parte, la otra marcha, la del 15 de septiembre, la #RenunciaEPN, #RenunciaYa, organizada por la sociedad civil con la intención de destituir a Enrique Peña Nieto de la presidencia de la república muestra el descontento de la mayoría mexicana contra el mandatario. Sin embargo, la gran fuerza de esta manifestación radicará en evidenciar el descontento social ante problemas que atentan contra todos y que afirma la grave crisis de derechos humanos que vive el país. Un día simbólico para atentar contra la enajenación patriotera de muchos; un día que puede aniquilar la propia manifestación. Esperemos que, en esta ocasión, algunos miembros del movimiento #YoSoy132 (una de las organizaciones promotoras) no usen el descontento social para obtener lugares en las televisoras o en los partidos políticos.
De esta manera, se dejan claro que en México las manifestaciones públicas deben ser un derecho asegurado para todos y, no utilizar el concepto “marcha” de manera peyorativa, e incluso convertirla en un acto vandálico o ilegal, cuando lo usan algunos, pero en manifestaciones de fe cuando lo usan otros. Sin embargo, la manifestación, no es en sí, lo que se manifiesta. La legitimidad de una manifestación radica en quién dice y qué dice, en los argumentos y en la calidad y autoridad moral de quien lo hace. En el caso de la marcha homófoba y discriminatoria del sábado 10 de septiembre, quienes dicen y lo que dicen es una verdadera abominación, además de no tener autoridad moral para pedir lo que solicitan. En el caso de la segunda manifestación, la necesaria, esperemos que el peso del argumento, el necesario, de buenos resultados para todos y no sólo para nuevos locutores o presentadores de Televisa.
Picaporte
Luis Enrique Miranda Nava, quien ocupa la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fue el brazo derecho de Enrique Peña Nieto cuando éste fue gobernador en el Estado de México. Miranda Nava fue secretario de Gobierno en la entidad, además de participar en el equipo de transición al llegar Peña a la presidencia. Como subsecretario de gobernación gozó de un gran poder en la Secretaría de Gobernación y, ahora, Peña Nieto lo coloca, con toda su confianza, en la Sedesol para usufructuar con la pobreza y preparar la compra de votos futuras, sobre todo, la de 2018.