El primero de septiembre de cada año y el cambio de presidente de la república, fueron por excelencia, rituales simbólicos de la clase política mexicana. Marcaron tiempos, modos, anuncio de toma de decisiones, premios, castigos, ambos a veces velados, en ocasiones directos en las declaraciones. Los tiempos de alternancia le quitaron a los informes presidenciales el “glamour” heredado del autoritarismo. El besamanos presidencial, la parafernalia del autoritarismo cedió ante las fuertes críticas de la oposición.
El trance del informe del presidencialismo hacia lo que debe ser una correcta, puntual y objetiva rendición de cuentas del titular del ejecutivo federal no ha sido terso. El camino abierto en 1988 con la interpelación de Muñoz ledo al sexto informe de Miguel de la Madrid Hurtado inició por sepultar el “día del presidente de la república”. Una primera fase culminó en el 2008 con la reforma al artículo 69 constitucional que eliminó la asistencia del Ejecutivo al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso.
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El primero de septiembre aunque dejó su talante oficioso para convertirse en escenario de cuestionamiento y debate alrededor del documento presidencial entregado por escrito en dicha fecha, aún no es un verdadero acto republicano de ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
Calificado hoy en día como un documento que muestra “el estado que guarda la administración federal”, el “informe” es un término demasiado vago no admitido como un ejercicio evaluatorio de resultados de quien encabeza la administración federal. De dicho documento no se deriva en absoluto sanción alguna por omisiones, negligencias, irresponsabilidad o bien corrupción manifiesta. El debate de las distintas fracciones parlamentarias significa hasta hoy un acto de catarsis política que no deriva ningún tipo de consecuencias jurídicas para el equipo gubernamental. Por el contrario, las restricciones para sancionar malos resultados, alientan la impunidad, el desorden administrativo y la corrupción de todos los demás niveles de la administración pública.
En esta mecánica, sin lugar a dudas, a pesar de ser todavía un evento protocolario, el actual titular de la administración pública federal ha tenido que reconocer los altibajos de su administración. Ocurrió el año pasado al señalar que “Ayotzinapa, la fuga del 'Chapo' y la 'Casa Blanca' generaron desconfianza en la autoridad”. Evidentemente la razón de dicho pronunciamiento fue contrarrestar el deterioro de la imagen presidencial, antes que guardar derechos humanos, mejorar la administración de la justicia y hacer más rígidos los controles anticorrupción. En el 2016 ha continuado por el mismo camino.
La solicitud de perdón presidencial por la “casa blanca” anticiparía un informe de cuarto año plagado de disculpas antes que de evidencia de buenos resultados.
Los saldos no son favorables en absoluto. La estrategia de relanzamiento mediático para la segunda mitad sexenal resultó un fiasco. Al finalizar el cuarto año amplias zonas del país no están en paz. La dinámica de violencia delincuencial aparece como un fenómeno sin ningún tipo de control. El descubrimiento de fosas clandestinas retrata un escenario de terror para el resto de la república. Tampoco se ha avanzado en la inclusión social o al menos, no sabemos a ciencia cierta lo que ocurre con los amplios segmentos que viven en pobreza y pobreza extrema. La estadística del INEGI fue severamente cuestionada.
Igual ocurre con el “modelo de educación de calidad”. La propuesta convertida en ley ha devenido en un problema de violencia política irresuelto. Derivada y evidenciada como un ajuste de obligada movilidad laboral por el excepcionalísimo en los derechos y potencial ámbito de negocios de la iniciativa privada –más de quinientos mil millones en juego cada año dedicados a la educación- su aplicación está en entredicho. Se han visto obligados a reconocer la necesaria revisión de aspectos sustanciales como el proceso de evaluación, por ejemplo.
La oferta lanzada al inicio del actual gobierno “México en Paz; un México Incluyente; un México con Educación de Calidad; un México Próspero; y un México con Responsabilidad Global” se encuentra en vilo. Era esperado. Los supuestos de dichas propuestas asemejaron más al diseño para consumo mediático de una propuesta que no esconde la influencia del equipo de fundamentalistas del neoliberalismo encabezados por el actual secretario de Hacienda y Crédito Público.
No es desmesurado afirmar que esta facción de la clase política mexicana priista, alimentó como panacea la implementación de un estilo de gobernar sustentado en rasgos autoritarios para acabar de una vez por todas con el proyecto del estado de bienestar-nación surgido del constituyente de 1917.
En dicho constructo político se observa una suerte de conceptos y lenguajes inspirados más en las fantasías que los mismos neoliberales crean y se recrean para afirmarse en tonos iluminados, superiores a cualquier otra perspectiva ideológica o política. Términos tales como “responsabilidad global”, “democratizar la productividad”, “gobierno cercano y moderno “, “estrategias transversales” son derivados de los manuales para consumo de las clases políticas de filia liberal y sus propagandistas.
En realidad lo que han hecho es encubrir el saqueo de los recursos naturales y negar la posibilidad de desarrollar independencia tecnológica, empeñando las posibilidades de perspectivas de futuro para el país.
Resulta paradigmático el cuarto informe presidencial. Significativo, además por la posibilidad de contrastar las 10 acciones anunciadas el año pasado.
Hoy lo cierto es que la justicia y el respeto a la Dignidad humana sigue siendo asignatura pendiente. La economía se encuentra estancada; la paridad cambiaria es desfavorable al peso; el incremento de la gasolina es constante y las tarifas de consumo de luz hacia arriba.
El tránsito hacia el Estado protector del mercado que dictaron los manuales, no ha funcionado. Las variables que intervienen en la realidad son de mucho mayor complejidad que el modelo extractivo de recursos.
Veremos en este informe cómo justifican el galimatías en que se les convirtió el desmantelamiento del estado mexicano.
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