Los resultado de la encuesta llevada a cabo por el INEGI, Modulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 (MCS-2015) -que mide el ingreso de las familias mexicanas y es sustancial para calcular y analizar comparativamente la pobreza-, generó al gobierno federal otro escándalo mediático de proporciones internacionales.
El ruido no termina, en la última semana de julio, Miguel Cervera Flores, titular de la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas en el INEGI, renunció a su cargo. A su vez, el pasado 26 de julio el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), pospuso la publicación de sus análisis sobre pobreza, derivados precisamente del MCS-2015. Incluso, han trascendido los fuertes cuestionamientos en las mesas de trabajo del Senado de la República.
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Si la intención era construir en el espacio público un logro de la política gubernamental, los resultados han sido totalmente contrarios. Las plumas oficiosas han hecho más grande el escándalo. Las críticas puntuales no han sido respondidas sino con diatribas (“CONEVAL está instalado en su zona de confort”); con argumentos de autoridad;(“los datos no pueden ser falsos, la garantía es la autoridad académica del titular del INEGI; o de plano evasivos (“quien haga comparaciones es bajo su propia responsabilidad”).
La estadística presentada, paradójicamente, puso en evidencia la mayor debilidad del gobierno de Peña Nieto: la política social. La presentación de dichos resultados elude discutir su inoperancia o en todo caso las razones de la aparente mejora. Hasta el 2014 hay una tendencia sostenida en el incremento de la pobreza, el revire resulta inexplicable. Sostener que disminuyó la pobreza, sobre el estancamiento económico, la inflación sostenida e idénticas tasas de desempleo en el 2014 y 2015 es una quimera.
La imagen gubernamental es débil para la sociedad, pésima en la esfera internacional y confirma una proyección: las elites políticas mexicanas son tramposas. La sociedad mexicana desconfía de ellas y también los círculos financieros e industriales internacionales. La imagen grotesca ha sido ganada a pulso por su forma de gobernar, por el modo de justificar su inopia en la administración de recursos públicos y ahora por pretender usar datos de interés internacional para el manejo de imagen.
No es para menos, el crecimiento económico, el incremento o disminución de la pobreza, las tasas de empleo o desempleo, la inseguridad pública, la estabilidad social, son dimensiones medibles, puntos de atención para el mundo financiero internacional y para los organismos, también internacionales, que construyen criterios para la toma de decisiones de carácter económico.
Los indicadores económicos sirven para que las instituciones gubernamentales rindan cuentas a dichas instancias y a la opinión pública internacional, especialmente a aquella interesada en invertir en el país. La evaluación del rubro riesgo-país es primordial. Un país de pobres no es atractivo y sí es indicativo de potencial de inestabilidad social cuya causa se encontraría en la inoperancia de los encargados del gobierno para resolver demandas socioeconómicas. En todo caso se impondría reconocer errores para replantear corrección, sin embargo, para las actuales elites del gobierno federal, que no han tenido ningún mérito, ningún resultado positivo para el bienestar de las familias mexicanas, significaría exponerse al ridículo.
Desafortunadamente, por la andanada mediática pro INEGI y la descalificación de los argumentos de expertos y del CONEVAL, el actual gobierno mexicano circula por el camino del ocultamiento. Es probable que no tengamos datos sobre la evolución de la pobreza gracias a la imposición de la facción gubernamental proclive a hacer de las recetas de libre mercado, un decálogo de buen gobierno, sin que realmente lo sea. Tal cuestión rebasa el ámbito de política económica y toca de lleno la dimensión política.
¿Importa a la democracia medir la pobreza?
Desde luego. El crecimiento, estancamiento o disminución de los indicadores económicos en sus múltiples facetas es, debe ser, un tema de debate público. La democracia funciona sobre la interlocución pública. Los temas de las instituciones son temas de interés público, no privado. El ejercicio democrático aspira al buen gobierno, este se encuentra sustentado en mecanismos de rendición de cuentas para corregir lo que no funciona. En última instancia no tener información sobre la pobreza afecta de modo directo la gobernabilidad democrática.
La percepción alterada de la realidad desde las instituciones mina legitimidad. El uso interesado y faccioso de dependencias institucionales, afecta la relación entre gobernantes y gobernados. Las autoridades deberían considerar que los fenómenos económicos se encuentran asociados al pluralismo político y a las libertades democráticas, cuya potencial fuerza y condición de perdurabilidad es el sector medio.
El grado de amplitud de la clase media explica mayor o menor estabilidad social. La paz social en las democracias se finca en sus equilibrios no en los extremos. Se requiere de una clase media ancha. Hoy no sabemos si efectivamente ha crecido o disminuido.
La manipulación, el uso político de la estadística sobre pobreza, presenta un orden social fantasioso. Si no hay datos, o si estos son utilizados interesadamente, nunca sabremos que programas gubernamentales son eficaces y cuáles no.
Lo que se observa es crecimiento de la tensión social, inestabilidad económica en el ambiente, mayor delincuencia y criminalidad, fenómenos de violencia social y política no vistos, incapacidad del gobierno para solucionar conflictos políticos, económicos y de seguridad pública.
Como efecto colateral el “affaire” INEGI a final de cuentas ha puesto en entredicho elementos que ayudarían a explicarnos que tanto puede perdurar la democracia mexicana en un orden político como el nuestro.
Gnares301@hotmail.com