Los derechos humanos no pueden estar en discusiones de camarillas legislativas. Incluso los fundamentos sobre los derechos individuales no pueden estar a expensas de la mayoría o sujetos a votación. De esta manera el derecho de las mujeres a decidir cuándo y cuántos hijos tener, así como no tenerlos, y abortar, son decisiones que única y exclusivamente le competen a las propias mujeres. El estado tiene la obligación de asegurar las condiciones y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos íntegros de manera informada, libre, voluntaria y gratuita.
Así, en lugar de promover leyes que vulneran los derechos de las mujeres y las prerrogativas exclusivas de las mujeres sobre sus cuerpo, el estado y las entidades federativas deben cumplir y hacer cumplir los derechos fundamentales de las mujeres. De esta manera, no sólo es retrograda y vergonzoso que el Congreso de Veracruz aprobara, el pasado 28 de julio, la reforma antiaborto propuesta por el gobernador priista Javier Duarte, quien ha criminalizado no sólo la figura del aborto sino a las mujeres y el derecho a decidir sobre su cuerpo.
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Sin embargo, la ofensiva sobre la apropiación del cuerpo de las personas es una política de estado y una moralización intrusiva en las decisiones de cada persona, tal y como se muestra con la campaña gubernamental, social y mediática, lanzada el pasado 12 de julio, “10 razones para no realizar sexting”. La moralidad hegemónica no ha comprendido que el compartir imágenes corporales o de algunas partes del cuerpo sugerentes, desnudas o explícitamente sexuales, es una forma de interacción sexual y social, con el apoyo de instrumentos tecnológicos propios de estos tiempos. Esta campaña es equivalente a la lectura del libro de Aura, de Carlos Fuentes, la prohibición de los besos en espacios públicos en Guanajuato, así como el uso de minifalda en entidades como Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Veracruz, y ciudades como Monterrey, Nuevo León y Navolato, Sinaloa.
Parece que el liberalismo que le interesa al Estado mexicano y a los gobiernos estatales es solamente económico, ya que aquel liberalismo que responde a las libertades fundamentales, no sólo no les importa sino que luchan contra él. Diría John Stuart Mill, en Sobre la libertad: “La única parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad es la que se refiera a los demás. En la parte que concierne meramente a él, su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano”. Tanto el aborto como el sexting son solamente competencias de las mujeres, en el primero de los casos, y de quien envía y recibe mensajes, fotografías o videos, en el segundo caso.
Los pretextos son viejos y ya conocidos. En el caso del aborto, se dota de “alma”, “espíritu”, “dignidad” y derechos a un producto, como si fuera un ser. La discusión no debe centrarse en la actualización de mitos teológicos sobre cuándo entra el alma al cuerpo. El estado debe procurar de investigación y desarrollo de tecnología que aseguren el ejercicio de libertad de las mujeres para abortar al momento en que ellas lo deseen. Para esto, debe haber un pleno reconocimiento, como plantea Stuart Mill, que “sobre ellas, sobre su cuerpo y espíritu, ELLAS son soberanas”. El estado, como entidad reproductora del sistema material e ideológico, pone más obstáculos que, junto con una moral victoriana, se apoyan en los discursos médicos, psiquiátricos, psicológicos, legales, religiosos, entre otros, en lugar de respetar los derechos y libertades fundamentales de las mujeres.
En este mismo sentido, los derechos de las mujeres no pueden estar sujetos al escrutinio de nadie. No se puede apelar a la democracia, entendida ésta como diría Jacques Derrida “platonismo del pueblo”, para “votar” los derechos inherentes de las mujeres. Tampoco se puede apelar a las decisiones de la “supuesta” opinión pública (con las características precarias de una sociedad como la mexicana), cuando ésta está guiada por un cristianismo oficial (e igual de absurdo y enajenante en los diversos grupos religiosos postcatólicos), por medios de comunicación enajenantes, con una sociedad animista y un gobierno violatorio de derechos y libertades fundamentales. Las mujeres no tienen por qué pedir permisos para actuar sobre su cuerpo, ni a los machos-cuerpo, ni al gran macho-estado. No se defiende la vida con la criminalización del aborto; se defiende el patriarcado; se promueve la muerte de las mujeres.
Asimismo, si el pretexto para controlar las diversas expresiones sobre la sexualidad y el sexo, sean por medios electrónicos, impresos, virtuales o cualquier otro, es la seguridad y el riesgo, el estado debería preocuparse por riesgos más importantes como el respeto a la dignidad de las niñas y niños, su educación, salud y demás derechos humanos y de la infancia. Se debe legislar para quien abusa de la confianza y difunden imágenes sin consentimiento, pero no sobre la práctica. Por el contrario debe reconocerse la legitimidad de la misma y proteger a las personas en el ejercicio de sus derechos y libertades.
Cabe señalar que tanto Veracruz como México deberían comprometerse con las mujeres asignando presupuestos suficientes para programas que disminuyan la violencia de género, se tomen en cuentas las alertas y se elimine el feminicidio en el país, el cual lejos de reducirse va en aumento. Sería importante que Javier Duarte se preocupara por los 1, 214 casos de feminicidio en su entidad, así como las redes de corrupción, tráfico y trata de personas en la que presuntamente se encuentran coludidos servidores públicos estatales, se investigaran casos de asesinatos a mujeres periodistas, antes, siquiera, de pensar en criminalizar el cuerpo y las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos.
Picaporte
No importa acabar con la pobreza, cuando basta acabar con los pobres y, si no es posible para los agentes del estado mexicano, pues basta con maquillar las cifras, para esos está la estadística y la informática, con apellidos INEGI.