Enorme inconformidad ha causado entre los automovilistas (el parque vehicular del D. F. rebasa los 4 millones de autos), la amenaza de aplicar las costosísimas ciento cincuenta mil multas mensuales que impuso ─abusivamente─ como meta inamovible Miguel Ángel Mancera Espinosa en el Contrato Administrativo Multianual Abierto “para el servicio de subrogación de servicios para imponer multas a través del sistema integral de fotomultas” operado por la empresa Autotraffic.
No obstante ese descontento popular, para tranquilidad de Mancera, no se manifiesta mediante acciones masivas de repudio al jefe de gobierno, sino mediante la expresión verbal de aisladas e intrascendentes ofensas personales. La inmensa mayoría de ciudadanos de este país, por cuestiones que tienen que ver con su idiosincrasia, admiten y toleran cuantas arbitrariedades, corruptelas, atracos y abusos de poder comete en perjuicio de sus gobernados la políticocracia que para beneficiarse se ha apoderado del país.
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De no ser sumisos ─o agachones─, bastaría organizarse colectivamente para exigir y lograr la derogación del nuevo reglamento de tránsito del Distrito Federal y la anulación del Contrato Administrativo Multianual SSP/BE/S/31272015, adjudicado, sin licitación y mediante el convenenciero procedimiento de asignación directa, a la empresa Autotraffic por el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa.
La abolición del reglamento de tránsito se efectuaría debido al incuestionable carácter recaudatorio que tiene por el elevadísimo monto de las multas que contiene. Muchos infractores no podrán pagarlas porque están por arriba de los sueldos que perciben.
Este desmesurado tributo que los infractores (convertidos en indefensos vasallos) deberán pagar a su insaciable amo (el jefe de gobierno del D. F.) se cuantificaba, hasta el 31 de diciembre de 2015, multiplicando el precio de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente en ese entonces (69 pesos 95 centavos) por la cantidad de veces asignadas a los diversos tipos de infracción. A partir del 1 de enero, el voraz gobierno de Miguel Ángel Mancera, elevó el precio de esa unidad a 71 pesos 68 centavos, que representa un incremento del 2.47%.
La nulidad del contrato suscrito por el gobierno de Mancera y el representante legal de Autotraffic, Alfonso Miguel Vélez Iglesias, es factible porque el empresario Vélez Iglesias ─que por cierto es hijo del ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Vélez Pliego─ señaló “como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones dentro del Distrito Federal” una dirección que no corresponde a la empresa de su propiedad, sino a una distinta, de nombre Digita Gama, dedicada a elaborar trabajos relacionados con las artes gráficas.
Ni el domicilio ni el número telefónico aportados por Alfonso Miguel Vélez Iglesias son legales y ni verdaderos. En la dirección y número telefónico mencionados por el propietario de Autotraffic no existe esa empresa.
Ahí funciona otro negocio distinto. Una empresa especializada en la producción de anuncios publicitarios en materiales rígidos. No experta en la operación de radares ni cámaras fotográficas de alta precisión, destinados a captar violaciones a reglamentos de tránsito.
Con la finalidad de diluir la desconfianza provocada por utilizar una dirección ajena a Autotraffic, su dueño, Alfonso Miguel Vélez, envió una carta al periódico Excélsior, donde tácitamente reconoce que el domicilio que proporcionó para “oír y recibir notificaciones dentro del Distrito Federal”, no es la de su empresa, sino de uno de sus “proveedores”, a quien dijo ha “contratado para (satisfacer) diversas necesidades de impresión”.
Dentro de este turbio contexto, los automovilistas que tenemos necesidad de circular en las calles del Distrito Federal no podemos confiar en que las 150 mil fotomultas que, como meta mínima, se obliga a aplicar mensualmente Autotraffic, sean veraces y auténticas, cuando esta empresa ha proporcionado información apócrifa en el contrato de servicio que suscribió con el gobierno del Distrito Federal.
Durante una entrevista de prensa, el jefe de gobierno del Distrito Federal ─y además madrugador aspirante (por el partido político que sea) a la candidatura presidencial─ Miguel Ángel Mancera, demostró en dos ocasiones que no conoce al detalle algo que por su investidura tiene obligación de conocer con exactitud. El contrato de las fotomultas que su gobierno suscribió con la empresa Autotraffic.
En esa entrevista, Mancera aseguró que las 5 mil multas diarias de las que hablan los medios informativos es un “mito”, no obstante que en la página 8 del contrato suscrito entre el GDF y Autotraffic se establece, con suficiente claridad y precisión, la cantidad mínima de 150 mil multas mensuales, o sea las 5 mil diarias a que se han referido los medios informativos.
Mancera también demostró públicamente su desconocimiento acerca del compromiso que adquirió su gobierno de ceder a Autotraffic, el 46% del importe de las multas que sean cobradas (según se estipula en la página 9 del contrato SSP/BE/S/312/2015) y no el 43% que afirmó, erróneamente ─en la conferencia de prensa referida─, deberá pagarse “por la inversión que hizo en los radares (la empresa de las fotomultas), no como un beneficio”.
Tratando de salir del embrollo en que se metió por falta de conocimiento del contenido del documento suscrito por el gobierno que encabeza, Mancera, en vez de reconocer y rectificar los dos errores que cometió, antes de endosar a su subordinado secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, la tarea de “atender, de manera amplia, permanente y directa todo lo que planteé la ciudadanía”, manifestó que entiende que haya dudas y se generen (diversas) interpretaciones, pero la finalidad de las fotomultas “es salvar vidas”.
Con la idea de acallar la inconformidad que el monto de esas ha generado entre los conductores de vehículos automotores, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, anunció que analiza la posibilidad de aplicar un descuento de 75%, por pronto pago, a las multas que se apliquen en infracciones de tránsito, en vez del 50% que se acostumbra por este concepto.
El nuevo reglamento de tránsito corre el riesgo que puede ser declarado anticonstitucional, en la parte que se refiere a las multas, en caso de quién o quiénes se sientan afectados por lo elevado de éstas, soliciten la protección de la justicia federal a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el primer párrafo del artículo 22, prohíbe ─entre otras cosas─ la “multa excesiva”.
Las multas que contempla el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal son altamente excesivas y para miles y miles de conductores son prácticamente impagables. Precisamente, en esta falta de solvencia económica de muchísimos mexicanos radica la inconstitucionalidad de la norma vehicular que impuso, sin consultar a la sociedad, Miguel Ángel Mancera.
La desenfrenada voracidad del jefe de gobierno del D. F. por succionar los bolsillos de los conductores de más de cuatro millones de vehículos automotores que circulan por las destrozadas e intransitables vialidades del Distrito Federal, podría costar a Miguel Ángel Mancera el repudio de más de 16 millones de electores, en el indeseado caso que obtuviera la candidatura presidencial en 2018.
Ante el estado de indefensión en que se encuentran los potenciales afectados por el reglamento de tránsito, derivado de la dificultad personal que tienen para presentar un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los partidos políticos deberían proporcionarles apoyo jurídico para que lo hagan.
Este apoyo podría representar el primer paso que diera la partidocracia en el intento de ganar la confianza de la sociedad.
El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del que es propietario, administrador único y elector absoluto, Andrés Manuel López Obrador, ya dio el primer paso para conquistar la voluntad del electorado.
Hace unos días, AMLO criticó la instalación de las cámaras que efectuó Miguel Ángel Mancera para aplicar las fotomultas, al escribir en su cuenta de Twitter “En el caso de las cámaras, hay que seguir la pista al dinero: de quen chon (sic) las empresas concesionarias de las multas fantasmas”.
Continuó diciendo que “El nuevo reglamento de tránsito, incluidas sus cámaras, está hecho para robar”.
No sé si el eterno candidato presidencial actúe de mala fe o padezca la enfermedad que devora la memoria y lleva el apellido de uno de quienes la descubrieron en 1906, Alois Alzheimer. El otro, fue Emil Kraepelin.
Siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, el ciudadano López en 2005, exactamente igual que Miguel Ángel Mancera en 2015, mediante el procedimiento de adjudicación directa, compró a la empresa Autotraffic 12 radares para imponer multas por exceder la velocidad reglamentaria.
En ese tiempo el tabasqueño no abrió la boca para autocriticarse como ahora critica a su ex asesor jurídico de la secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Mancera Espinosa.
Para abonar su anterior y abusiva conducta, López Obrador aceptó “que un mes antes que concluyera (su) gestión, la secretaría de Seguridad Pública contrató a esa misma empresa (Autotraffic), pero no puede, de ninguna manera, equipararse la adquisición de 12 sistemas móviles de control de velocidad con el contrato actual de instalar cámaras al por mayor y otorgar un porcentaje por multa”.
¡Esta es una demostración más, que ni Andrés Manuel López Obrador ni Miguel Ángel Mancera son merecedores de la confianza de la sociedad!