Nuevamente ocupa la primera página de los periódicos el exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés. Ahora porque un empleado suyo fue detenido al transportar tres millones y medio de pesos, lo que ha llevado a la sospecha fundada de que hay ahí un delito por manejo de recursos de procedencia ilícita. El caso Padrés es un caso particular de un problema general: los gobernadores hoy en México no están sujetos a un régimen de contrapesos y de rendición de cuentas eficaz. Pierden el piso y cometen errores en el uso y abuso de los cargos y recursos bajo su responsabilidad.
La lista de gobernadores cuestionados por hechos graves, la mayoría de ellos no negados, es grande. Y prácticamente no hay sanciones, o no hay sanciones efectivas, que lleven a evitar estos casos.
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Las consecuencias de los hechos denunciados y no negados por gobernadores y exgoberandores a lo más que llegan es al rechazo en la opinión pública, al desprestigio. No es algo que desmotive a quien llegue a una gubernatura y tenga la tentación de apropiarse los bienes públicos para su interés privado. Desde u “cálculo racional” bien vale la pena acumular decenas de millones de pesos si el costo es el desprestigio personal.
La sanción que acaba de anunciar el PAN, por la que, en caso de encontrar culpable a Padrés, sería expulsado del partido, tampoco parece desmotivar a este tipo de políticos. Los millones son un buen consuelo frente a la pérdida del prestigio y del partido en el que se militó.
Por eso los casos se repiten. Y se repetirán mientras no haya sanciones más eficaces. Y los costos de gobernadores concentrados más en incrementar sus fortunas privadas que en el interés público son altos. Muchos bienes públicos dejan de generarse por esa distracción de recursos, tiempos, talentos. Además de que se incrementa el desprestigio de la clase política con el consecuente desánimo en la población.
Observadores de la política en Sonora consideraban desde mediados del sexenio de Padrés que su gobierno estaba dando lugar a una “centroamericanización” de la política sonorense. A pesar de tener frontera con Estados Unidos, y no con Centroamérica, el estilo de ese gobernador les recordaba a algunos el de Anastasio Somoza en Nicaragua, que veía a ese país como su patrimonio propio.
Ya después el gobierno sonorense llegaría a las notas principales de los medios de comunicación del país con el escándalo de una presa de grandes dimensiones construida en una propiedad del gobernador, y que había dejado sin agua a poblados de la zona. El asunto pasó a segundo plano con la tragedia de Ayotzinapa.
Ahora vuelve. El caso Padrés tiene sus peculiaridades, pero hay que insistir en que es una expresión estatal de un problema nacional que no respeta estados, regiones ni partidos. En la bibliografía académica se le conoce como “autoritarismos subnacionales”.
Es bien sabido que la transición mexicana liberó a los gobernadores del control que sobre ellos ejercía la presidencia de la república. A diferencia del viejo régimen, ahora el presidente no tiene poder o influencia decisiva sobre los gobiernos de los estados. Y este control no ha sido sustituido por otros de carácter más democrático, más abierto, más republicano. Ni se ve claro que vaya a ser sustituido en el corto plazo. La presencia de los medios y la publicación de la información es importante, pero insuficiente. Y la clase política parece estar concentrada en otras cosas, no en exigirse cuentas a sí misma. ¿Habrá que esperar a otra transición, después de varias décadas de vigencia del nuevo sistema, para que esta situación cambie?