Durante su visita a México, el comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se pronunció contra las violaciones a los derechos humanos y la impunidad que prevalecen en México. Señaló que los esfuerzos realizados hasta ahora por el Estado Mexicano son insatisfactorios, porque el 98% de los delitos cometidos quedan en la impunidad.
Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto, aceptó que “En México tenemos desafíos en materia de derechos humanos, que estamos decididos a encarar y superar.” También manifestó que el gobierno mexicano “está abierto y plenamente dispuesto a seguir cooperando con el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
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Días antes de establecer la posición de su gobierno ante el representante de la ONU, Peña Nieto, a través del subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, desestimó el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al advertir que el documento de la CIDH no refleja la situación que se vive en el país.
Por obvia instrucción presidencial, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también recurrieron a los medios informativos para ningunear el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tanto malestar ocasionó al Presidente de la República.
Con la declaración de Campa, Peña Nieto trató de decir al mundo ─o pretendió hacerle creer─ que en su administración gubernamental, los derechos humanos están a salvo.
Pero más allá de este intento fallido de borrar culpas, quedó claro que el Presidente de la República, no desaprovecha la menor oportunidad para asumirse como garante de los derechos humanos en México.
Sin embargo, lo cierto ─lo que está a la vista de la opinión pública─ es que el gobierno de Peña Nieto ha violado los derechos humanos de muchos mexicanos a través de miembros del Ejército Mexicano y de la Marina Armada. En acontecimientos como los ocurridos en Tlatlaya, estado de México; Tanhuato, Michoacán y Calera, Zacatecas, entre otros. Y como también ocurrió, durante el mandato de Felipe Calderón, con los jóvenes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de excelencia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la capital del estado de Nuevo León, que fueron acribillados en 2010 por soldados al confundirlos con sicarios.
El gobierno de Peña no sólo ha violado derechos humanos a través de las fuerzas armadas, sino también lo ha hecho, en incontables ocasiones, a través de la Presidencia de la República y de las secretarías de Educación Pública, Economía y Gobernación, entre otras más, al negar la entrega de información pública gubernamental que les es solicitada mediante la ley de Transparencia.
Desde hace catorce años, arbitraria e ilegalmente, la Segob obstaculiza el libre tránsito de peatones e impide la circulación de automovilistas ─con la instalación de vallas metálicas─ en las calles aledañas al lugar donde se ubican sus oficinas centrales.
Asimismo en diversas dependencias del gobierno federal, se viola el derecho humano de quienes solicitan información pública gubernamental, apoyados en la Ley Federal de Transparencia les es negada bajo el argumento que “después de buscarla exhaustivamente en sus archivos no se encontró la información solicitada”, o bien, niegan la entrega, declarándola “reservada” mañosamente.
Este tipo de violación, que en cantidad supera a las violentas violaciones que contra la población comete la fuerza pública (Ejército, Marina y policía federal, estatal y municipal) pasa desapercibida para la opinión pública porque no tiene el impacto mediático que alcanzan masacres como la de Ayotzinapa.
El título del capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denominado “De las garantías individuales”, fue reformado en 2011, al titularlo con el nuevo nombre “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. Dos años después, es decir, en 2013, al artículo 6º constitucional se agregó el siguiente párrafo:
“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e idea
de toda índole por cualquier medio de expresión.”
Este añadido, aunque impreciso y pésimamente redactado (por legisladores que no saben escribir correctamente, pero son buenos para cobrar sueldos y prebendas de montos descomunales) elevó a categoría de derecho humano, el derecho a solicitar y obtener información pública gubernamental.
Luego entonces, la institución gubernamental que niegue la entrega de información pública gubernamental que le sea solicitada en los términos que estable la Ley Federal de Transparencia, incurre en la violación de un derecho humano constitucional.
Señalaré un caso concreto, donde la secretaría de Gobernación, violó mi derecho a recibir información, que le solicité y que contando con ella, por mandato de ley, tiene obligación de entregarme, toda vez que no estando clasificada como “reservada”, me la negó bajo el amañado y tramposo argumento que después de buscarla “exhaustivamente” en los archivos de todas las áreas de la Segob no la encontró.
La historia cronológica de esa violación es la siguiente:
En mayo de 2013, en el estado de Oaxaca, los profesores de la CNTE iniciaron un paro de labores indefinido que, según ellos, sería levantado hasta que lograran la derogación de la Reforma Educativa y la libertad de cuatro individuos, de nombre Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalbo Villalobos, Damián Gallardo Martínez y Sara Altamirano Osorio, que fueron encarcelados como presuntos responsables del secuestro de dos menores de edad, que son familiares del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y a quien los paristas consideran presos políticos.
El 19 de septiembre de 2013, después de cinco meses de mantener interrumpidas ilegalmente las clases de educación básica en perjuicio de un millón 300 mil alumnos, el líder de la CNTE y de la sección XXII del SNTE, Rubén Núñez Ginés, después de reunirse en la secretaría de Gobernación con el subsecretario de Gobierno, Luis Miranda Nava y el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, súbitamente decidió finalizar el paro laboral sin haber logrado ninguno de los objetivos que invocó para llevarlo a cabo.
Esta extraña decisión del líder Núñez Ginés, me hizo pensar que el gobierno de Peña Nieto otorgó algunas prebendas que resultaron atractivas a los profesores paristas a cambio de reanudar las clases suspendidas.
Sospeché que esas prebendas podrían ser el compromiso del gobierno peñanietista de pagar el sueldo íntegro, es decir, sin efectuar ninguna deducción por inasistencia laboral, a los más de 80 mil profesores que durante cinco meses dejaron de impartir clases y el ofrecimiento de no despedir de su empleo a ninguno de ellos, no obstante ser acreedores a esa sanción en términos de ley.
Con el propósito de corroborar si esa hipótesis tenía o no fundamento, el 21 septiembre del mismo año, en base a lo que estipula la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, requerí a la secretaría de Gobernación, mediante la solicitud número 0000400234913 del sistema Infomex, una copia de la minuta de acuerdos correspondiente a la reunión efectuada el 19 de septiembre de 2013, donde participaron el representante de la sección XXII, el gobernador de Oaxaca y el subsecretario de Gobierno de la Segob.
El 21 de octubre de 2013, la secretaría de Gobernación me informó que la minuta de acuerdos, cuya copia le solicité, no existe.
El 11 de noviembre, por conducto del folio 2013006168, presenté al Instituto Federal de Acceso a la Información un recurso de revisión contra la respuesta negativa de la Segob, que fue admitido por reunir los requisitos que marca la ley Federal de Transparencia, abriéndose el expediente RDA 5227/13.
El 8 de enero de 2014, el Pleno del IFAI revocó la respuesta negativa de la Segob.
El 17 de febrero, la secretaría de Gobernación confirmó, según ella, la inexistencia de la minuta de acuerdos de la reunión efectuada el 19 de septiembre en sus oficinas, donde participaron el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava; el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué y el representante de la CNTE, Rubén Núñez Ginés.
El 24 de marzo de 2015, el subsecretario de Gobierno de la Segob, Luis Enrique Miranda Nava, atendiendo una invitación de la Comisión de Educación del Senado de la República, asistió a una reunión de trabajo con esa instancia legislativa, donde se trataron asuntos relacionados con el tema de la Reforma Educativa. En esa reunión Miranda entregó a la Comisión de Educación, que preside el senador Juan Carlos Romero Hicks, 17 minutas correspondientes a diversas reuniones efectuadas en la sede de la secretaría de Gobernación. Entre éstas, Miranda Nava hizo entrega de la minuta correspondiente al 19 de septiembre de 2013 (cuya copia ahora obra en mi poder) no obstante que me fue negada indebidamente por la secretaría de Gobernación.
La existencia de la referida minuta de acuerdos, constituye la prueba documental irrebatible que la Segob, al negarme su entrega en el tiempo que la solicité por medio del IFAI, violó flagrantemente mi derecho humano y constitucional a recibir información pública gubernamental.
También demuestra que el supuesto compromiso del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, con la supuesta preservación y respeto a los derechos humanos que invoca en cuanto discurso tiene oportunidad de pronunciar, es falso y demagógico.
El problema no ha concluido a pesar que la CNDH, actuando como cómplice e instrumento de la secretaría de Gobernación ─y por ende, del gobierno peñanietista─ exoneró indebidamente a esa dependencia gubernamental, ahora está ventilándose en la Procuraduría General de la República, por la comisión de presuntos delitos del fuero federal.
Espero que esta violación a un derecho humano, clara e irrefutablemente demostrada, no pase a formar parte estadísticamente del 98% de delitos que quedan impunes en México.