El encargado de conducir la política interior que compete al poder Ejecutivo federal, Miguel Ángel Osorio Chong, compareció en la Cámara de Senadores, el martes 29 de septiembre, en el marco del análisis del tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El secretario de Gobernación, en vez de utilizar la tribuna del Senado de la República para realizar un ejercicio de rendición de cuentas y efectuar una exposición analítica acerca de la situación política que prevalece el país, la mal utilizó para pronunciar un discurso triunfalista, grandilocuente y propagandístico. De mucha paja y nula credibilidad.
Osorio Chong se convirtió en la versión hidalguense del escritor y matemático británico Lewis Carroll, al hacer optimistamente un dibujo verbal de El presidente Peña Nieto en el país de las maravillas. Donde todo es felicidad.
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El secretario de Gobernación puntualizó que el diseño institucional que el Presidente de la República planteó en materia de seguridad para el país y sus más de 122 millones de habitantes, a juzgar por los resultados obtenidos, “está funcionando y cumpliendo su cometido.”
Según Osorio Chong, los delitos de alto impacto van a la baja. La disminución de la violencia en espacios públicos de entidades enteras, va recuperando la tranquilidad en calles y colonias. Esta recuperación comprende territorios “donde el crimen actuaba con impunidad e incluso llegaba a controlar a las instituciones locales (y) la detención de los principales líderes criminales y la desarticulación de sus estructuras delictivas.”
Chong, advirtió, en su triunfalista alocución que “El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto logró detener la escalada de violencia que en años anteriores dañó al país, y hoy con más seguridad y paso firme México avanza en la dirección de menos delitos y mayor tranquilidad.”
Para que ni el más escéptico y mal pensado senador que escuchaba la perorata del secretario de Gobernación tuviera la menor duda acerca de la eficiencia del gobierno peñanietista, en materia de seguridad y combate a la delincuencia, Osorio Chong presumió que mientras la tasa anual de homicidios descendió de 22 a 19 en 2013, en el lapso homólogo posterior aterrizó en 16 asesinatos.
En tanto los casos de extorsión disminuyeron más del 20% y el robo en más de 13% en comparación con 2012. Al referirse al delito de robo, Miguel Ángel Osorio omitió especificar ─no se sabe si por error o por mala fe─ a cuál clase de robo aludió en su grandilocuente discurso.
Ya encarrerado y sin nadie que lo detuviera, en pleno éxtasis de su masturbación discursiva, Chong afirmó que “En el caso del secuestro, gracias a la estrategia nacional que pusieron ─Peña Nieto y él─ en marcha el año pasado y al apoyo decidido que se le ha dado a las entidades donde se concentra ese delito, en lo que va del 2015 se ha reducido más de un 31 por ciento.”
La tasa de incidencia delictiva total en 2014, es decir, “la que se refiere a todos los delitos cometidos (en México) fue la segunda más baja en los últimos 17 años”, según afirmó el encargado de conducir la política interior del país. Para cerrar el tema de la seguridad pública, señaló que “esos son los resultados en lo inmediato, esas son la cifras (de la cuales no presentó ningún sustento que les den credibilidad) que están traduciéndose en colonia y barrios más seguros para las familias mexicanas…”
Todo lo anteriormente expuesto por el secretario de Gobernación, revela que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, percibe el problema de la seguridad pública de manera diametralmente opuesta a como lo vivimos y sufrimos millones de mexicanos que radicamos en México.
México no en el país de las maravillas que pregonan en sus cotidianos discursos Peña Nieto y sus desgastadas cajas de resonancia, como Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio.
Basta hojear la prensa nacional para enterarse que diariamente secuestran personas para cobrar recates de diversa magnitud y en no pocas ocasiones, después de cobrarlos, asesinan a las personas secuestradas.
Las extorsiones y los cobros de piso, en todas sus modalidades, ocurren en forma cotidiana y es excepcional el lugar del país donde no se comete alguna estafa.
Las fosas colectivas, donde la delincuencia organizada deposita los cadáveres de sus víctimas se encuentran sembradas en muchos puntos del territorio nacional.
El narcotráfico, en todas sus fases, desde la siembra, cosecha, industrialización, distribución y comercialización de enervantes, continúa operando con la acostumbrada normalidad, no obstante la aprehensión y encarcelamiento de algunos jefes y sicarios de los diversos cárteles.
Los robos y asaltos en calles, domicilios, establecimientos comerciales, transporte público de pasajeros, bancos, plazas públicas y hasta en templos religiosos, son acontecimientos cotidianos y comunes, a todas horas del día y en todas partes del país.
La cifra negra de los delitos que no son objeto de ninguna penalización en términos de ley, se estima en 96 o 97%. Esto significa que los actos delictivos operan a favor de los delincuentes, por el alto grado de impunidad que existe en el territorio nacional. Por eso México ocupa uno de los primeros lugares en la clasificación mundial de impunidad..
Al mencionar el tema de la desaparición de los 43 alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, Osorio Chong trató de justificar la injustificable inacción del gobierno federal en el momento oportuno.
Enfatizó que “no existían ni existen facultades para que el Estado mexicano intervenga con oportunidad en municipios como Iguala donde el crimen se coludió con la autoridades locales…” Cosa que es mentira.
De la misma manera como el gobierno federal intervino en Michoacán debió intervenir en Iguala. Habida cuenta que es del conocimiento público que en ambos lugares opera el narcotráfico y combatirlo es una facultad y obligación insoslayable del gobierno federal que encabeza el presidente Peña Nieto.
Se sabe que en junio de 2013, la Fiscalía General del Estado de Guerrero entregó a la Procuraduría General de la República la averiguación previa HD/SC/01/758/13 donde se atribuye al alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, tener vínculos con el narcotráfico y asesinar al líder de la Unidad Popular, Arturo Hernández Carmona, a quien Abarca dijo: “Me voy a dar el gusto de matarte.”
México, como cualquier otro país, cuenta con un servicio de inteligencia para garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, así como la seguridad nacional. Se trata del Centro de Investigación y Seguridad Nacional que depende de la secretaría de Gobernación.
El CISEN, es equivalente, en materia de inteligencia y análisis de información estratégica, a la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus iniciales en inglés) de los Estados Unidos de América.
El Presidente de la República, sin excusa ni pretexto de ninguna especie, tiene la obligación de saber con precisión, a través de la información proporcionada por el CISEN, la forma como se mueve el narcotráfico y el crimen organizado en el país. Esa información, si es, como debe ser, oportuna, veraz, de buena calidad y confiable, le permite al jefe del Ejecutivo Federal saber cuáles gobiernos estatales y municipales ─entre ellos el de José Luis Abarca─ se encuentran penetrados o dominados por el narcotráfico y tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno.
Por esta razón, el argumento esgrimido por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante su comparecencia en el Senado, de que el gobierno de Peña Nieto no tenía facultades para actuar en el caso de Iguala, es un pretexto inadmisible que el secretario de Gobernación utilizó, de mala manera, para justificar la inacción de las autoridades federales.
Es incuestionable que desde mucho antes que ocurriera el levantamiento colectivo de los normalistas en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sabían de los vínculos del alcalde José Luis Abarca con el narcotráfico. Si no lo sabían, ambos hicieron mal su trabajo.
De haber intervenido oportunamente el gobierno federal en el asunto que ahora trae de cabeza y hundido en un gran desprestigio nacional e internacional al presidente Peña Nieto, seguramente no estarían desaparecidos los 43 jóvenes normalistas, que por cierto, el día que fueron secuestrados, cometieron el delito de robo en pandilla, al apropiarse de los autobuses en que se trasladaron al lugar donde los levantaron.
En la siguiente colaboración para el periódico digital e-consulta, comentaré el tema de los derechos humanos a que se refirió alegremente el secretario Chong, en su comparecencia en el Senado de la República.