Hasta el momento se han detectado por lo menos 20 desarrollos inmobiliarios importantes que se están construyendo en el municipio de San Andrés Cholula, sin que hasta el momento, ninguno de ellos cuente con el permiso de construcción avalado por el municipio.
Incluso, uno de éstos desarrollos al cual sí le fue expedido dicho permiso, se comprobó que el documento que liberó la secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología es falso, ya que no está dado de alta en el sistema oficial del ayuntamiento de San Andrés, pese a contar con las firmas de las autoridades.
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Algunas de estos desarrollos son: Cube 2, Cabo Real Lofts, Villas Coyotepec, Torre Casiopea, Campestre Los Reyes, Torre Mossa, Campestre el Barral, entre otros, que se ubican en la recta a Cholula, Periférico Ecológico o Camino Real.
Algunos de los constructores que pidieron la gracia del anonimato, informaron a esta columnista que aunque pagaron en tiempo y forma por los trámites (licencias y permisos de construcción) hasta el momento sólo han recibido permisos provisionales de construcción.
Incluso, los desarrolladores aseguraron que están siendo extorsionados por los funcionarios municipales sanandreseños y señalaron en específico como responsables al secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Saúl Sandoval Tepox, y a su director de Desarrollo Urbano, Edmundo Tlatehui Percino.
El descontento y la frustración de los constructores está llegando a un límite, y como tal, se lo hicieron saber al secretario de Desarrollo Urbano, sin embargo, no ha habido ningún cambio de actitud por parte de las autoridades para regularizar las construcciones que día a día continúan elevándose hacia el cielo cholulteca, ya que se trata de edificios departamentales superiores a los 7 pisos.
Los constructores explicaron que los funcionarios les pidieron el dinero en efectivo para liquidar los trámites correspondientes, y sin disimulo, les exigieron un soborno (igual, en efectivo) que va del 5, 10, 15 o 20 por ciento, dependiendo de la inversión del inmueble en construcción. La versión de los funcionarios era que sólo obedecían indicaciones del presidente municipal, Leoncio Paisano, y que ‘el apoyo’ (refiriéndose al soborno) era una cuota que pedía el alcalde a todos los constructores que quisieran emprender una obra en San Andrés.
Otra denuncia que hacen los constructores es que, por ley, el 20% del área en construcción debe estar destinada a la creación de zonas verde y áreas de donación, sin embargo, los personajes antes citados les exigen que en lugar de dar ese porcentaje en área verde, se entregue en efectivo a los funcionarios municipales de Desarrollo Urbano y Ecología.
Por ejemplo: El fraccionamiento Torre Casiopea debe pagar por una superficie de 467 metros cuadrados (que debía de ser destinado a área verde) la suma en efectivo de $732,723.00; lo mismo ocurre con Campestre los Reyes, cuya área verde debía de ser de 775.40 metros cuadrados, pero deberá pagar al ayuntamiento en efectivo $1’061,522.60.
Cabe aclarar que este dinero nunca ingresó a las arcas municipales de San Andrés.
Tanto Edmundo Tlatehui como Saúl Sandoval, justifican el retraso en la entrega de las licencias de construcción a que como subordinados del alcalde, sólo aceptan órdenes precisas de Paisano.
Sin embargo, el temor de los constructores es que los funcionarios municipales condicionen el funcionamiento de los inmuebles con la exigencia de una tajada mayor:
“nos sentimos burlados, extorsionados, pero también desesperados y comprometidos con los inversionistas porque estamos hablando de miles de dólares que están en juego, a parte de la reputación de cada constructora y del compromiso que adquirimos con nuestros empleados y prestadores de servicio… eso es lo que nos ha frenado para no denunciar a estos funcionarios corruptos”, coincidieron dos de los desarrolladores inmobiliarios más importantes de la zona.
Sin embargo, de continuar el problema con la administración municipal, no descartan iniciar su propia defensa jurídica.
Respecto a los 18 departamentos en la Colonia El Barral, ubicado en Real de los Cipreses No. 1825, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología extendió una licencia de construcción con oficio TO/225/15, el cual fue firmado por José Gustavo Garmendia Palomino, entonces secretario de Desarrollo Urbano, así como el director actualmente en funcionaes, Edmundo Tlatehui Percino. Sin embargo se comprobó que este documento es falso, ya que no cuenta con el sello de la misma secretaría, además de que no está dado de alta por el sistema oficial municipal.
Por supuesto que esta historia continuará con más material fotográfico, grabaciones, declaraciones y denuncias…
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