Y ahora nos quieren vender la idea de que la descomposición del Instituto de Educación del Estado de Oaxaca (IEEPO) fue culpa de una ominosa organización que por arte de magia usurpó la operación de esa dependencia gubernamental como si sucesos como la venta de plazas, el tráfico de influencias para lograr cambios de adscripción y dobles plazas, incremento de horas, el robo y la duplicidad de claves no hubiesen sido una práctica recurrente propiciada, tolerada o ignorada en el mejor de los casos, por autoridades educativas en todas las secretarías de educación locales. Previamente a las acusaciones públicas que se hiciesen en contra de dirigentes de la sección 22 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y al encarcelamiento de Elba Esther Gordillo Morales, la organización que dirigía la “maestra” habría sido objeto de una campaña mediante la que se les acusara de diversas corruptelas que habría que corregir mediante la ¿recuperación? de la Rectoría del Estado en materia educativa.
El “quid” del asunto se originaría, sin embargo, en el camino que maestras y maestros de banquillo deberían seguir para mejorar su condición laboral. Sin un mecanismo claro que se previera en el escalafón, las plazas, los ascensos y cambios de adscripción dependían de favores discrecionales que les fueran concedidos por alguna de las dos partes involucradas en una relación bilateral establecida entre el SNTE y las autoridades educativas. Para nadie fue un secreto que los ascensos y las plazas estaban sujetas a la leyes del mercado, que se podían heredar sin importar la preparación profesional de beneficiario y que incluso maestros y maestras en edad de retiro, las podían vender al mejor postor mediante una red de intermediarios, gestores del SNTE, que a cambio de una fracción de las horas consignadas en el nombramiento operaban la sesión de los derechos a terceros.
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Mediante mecanismos propios de la delincuencia organizada, corredores “profesionales” tejían una amplia red de complicidades en la que involucraban lo mismo trabajadoras y trabajadores de base incluidas las de menor rango en la administración del sector educativo (intendencia) y secretarias, algunos dirigentes gremiales de diferentes filiaciones lo mismo que funcionarios del sector educativo, a través de la que promovían la venta de horas y de plazas. Por intermedio de personal docente en funciones, citaban a los interesados en domicilios particulares o en oficinas públicas, hacían gala de sus relaciones con personal administrativo y con funcionarios, se ostentaban como compadres o parientes cercanos al Secretario y a cambio de montos que oscilaban entre los 120 y 180 mil pesos, dependiendo de la plaza requerida, hacían promesas de plazas ubicadas en lugares privilegiados mediante un cómodo enganche y cómodas y entregas ficticias de lugares alargaban la fecha de la promesa.
Propio de expresiones sindicales del SNTE, de sindicatos independientes con y sin registro, de organizaciones sociales pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI), de funcionarios gubernamentales de los más altos niveles vinculados al sistema educativo y bajo pretextos de ampliar la oferta educativa en niveles en los que se requería por carecer de escuelas, la venta de plazas, al margen de las autoridades, adquirió el carácter de justificación a una demanda social. El formato era y sigue siendo el mismo: con el objeto de ampliar su membresía y engrosar su peculio, dirigentes de las organizaciones se presentarían ante comunidades que demandarían la creación de escuelas secundarias y de bachillerato, tras enarbolar una demanda social “justificada”, convocarían a personal docente de su organización para integrarse a la plantilla docente de un nuevo centro de trabajo -sin techo presupuestal previamente autorizado- sustituyéndolos por personal afín en la escuelas de origen para finalmente exigir la regularización de las plazas.
Justificación para la recuperación de la operación institucional de las secretarías de educación en el país de acuerdo a lo previsto por las reformas educativas del sexenio de Enrique Peña Nieto, el ingreso y la promoción en la carrera docente estarían sujetas a reglas aprobadas por la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) que, aparentemente, cerrarían el paso a la venta de plazas y a cualquier tipo promoción e incluso, como lo señala el artículo 25, habría sanción para quienes quisiesen obtener una plaza por una vía diferente a la prevista en la Ley General y para eso realizaran “un pago o una contraprestación” lo mismo que para quienes obtuviesen algún beneficio. Sin embargo, el SNTE conservaría intacta la estructura de control político mediante la figura del director de escuela, quien autorizará la participación del personal docente bajo su autoridad en la subsecuentes evaluaciones y permitirá que continúen en todo el país, las viejas prácticas vinculadas con la corrupción ahora cuestionadas a la CNTE.