Comentar que la evaluación a los docentes se aplicaría así “llueva o truene’’, abriría la puerta para analizar la conducta “fundamentalista” que manifiesta Emilio Chuayffet Chemor, titular de la oficina educativa de la presente administración; señalar que “quien piense lo contrario ofende al presidente Enrique Peña Nieto,” sería, a mi parecer, el colmo de la estulticia gubernamental al calificar como ofensores, a los muchos que en el país disienten del servilismo con el que se refiere a su “patrón”, Gracia. La realidad muestra lo contrario, el comunicado 158, de fecha 20 de Junio del 2015, difundido por la sala de prensa de la Secretaría de Educación Pública, reconoce que “El proceso de evaluación para la promoción a cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica, en su primer día de realización, avanza en 30 entidades del país, …” salvo que, en Michoacán llovió, al parecer en Oaxaca tronó, sin mencionar un huracán que azotó diversas regiones de Chiapas y que al margen de lo que dispone Chuayffet, autoridades educativas estatales de la mano con funcionarios de la Secretaría de Gobernación seguramente ofensoras de la deidad presidencial, al inicio del ciclo escolar 2014-2015 recurrieron a la “contratación” de maestras y maestros -que no presentaron la evaluación de ingreso al servicio profesional docente- para prestar con regularidad el servicio educativo demandado por madres y padres de familia.
Pero, el tema de la evaluación a los docentes como eje de la mejora educativa pasaría a un segundo término por diferentes razones si no fuese por que la prueba sustentada mereciera críticas del personal docente que la presentó, entre las que se podría mencionar su parcialidad, al centrase solamente en evaluar “conocimientos” que los y las docentes podrían mostrar ante una prueba estandarizada dejando de lado cuestiones tan importantes como los resultados obtenidos a través de la práctica docente, las diferencias socioculturales, de formación profesional y, aunque a través del censo universal realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) se demostrara que un porcentaje elevadísimo de instituciones carece de los elementos materiales mínimos para funcionar y que cada una de cada dos instituciones públicas de educación básica opera como escuela multigrado en las que un solo docente atiende dos, tres o los seis grupos y no se califica -evalúa- al Estado por el mayor o menor grado de inversión pública responsable, tampoco se valora de acuerdo a perfiles, parámetros e indicadores previamente determinados al Secretario de Educación Pública (SEP) y a quienes se desempeñan, con bastante volatilidad, como mandos medios e intermedios y superiores de la alta burocracia educativa y no se taza en este proceso, la pertinencia de planes y programas de estudio, contenidos programáticos ni las “pobres pruebas” elaboradas por expertos burócratas de SEP, que se aplican “institucionalmente” a niñas, niños y adolescentes, que se ignora, sin calificar, el efecto nocivo y pernicioso generado en los y las menores, por los medios masivos de comunicación a través de los programas chatarra y de los comerciales de televisión mediante los que se les “adiestra” en el consumo de productos dañinos para la salud física y mental.
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Entre quienes sustentaron exámenes para promoverse cargos de “dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica”, privan opiniones coincidentes con especialistas en el rubro evaluación educativa. Que la prueba tiene el firme propósito de reprobar a los sustentantes, señalaría un suspirante de Nuevo León mediante redes sociales, afirmación coincidente con la de Francisco Martínez Rodríguez, ex director general adjunto de Instituto Nacional de Evaluación quien análisis de por medio (Comparación entre el Examen de Oposición aplicado en 2014 y el que se aplicará en 2015.) apuntaría que las evaluaciones que se aplicarían en 2015, “serán más difíciles y los profesores tendrán menos tiempo, en promedio, para resolverlas.”: que la información disponible en la páginas de la Coordinación del Servicio Profesional Docente de la SEP y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) es menor a la del 2014. Entre las críticas compartidas por Juan Carlos destacan las que señalan “errores de redacción y dedo” en la formulación de inquéritos del conocimiento, “preguntas repetidas”, ítems que privilegian el uso de la memoria sobre el razonamiento vinculados a uso de la normatividad incluidos acuerdos secretariales y leyes, preguntas confusas y mal planteadas que originaron perdida de tiempo al tratar de entenderlas, elaboradas supone Juan Carlos y supone bien, por personajes que no tendría “ni idea” de pedagogía, al margen de los constantes bloqueos que presentó el sistema de cómputo y que les obligaban a reiniciar el procedimiento.
Concluye Juan Carlos de manera literal “8.- En pocas palabras nos quieren partir la madre. Saludos a todos”. Coincido en ese tenor con Francisco y con Juan Carlos, Gracia, tras el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), institución que ha cometido errores garrafales en su trabajo, verbigracia los dos mil reprobados y los 2000 aprobados en un examen de admisión de la Universidad Veracruzana que no lo eran, se encuentran aviesas intenciones que permiten presuponer que tras la careta de “calidad de la educación” existe un “presunto” ajuste de cuentas entre quienes se sienten con derecho a gobernar sin ser electos –los empresarios- y quienes, consideran, usufructúan los beneficios de un Estado Corporativo –trabajadores y trabajadoras de la educación-. En su afán por hacer negocio privados con dinero público, alguien en el INEE, mediante la asignación directa de contratos sujetos a concursos internacionales, tira al bote de la basura un instrumento, la evaluación, fundamental para cualquier proceso de mejora continua de las instituciones y de maestros y de maestras en lo particular, y del sistema educativo en general Gracia.