Los servicios públicos municipales se definen como “toda prestación concreta tendiente a satisfacer necesidades públicas, realizada directamente por la administración pública o por particulares mediante concesión, con reglamentación legal para determinar las condiciones técnicas y económicas de prestación del servicio, a fin de asegurar al menor costo, eficiencia, continuidad y eficacia” (Añorve, 1998, pp.27-28). Son ejemplos de servicios públicos municipales el agua potable, alcantarillado, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, pavimentación de calles, parques, seguridad pública y tránsito.
En el ámbito municipal de nuestro país, la facultad que tienen los gobiernos municipales para prestar los servicios públicos antes mencionados, está fundamentado en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El establecimiento de esta facultad también se reconoce en las Constituciones Políticas de los Estados, así como en las Leyes Orgánicas Municipales, además de reglamentos o normatividad específica en la materia.
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Las tendencias modernizadoras de la administración pública y las perspectivas de inclusión de los ciudadanos en los asuntos públicos que ha permeado en el nivel municipal, han permitido la participación de particulares en la prestación de servicios públicos municipales. Sin embargo en términos jurídicos, no hay suficiente claridad desde la Constitución federal sobre la forma en que habrán de participar los particulares, ya sea a través de la concesión (Armienta, 2013, p.99) o la privatización y esto es un asunto importante de tratar, pues los gobiernos municipales en las últimas décadas ante la deficiencia en la prestación de servicios y problemas presupuestarios, recurren a la concesión de servicios, siendo una manera práctica de solución inmediata.
En este sentido es necesario hacer una diferenciación entre la concesión y la privatización, aunque en la cotidianeidad se manejan como iguales. Rodríguez Chirillo, expresa que la privatización consiste en la “transmisión de la titularidad de los medios de producción o de la competencia para ejercer determinada actividad, del sector público al sector privado. Hay privatización cuando la actividad o la competencia deja de ser pública” (Chirillo en Chávez, 2001, p. 15).
La privatización puede entenderse como la “concurrencia del sector privado a la atención de necesidades de la población, ante la carencia de los recursos de los Estados” (OIT, 1998, p. 6).
Por otra parte la concesión de servicios públicos refiere a “un contrato por el que el Estado encomienda a una persona física o jurídica, privada o pública, la organización y el funcionamiento de un servicio público por un determinado lapso. El concesionario actúa por su propia costa y riesgo. La labor se retribuye con el precio pagado por los usuarios” (R. Dromi, 1998, p.33).
En suma, la diferencia entre privatización y concesión es que en la primera, se transfiere tanto la gestión como la titularidad del servicio público al sector privado, en la concesión, sólo se transfiere por un lapso determinado la gestión del servicio y no la titularidad o dominio del mismo. Y el servicio tiene un costo que por supuesto, es absorbido por los usuarios.
Lo anteriormente expuesto ayuda a comprender, porque en realidades como la del municipio de Puebla, se han concesionado aunque parecieran privatizaciones, desde la década de los 90`s los servicios de recolección de basura, agua potable, alcantarillado y alumbrado público, pues las autoridades no ponen un alto ante los ineficientes servicios que tenemos. Desafortunadamente las empresas funcionan unilateralmente y las autoridades, evaden la rendición de cuentas, en el sentido de las cantidades millonarias que obtienen en nuestro supuesto bienestar.
Al respecto y a manera de ejercicio prospectivo, podríamos suponer ¿qué ocurriría si las autoridades del municipio de Puebla, decidieran privatizar los mercados y la central de abastos, porque no encuentran otra salida para mejorar el servicio?
¿Qué argumentos y criterios utilizarían ante los comerciantes y sus organizaciones?, ¿las autoridades dialogarían con los comerciantes o sólo les avisarían de la decisión y utilizarían la fuerza?, ¿los problemas de los mercados del municipio respecto a la limpieza, salud, imagen, ocupación, entre otros, lo podrán resolver particulares?
Todo indica que el ayuntamiento está aplicando un instrumento de diagnostico - a decir de los comerciantes- por una firma española con un contrato de cinco millones de pesos-. ¿Después de la encuesta que viene?
No hay que olvidar por las experiencias que ya tenemos en el municipio, los que más ganan son los concesionarios y los gobernantes que les dan ese derecho, pero en esta reflexión, ¿los ciudadanos tendríamos mejores mercados municipales?
Por el bien de los comerciantes y los usuarios que esto no se convierta en un asunto político de mayor magnitud, ojala se exploren otras alternativas. Lo más seguro es que después de las elecciones del 7 de junio se impondrá el “instinto animal empresarial” …la ganancia …son los nuevos tiempos desde el poder estatal y municipal
nish76@hotmail.com