En dirección contraria a los reiterados discursos oficiales que intentan demostrar avances en el desarrollo que los habitantes no perciben, la sociedad civil nuevamente intenta rescatar sus derechos políticos dentro del marco de la legalidad para corregir los efectos causados por las estructuras torcidas de la partidocracia mexicana.
Un movimiento social está extendiéndose por varias regiones del país para exigir la refundación del estado mexicano, justificado en la crisis social que se vive en el país, a decir de los promotores de la iniciativa Constituyente Ciudadana. Sus fundadores reconocen que “La actual situación social no tiene solución en el margen del régimen político actual y que ésta no vendrá de la clase política que gobierna la nación. La crisis exige la refundación del estado, la refundación de la nación, que debe surgir de la sociedad civil, trabajadores, indígenas, mujeres, ya que la clase en el poder jamás hará esto, pues sería un duro golpe para ellos y sus bolsillos”, expusieron.
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Este propósito fue previamente expuesto por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) durante el mes de noviembre último, cuando encontró responsabilidades individuales en el gobierno actual por crímenes internacionales, por delitos contra los derechos económicos, sociales y culturales, por delitos contra el medio ambiente y por la existencia de un cuadro generalizado de impunidad. En este contexto dictaminó que “Ante una crisis institucional y de legitimidad del Estado Mexicano, que viene configurándose hace tiempo y que ha mostrado su enorme gravedad en últimas semanas, tras los sucesos de Iguala, el TPP constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México”.[1]
Conceptos tales como el desmantelamiento de garantías y derechos ciudadanos, violación a la liberta de expresión, control de la información pública, autoridades elegidas corruptas, impunidad, etc. ameritaron las acciones consignadas en la sentencia de la audiencia final del Capítulo México en la organización del TPP.
En la visión de avanzar en la refundación de México, según el documento, “. . . se trata de detener y revertir el poder orientado a la imposición de un modelo insostenible que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la mayoría de la población, la condena a la dependencia, a la pobreza, a la emigración o a la violencia social y a la desprotección y le niega el presente y el futuro; [se trata] de poner los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social mexicano, en torno a objetivos de desarrollo y bienestar centrados en la igualdad entre y dentro de los pueblos de México.”
Pareciera que los hechos que se enuncian y juzgan en el documento citado pudieran ser atrevidamente generales como para proponer una refundación del estado mexicano, pero la realidad que hoy confrontan los habitantes en cada entidad federativa de nuestro país, le asignan pertinencia y oportunidad a la iniciativa. Si usted apreciable lector, lee el párrafo precedente pensando en Puebla le será fácil encontrar la concordancia con la realidad que padecemos los poblanos. Habrá que estar pendiente del avance de la iniciativa.
Mientras tanto, los poblanos debemos empezar a planear ya el modo en que podremos rescatar los daños que esta administración por omisión, ha causado a todos y cada uno de los componentes ambientales de todo el territorio, entre ellos a la población más desprotegida. Lo mejor que podemos hacer es empezar a trabajar en la construcción o descubrimiento del “Momento Cero”, a partir del cual se generen propuestas de políticas públicas que no sólo conduzcan a revertir la compleja y difícil situación imperante, sino que aprovechen las oportunidades de desarrollo municipal que esta flaqueza conlleva.
Desde esta forma de ver las cosas, se precisa que cada municipio identifique su potencial de recursos naturales, así como los espacios de su aprovechamiento sustentable. Esta debe ser la primera etapa de un proyecto sin final. Los recursos naturales del estado de Puebla pueden ir más allá que solo salvaguardar la seguridad alimentaria e impulsar el desarrollo sustentable de sus economías municipales.
Una política de economía verde puede ser una alternativa confiable, pues promueve la inversión en valores del capital natural, como la silvicultura, el mejoramiento de suelos, la agricultura, la pesca, las cadenas productivas. A diferencia de las políticas económicas que asignan altísimas sumas de presupuesto en obras de cemento de muy bajo rendimiento en el corto y mediano plazo, el incremento de ingresos por mejoramiento en la producción de bienes naturales, traería beneficios locales directos y una dinámica económica regional inédita. La superación de la pobreza necesita transitar por el camino de la productividad, no por el del asistencialismo oficial.
Aliviar situaciones de pobreza en las comunidades rezagadas requiere de identificar las oportunidades que se abren ante la gestión racional de sus recursos naturales. Si para este objetivo fuera necesario refundar la entidad federativa en los términos que anteriormente se citan, pues a refundar Puebla.
[1] http://www.tppmexico.org/sentencia-de-la-audiencia-final-del-capitulo-mexico-del-tpp/