Es posible que los poblanos hoy tengan mayor o menor conocimiento sobre la oficialmente documentada ineficiencia en la actual administración estatal, reflejada entre otros temas, en la inexcusable falta de control de los hechos delictivos que asolan a todo el territorio del estado, y en la incapacidad de entender y controlar el avance de la pobreza que hoy atrapa a más de la mitad de la población.
Lamentablemente no hay nada que pueda revertir esta situación en los dos años que restan del periodo de gobierno; sobre todo porque los ingresos financieros que podrían soportar un golpe timón dirigido a la posibilidad de recuperación poblana en ciertos rubros de la administración pública, están ya comprometidos por cuando menos 20 años para cubrir los esquemas de PPS concertados en obras alejadas de las necesidades sociales. No hay discurso oficial que pueda negarlo, por más retocados que sean los enfoques con que se arman los lapidarios discursos oficiales.
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Los especialistas en derechos humanos, o en impartición de la justicia, o en prácticas legislativas, electorales, y varios temas más, seguramente levantarían la mano para señalar la importancia de estos temas con que el gobierno poblano también ha resultado en perjuicio de sus gobernados.
Entre todos esos temas de delicada trascendencia existe el de la situación ambiental poblana, cuya política pública estatal ha sido de omisión; cómoda iniciativa que pronto ha visto emerger avances en el agravamiento de la contaminación de aguas superficiales, en la escasez de fuentes de agua limpia, en la superficie de suelos contaminados, en el deterioro de recursos naturales, en la pérdida de las escasas oportunidades económicas en los municipios pobres. Este fenómeno de decadencia en la situación ambiental poblana demanda cada vez más costosos y complicados manejos, ya que volver a las condiciones originales es prácticamente imposible y en el largo plazo apenas puede aspirarse, siempre que existan presupuestos e ideas razonadas, a orientar procesos de adaptación social a nuevos roles en los sistemas ambientales, por supuesto menos favorables.
El soslayo oficial por la situación ambiental ha provocado que se omita la evaluación y control de los impactos ambientales sinérgicos y acumulativos asociados a las mismísimas obras públicas el gobierno del estado. El daño ambiental y social alcanzado puede dimensionarse a nivel cualitativo accediendo al número de obras emprendidas sin evaluación previa ni control del desempeño ambiental de la obra, pero no son fácilmente cuantificables de inmediato en sus alcances económico y social. Peor que todo ello es que gran parte del daño es irreversible y su aportación al caótico comportamiento ambiental, toda proporción guardada, es inevitable.
Entre la oscuridad del desentendimiento oficial en la situación ambiental, resulta extraña e inesperada la emergente preocupación estatal por mejorar la calidad del aire en Puebla, que le impone la urgencia de descalificar, clausurar y cancelar los centros de verificación vehicular que ellos mismos autorizaron para todo el estado. Sin difundir un estudio serio sobre los niveles de riesgo alcanzados por la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de Puebla y sus causas, de repente aparece la solución mágica: Se requieren nuevos concesionarios para realizar la verificación, a quienes hay que darles el tiempo que soliciten para instalarse, no importa si la calidad del aire en más de medio año sin verificaciones se empeora.
Esto de incorporar nuevas estaciones de verificación vehicular forzadamente legitimadas, tiene un trasfondo sustantivamente recaudatorio en favor de dos actores principales: el gobierno del estado y el concesionario. La preocupación de la calidad del aire que respiramos los poblanos no debe ser mucha, toda vez que se ha dejado transcurrir más de medio año sin que se verifiquen las emisiones de los vehículos en el estado, pero más interesante es el hecho de que tampoco sabemos cuáles las consecuencias de que no hayamos hecho revisar las emisiones de nuestros vehículos. El asunto es que el gobierno del estado ha dejado de lado la estrategia de política pública en materia de calidad del aire, pero se ha inventado un modelo generador de ingresos con antifaz ambientalista.
Y es que según el gobierno del estado, al mejorarse la operatividad en los centros de verificación vehicular se reducen las emisiones contaminantes[1]; ridícula aseveración pues son dos temas diferentes, ya que los autos no contaminan menos si el aparato medidor de emisiones es mejor, por lo tanto la verificación de las emisiones de los autos no es por sí misma una solución a una deficiente calidad del aire, sino debería ser un indicador más de la situación existente. Pero no se aprovecha como un indicador de la calidad del aire porque el propósito es obtener un ingreso económico de cada vehículo cada año. A nadie le interesa si el resto de 364 días ese mismo vehículo emite contaminantes por arriba de los límites permitidos. La preocupación no es pues, la salud de los poblanos.
No puede ignorarse que la calidad del aire debe ser prioritaria para cualquier gobierno. Sin embargo no es un asunto que puede resolverse con acciones lineales desagregadas; es decir, si el comportamiento atmosférico es por naturaleza complejo, el manejo de una de sus consecuencias como es la contaminación que afecta a la salud humana, debe tener un manejo también complejo. Ahí es donde se dimensiona la importancia de los programas integrales de gestión de la calidad del aire, pues conjugan tanto un diagnóstico como un modelo de gestión no lineal que lleva al objetivo de mantener el aire en los niveles de calidad esperados. Puebla tiene un programa de gestión de la calidad del aire, pero se encuentra en los archivos de la dependencia estatal. Sólo ha servido para justificar solicitud de recursos financieros federales que no se ajustan a las propuestas del mismo.
[1] Puede leerse en el Programa de Gestión de la Calidad del Aire del Estado de Puebla. Pág. 174