Ante la marejada de propuestas de reformas que acaparan la información mediática parecen quedar atrás del escenario de nuestro país, los brotes de inseguridad que aquejan a la población, subsistiendo entre los habitantes de aquellos estados en que la fuerza militar ha tomado las riendas de la seguridad pública, la sensación de que es normal y preferible la presencia de dichos elementos, ante la incertidumbre que pueden representar elementos policiacos de nivel federal, estatal o municipal.
Así que el ciudadano que desea prevenirse ante la posible presencia de grupos delictivos se ve en la necesidad de incrementar sus medidas de seguridad, que pueden consistir en colocar protecciones a sus inmuebles, contratar un servicio de monitoreo para su casa o negocio, o la presencia de elementos de seguridad privada para la colonia o fraccionamiento, con los gastos que esto pueda representar para su economía privada, sin que exista la certeza, de que contando con estas medidas de prevención, no estará sujeto a alguna eventualidad.
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Adicionalmente, cada vez son más las voces ciudadanas que se levantan para emitir su denuncia pública de actos de corrupción, como puede ser la “cuota” diaria o semanal para que elementos de seguridad –pública, privada o amorfa- eviten la intromisión de sujetos delictivos en sus negocios… eso sin contar que en general la percepción ciudadana sobre inseguridad en México se ha elevado, no en vano la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013, realizada por INEGI, reveló que “la percepción de inseguridad en la entidad federativa, al momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2013), llegó a 72.3% de la población de 18 años[1]”, reconociendo que a nivel nacional el tema que más preocupa al mexicano es precisamente la inseguridad, seguido del desempleo y en tercer lugar la pobreza.
Ante esta situación parece congruente que el Plan Nacional de Desarrollo indique como Meta Nacional I. México en PAZ, pero cuántos recursos económicos serán necesarios para alcanzarla, si la propuesta le apuesta al federalismo articulado, la seguridad nacional, la defensa exterior y seguridad interior, la seguridad pública, el sistema de justicia penal, los derechos humanos, la protección civil y los desastres naturales, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción?
Menuda labor resta esta semana de noviembre en el Palacio de San Lázaro, pues ante la eminente aprobación del Presupuesto de Egresos, nos queda muy claro que de poco sirve el incrementar el gasto público en materia de seguridad nacional o en combatir a la corrupción, situaciones que parecen reincidentes en el discurso, mal planificadas y ejecutadas en la práctica. Por otro lado, el ciudadano se considera más afectado en su económica y menos creyente del utópico estado de derecho.
Agradezco, con mucho respeto sus comentarios y sugerencias en: normapimentel@hotmail.com. Tenemos una propuesta, la creación y fomento a la Cultura de Legalidad.
[1] Información visible en la liga oficial: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2013/septiembre/comunica15.pdf