Impulsan intérpretes indígenas y de señas para FGE tras caso en Pahuatlán

Los diputados de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla aprobaron reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que contraten intérpretes a fin de atender a personas que hablan una lengua indígena y también para quienes padezcan de debilidad auditiva.

Lo anterior se generó luego de que en noviembre la institución no atendió a una menor originaria de la comunidad de Atla en el municipio de Pahuatlán, que iba a denunciar ser víctima de violación.

El hecho generó indignación, la propia FGE reconoció que no pudo levantar la denuncia para que la menor pudiera explicará la situación, lo que retrasó el caso.

Ante ello, la diputada de Morena, Marisol Amieva presentó la iniciativa para obligar a la Fiscalía General del Estado de Puebla a contar con traductores o hablantes de lengua indígena y de señas para atender a personas que lo requieran en cada una de sus instancias.

La morenista aseguró que esto ha sido una petición constante por lo que la lucha para generar igualdad debe continuar y se debe establecer en la Ley para que todos tengan un libre acceso a las instituciones.

“Con esta reforma, ese escenario cambia de raíz, la fiscalía queda obligada a asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de intérpretes o de traductores profesionales para que cada persona denunciante entienda plenamente sus derechos”, comentó.

La reforma se aplicará en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado en los artículos séptimo y octavo para que esta instancia contrate personas que garanticen la comunicación con todos los ciudadanos.

Esto fue aprobado en dicha comisión y ahora pasará al Pleno del Congreso del Estado de Puebla para que los 41 legisladores lo aprueben y quede sustentado en la ley.

Fue en noviembre cuando la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que una niña indígena, víctima de abuso sexual, no pudo presentar su denuncia de manera inmediata debido a que en la agencia del Ministerio Público no se contaba en ese momento con un perito traductor en lengua náhuatl.

Ante esta situación, la menor —junto con su madre, abuela y hermano— fue trasladada al Centro Libre Casa Carmen Serdán de Huauchinango, donde quedaron bajo resguardo, en tanto se generaban las condiciones necesarias para formalizar la denuncia. (CR)