Sin avances ante la devastación socioambiental en la Cuenca del Alto Atoyac

A pesar de que en los últimos años se denunció que en la Cuenca del Alto Atoyac se agudizó la devastación socioambiental, ni el gobierno federal ni los estatales y municipales de Puebla y Tlaxcala han revertido o atendido la situación; las personas y comunidades enteras siguen violentadas en sus derechos humanos, individuales y colectivos.

Así lo denunciaron integrantes de la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (Renacer) en Puebla y Organizaciones de la Renacer de la región Tlaxcala, así como la Asamblea Comunitaria Socioambiental, quienes demandaron al gobierno en todos sus ámbitos, particularmente a los estados de Tlaxcala y Puebla, “poner al centro de toda acción gubernamental el bien común, privilegiando el cuidado y desarrollo de todas las personas y de los ecosistemas, y no sólo el interés de unos cuantos”.

Expusieron que aunque ya se probó que la contaminación industrial presente en agua, suelo y aire, tienen impactos directos en la salud de las personas y de los ecosistemas, es decir, devastación socioambiental, la política del Estado sigue con la atracción de industria e incluso la construcción de nuevos espacios industriales como el denominado Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, en Huamantla, sin que a la fecha se presenten propuestas legislativas o de política pública que obligue a las industrias a tratar adecuadamente sus descargas y emisiones contaminantes.

Cancelar definitivamente el proyecto del Ecoparque Tlalli-Malinche y elaborar con las comunidades, científicas y científicos que han estudiado la problemática, un plan integral para la restauración de la Cuenca del Alto Atoyac, así como su posterior implementación, son parte de sus exigencias.

También pidieron que para atender la contaminación no se vaya a las consecuencias, como se intenta hacer con la insistente idea de construir plantas de tratamiento, sino que se obligue a las industrias a que controlen y traten las sustancias tóxicas que emiten al agua, aire y suelo.

Además, el garantizar en la legislación estatal el Derecho Humano al agua y el reconocimiento y fortalecimiento de los Comités Comunitarios del Agua, respetando sus formas tradicionales de organización y gestión.

Contaminación y enfermedades

Durante una conferencia en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), integrantes de Renacer denunciaron que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, los beneficios que prometieron los gobiernos neoliberales para salir de la pobreza fueron nulos.

En cambio, sí existe padecimiento en todo el país por sus dañinas consecuencias, como la violenta devastación socioambiental, las graves enfermedades crónico degenerativas y las muertes provocadas a partir de la instalación de industrias y empresas transnacionales y nacionales tanto públicas como privadas, sumamente contaminantes, “que siguen envenenándonos y destruyendo nuestro medio ambiente sin control, debido a la desregulación en el uso, explotación y protección de la naturaleza”, bajo la complacencia de autoridades.

“Nos han orillado a mal vivir porque han contaminado nuestro territorio, llevamos más de tres décadas expuestas a sustancias tóxicas, peligrosas y contaminantes, que terminan acumulándose nocivamente en nuestros cuerpos, principalmente en las infancias y personas jóvenes, que en la mayoría de los casos sufren injustamente, desarrollan graves enfermedades o están condenados a morir a causa de todo tipo de cánceres, —incluida la leucemia—, enfermedad renal crónica, púrpura trombocitopenia inmunitaria, efectos negativos en los sistemas reproductivos y endócrino, abortos, nacimientos prematuros, malformaciones al nacer, aparición de tumores o neoplasias, trastornos neurológicos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, así como otras enfermedades respiratorias y raras que la ciencia aún no define”, denunciaron.

Identifican 60 infiernos ambientales en el país

Ecologistas y académicos comprometidos señalaron que, a través de investigaciones y estudios realizados, identificaron que en México existen cientos de Sitios de Emergencia Sanitaria y Ambiental (SESA), por la extrema contaminación.

“Ahí se superponen todo tipo de procesos contaminantes, agentes tóxicos y enfermedades, como consecuencia de esta grave situación. Por encima de estos sitios, sobresalen 60 grandes Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) o infiernos ambientales, donde la convergencia de los procesos extractivos y contaminantes sin control, han causado sufrimiento, destrucción y muerte”, acusaron.

Aunque los integrantes de Renacer dejaron claro que están interesados en el desarrollo de la economía e industria nacionales, así como el empleo para las mayorías, se pronunciaron por la urgencia de un plan general de justicia ambiental y de salud contra la devastación socioambiental para las comunidades afectadas y las personas trabajadoras que laboran y viven en los Sitios y Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (SESA y RESA) en México.

De no hacerlo, la tendencia al incremento de las enfermedades crónico-degenerativas asociables a la contaminación, así como la destrucción de ecosistemas, se extenderán cada vez más hasta volverse técnicamente irreversible, lo que provocará un descomunal colapso socio-ambiental y en el sistema de salud público.

Destacaron que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) financiados por el entonces Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) se acumuló una abundante y escandalosa evidencia científica sobre la presencia de todo tipo de procesos de contaminación, de agentes tóxicos y sus efectos, que detonan enfermedades graves dentro de las RESA: “No entendemos por qué diferentes instituciones gubernamentales hacen caso omiso de las evidencias de correlación entre la contaminación ambiental y las enfermedades degenerativas”, acotaron.

Citaron entre los lugares afectados gravemente por la contaminación: Tula, Atitalaquia, Atotonilco y Apaxco, en el sur del Valle del Mezquital, Hidalgo y Estado de México; el Corredor industrial entre San Pedro Barrientos y Lechería en el Estado de México; el valle de Toluca en el Estado de México; la Cuenca del Alto Atoyac en Tlaxcala y Puebla; el Salto y Juanacatlán en Jalisco; el norte del Istmo de Tehuantepec, Coatzacoalcos y Minatitlán, así como Tierra Blanca en Veracruz; el sur industrial, el norte agroindustrial y el centro de Guanajuato; el área urbana y conurbada de Monterrey; la región de La Laguna en Coahuila; las regiones agroindustriales del Valle del Yaqui y la cuenca del río Sonora, las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicalli, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y el rio Bravo; múltiples regiones de Campeche y Yucatán, la cuenca poblana de Libres Oriental, la región que rodea la Planta de la Comisión Federal de Electricidad en Los Azufres, así como el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán; Los Mochis Sinaloa y Santiago Ixcuintla, Nayarit, entre otras decenas de lugares más.

Puebla: impunes empresas contaminantes

En conferencia de prensa en Puebla, María Eugenia Ochoa, Ana Lluvia García y José Luis García, integrantes de la Renacer, exigieron a autoridades federales y estatales frenar la contaminación la Cuenca del Alto Atoyac y regular a por lo menos 50 empresas más contaminantes, las cuales permanecen intocables.

Alertaron que las industrias desechan diariamente 63.7 toneladas de tóxicos, de las cuales 17 se vierten al Atoyac y sus afluentes, convirtiendo a Puebla en una zona de emergencia sanitaria que reúne los casos más numerosos del país en daño renal asociado a la exposición a metales pesados, leucemia aguda infantil e hiperqueratosis palmar. (JRLM)