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Nación
Las explosiones en el Grito en Morelia en 2008, fue el primer atentado contra la población civil
Actos del crimen organizado que pueden ser considerados terrorismo
Foto / e-consulta
En los últimos 15 años, el crimen organizado en México ha implementado tácticas que, según el Instituto de Economía y Paz (IEP) y la ONU, califican como terrorismo: ataques para generar pánico poblacional, presionar autoridades o civiles, y atentar contra la seguridad nacional.
Aunque el narcotráfico aparentemente está motivado por el dinero y no por una ideología, sus actos han causado miles de víctimas, fragmentando cárteles y multiplicando violencia, con homicidios ligados al narco, pasando de 8 mil en 2015 a 20 mil en 2022.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) entre los delitos relacionados con el terrorismo figura el uso de la violencia con fines políticos (secuestro de aeronaves, ataques contra buques, uso de armas químicas o armas nucleares contra la población civil, secuestro y diversas formas de ataques hacia los civiles).
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Atentados del 15 de septiembre de 2008 en Morelia
El 15 de septiembre de 2008, durante la ceremonia del Grito de Independencia en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán —con cerca de 30 mil personas reunidas—, se registraron dos explosiones casi simultáneas de granadas de fragmentación poco después de las 23:00 horas, justo cuando el gobernador Leonel Godoy terminaba su arenga.
La primera detonación ocurrió en la plaza Melchor Ocampo, junto a la catedral y frente al palacio de gobierno; la segunda en el cruce de avenida Madero Poniente y Andrés Quintana Roo, cerca de la iglesia de La Merced.
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El saldo oficial fue de 8 personas muertas (3 en el lugar y 5 más en las horas siguientes) y 132 heridas, varias con amputaciones de extremidades.
Ningún grupo se adjudicó el atentado —el primero de este tipo contra población civil en México—, pero investigaciones posteriores lo atribuyeron al cártel de Los Zetas como represalia en el marco de la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006.
Alrededor de las 15:50 horas del 25 de agosto de 2011, entre 13 y 16 integrantes de Los Zetas llegaron en cuatro vehículos al Casino Royale, ubicado al poniente de Monterrey, Nuevo León. Provenían de cargar bidones de gasolina en una estación cercana tras reunirse en un restaurante.
Los agresores golpearon a la recepcionista, dispararon al aire, robaron pertenencias, destruyeron máquinas tragamonedas y rociaron al menos cuatro bidones de combustible en el área de bingo.
Según testigos, hubo una explosión y en cuestión de minutos prendieron fuego y abandonaron el lugar.
Las salidas de emergencia estaban cerradas con llave y el segundo piso no tenía salida. Las 52 víctimas mortales (mujeres en su mayoría) murieron asfixiadas por monóxido de carbono al refugiarse en baños y oficinas.
En febrero de 2015, el cártel de Los Zetas masacró a 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, ejecutándolos por negarse a trabajar en actividades de extorsión.
Sus cuerpos fueron abandonados a la intemperie a menos de 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
El pasado mes de enero, un juez federal sentenció a más de 70 años de cárcel a tres de los participantes en esta matanza.
Martín N., Román N., y Juvenal N., fueron responsables de los delitos de delincuencia organizada, secuestro con agravante y corrupción de personas menores de 18 años.
El secuestro de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero (2014) por Guerreros Unidos —aliados del crimen organizado— se extendió en impacto al 2015.
Los normalistas fueron entregados por policías locales al grupo delictivo, quien presuntamente los asesinó, incineró y dispersó las cenizas en un río, de acuerdo con declaraciones de algunos detenidos implicados en los hechos.
Sin embargo, hasta ahora no se sabe con certeza qué les pasó a los normalistas ni si todos fallecieron.
Ese mismo año, en Tlatlaya, Estado de México, soldados mataron a 22 personas de manera arbitraria, en un almacén.
En dicho evento se documentó que hubo órdenes directas para que se abatiera a los civiles, aunque las autoridades declararon que se había tratado de un enfrentamiento.
Sin embargo, testigos sobrevivientes informaron que varios de los ejecutados ya estaban sometidos cuando fueron privados de la vida.
En las elecciones presidenciales de 2018, el narco asesinó a 48 aspirantes, como Fernando Purón en Tamaulipas, baleado en un mitin.
En Guanajuato, el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) —rival del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— detonó coches bomba en varias alcaldías para sabotear las votaciones.
En 2022, grupos armados atacaron San Miguel Totolapan, Guerrero, bloqueando las carreteras de acceso con camiones, matando un total de 20 personas.
En el primer ataque, en una vivienda particular donde el presidente municipal Conrado Mendoza Almeida sostenía una reunión, fueron asesinados 10 personas: el alcalde, su padre (el exalcalde Juan Mendoza Acosta), el director de Seguridad Pública Fredi Martínez Suazo, el consejero Roberto Mata Marcial, los escoltas Samuel García y José Antolín Calvo Caballero, el administrador sanitario Génesis Araujo Marcos, un ciudadano estadounidense familiar del alcalde y dos residentes de la casa.
Al mismo tiempo, otro comando irrumpió a balazos el Palacio Municipal, donde murieron siete policías y un transeúnte. Además, se registraron disparos contra viviendas en distintos puntos del municipio. (MIG)