Reforma Judicial: Puebla es ejemplo de no democracia, acusa Mastretta

El riesgo que muchos dicen que corre el país con la Reforma Judicial, ya lo corrimos en Puebla, aseveró el periodista Sergio Mastretta, quien argumentó que los gobernadores controlaron a las autoridades legislativas y judiciales, por lo que consideró que la entidad no es un estado democrático.

Así lo afirmó durante un debate realizado en la cafetería Profética, donde cuatro especialistas presentaron sus argumentos a favor o en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y postularon sus ideas sobre qué vendrá para el país y el estado tras los comicios del 1 de junio.

Mastretta argumentó que en Puebla, "el gobernador controla el Congreso y controla los jueces. Eso ya sucede, tenemos un Poder Judicial que trabaja para el gobernador y así ha sido con los últimos ocho, diez, quince gobernadores", por lo cual el escenario que muchos vislumbran para México, ya estaría ocurriendo en el estado.

Para fundamentar su afirmación, puso como ejemplo las acciones emprendidas por la vía judicial por el exgobernador Mario Marín Torres contra Verónica Mastretta, a quien quitó la custodia del Parque del Arte con el apoyo de un juez local, únicamente siendo detenido por la vía de un amparo en el PJF.

Se pronunció el académico Víctor Reynoso, quien recordó el caso de la intervención del gobernador Miguel Barbosa Huerta en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

El especialista puso como ejemplo dicho caso de las consecuencias de la concentración del poder, así como de la acción favorable del actual Poder Judicial federal para detener lo que calificó como un presunto "robo o secuestro".

Además, Reynoso aprovechó para condenar la Ley de Ciberasedio o Ley Censura, señalando que "no nos vayamos muy lejos. Esta semana el Congreso aprobó una ley que es sumamente cuestionada, donde podríamos ser sancionados si subimos a redes algo que moleste a un político", reiterando la gravedad de la situación en el estado.

Lo que podría ocurrir en México

Durante el debate, el director de Poblanos Contra la Corrupción e Impunidad, Alejandro Guillén, destacó algunos de los temores que existen con respecto a la Reforma Judicial, incluyendo el riesgo que conlleva la supremacía del Tribunal de Disciplina Judicial sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Guillén advirtió que esta nueva superioridad trae consigo la posibilidad de que los jueces sean destituidos o enjuiciados si emiten decisiones con las que no estén de acuerdo, y criticó que se haya mantenido la figura de ellos sin rostro en la reforma.

Reiteró que las irregularidades en todo el proceso que constituyen un fraude a la Constitución, incluyendo la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y la presunta compra de votos en el Senado que permitió lograr su aprobación, junto con la existencia de presuntos acordeones oficiales.

Víctor Reynoso hizo eco de estas advertencias, aseverando que con esta reforma México se acerca más a la izquierda autoritaria de gobiernos como los de Cuba y Venezuela, así como al dominio total que tenía el PRI sobre las instituciones antes del año de 1982.

En defensa de la reforma, el sociólogo Carlos Figueroa argumentó que en México y América Latina, el Poder Judicial sirve a intereses "conservadores" y que este fue utilizado para perseguir a líderes de tendencia progresista, poniendo como ejemplo la inhabilitación política de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina.

Esto fue refutado por Reynoso, quien aseveró que la crítica está descontextualizada, puesto que en México los políticos que terminaron en prisión son principalmente "exgobernadores corruptos" pertenecientes a partidos tradicionales, como el PRI y el PAN.

También el sociólogo Figueroa criticó duramente al actual PJF, aseverando que fueron relativamente pocas las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto al derecho a la salud o al agua, en contraste con el gran número de tesis sobre la competencia económica y derechos de propiedad.

La profesora investigadora de la BUAP, Ana Lluvia García Vilchis, reconoció que la elección del Poder Judicial no fue un proceso perfecto, pero lo atribuyó en parte a las trabas puestas por el INE y a la abstención de la oposición.

Enfatizó que se trata de un primer ejercicio positivo de participación popular y que debe dar pauta a futuros procedimientos. (PSR)