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Seguridad
Edil de Quecholac podría ir a prisión hasta por 10 años
Está acusado de tres delitos; contra la procuración y administración de justicia, el más grave
El edil de Quecholac, Antonio Martínez Fuentes, podría enfrentar penas desde tres meses hasta los 10 años de prisión, en caso de que se le declare culpable por alguno de los delitos que le han imputado hasta el momento.
Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado información oficial sobre la situación legal del edil y hermano del líder criminal el Toñín, las fuentes cercanas al caso informaron que son tres los delitos que se le imputan.
En la audiencia realizada el martes por la noche y concluida ayer por la madrugada, se sabe que a Martínez Fuentes se le imputaron los delitos de ejercicio indebido o abandono de funciones públicas; abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal; y delitos cometidos en la procuración y administración de justicia.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Puebla, el primer delito, que es el de ejercicio indebido o abandono de funciones públicas, está previsto en el artículo 417.
En el caso del edil, se aplica la fracción VIII del mismo que estipula que comete este delito quien "por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsas, o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos".
La legislación señala que la pena en caso de ser señalado culpable de este delito es de tres meses a siete años de prisión y multa de una a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito.
Abuso de autoridad
El siguiente delito que se le imputó a Martínez Fuentes es el previsto en el artículo 419 del Código Penal del Estado, que corresponde a abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal.
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Este delito, en la fracción XXXV del ordenamiento legal señala que comete este delito aquel funcionario público que "teniendo a su cargo caudales del erario, les dé una aplicación pública distinta de aquélla a que estuvieren destinados o hicieren un pago ilegal.
La comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años y multa de veinte a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito.
Faltas en la administración de justicia
El tercer cargo que se le imputó al presidente municipal de Quecholac está previsto en el artículo 421 del Código Penal local y es el de delitos cometidos en la procuración y administración de justicia.
La fracción XXXV del Código Penal señala que se comete este delito cuando el funcionario desvía u obstaculiza la investigación del hecho delictuoso de que se trate o favorece que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia.
De los tres delitos imputados a Martínez Fuentes, este es el que tiene las penas más altas pues quien sea declarado culpable ameritará prisión de cuatro a diez años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito.
La situación legal del alcalde
Debido al hermetismo del caso, se desconoce desde cuándo la Fiscalía General del Estado abrió la investigación contra Alejandro Martínez Fuentes, así como el origen de las denuncias que derivaron en la investigación.
El edil fue detenido el pasado lunes en medio de un operativo de la Fiscalía General del Estado en la presidencia municipal de Quecholac, en donde Martínez Fuentes se resguardó pues su oficina contaba con puertas y paredes reforzadas.
Durante la noche del martes se realizó una audiencia en la que se le imputaron los delitos arriba enunciados, pero Martínez Fuentes se apegó a la duplicidad del término constitucional y será en una según audiencia cuando se determine si hay elementos para vincularlo a proceso.
Los cargos imputados hasta el momento no incluyen nada asociado a la delincuencia organizada que, presuntamente, encabeza su hermano, Antonio Martínez Fuentes, alias el Toñín, a quien se le vincula con ilícitos como el robo de combustible y el asalto a transporte de carga.