Un gobierno tolerante, incluyente, que admita la crítica y procure la participación de la sociedad prometió Luis Miguel Barbosa Huerta el 1 de agosto de 2019, cuando rindió protesta como gobernador sustituto de Pueblapero a dos años de su investidura ha destacado su confrontación con políticos, empresarios y hasta rectores.

El morenista cumplió en regresar los servicios del Registro Civil a las juntas auxiliares y devolver facultades administrativas a los municipios que integran Ciudad Modelo.

Sin embargo, en materia de seguridad hubo aumento en las denuncias por delitos del fuero común y el robo de gas LP, además de que cayó el índice de transparencia y rendición de cuentas.

Puebla también enfermó de Covid-19 y la pandemia se trató inicialmente con tropiezos, uno que escaló a nivel internacional fue cuando Miguel Barbosa aseguró que el virus sólo era “un riesgo para los ricos”. En la actualidad, más de 12 mil 900 muertos han dejado el coronavirus.

¿Se descubrió la corrupción de los gobiernos anteriores?

El 1 de agosto de 2019, en el auditorio Metropolitano, Miguel Barbosa Huerta señaló que su administración iba a combatir la corrupción, y anunció una serie de auditorías por la deuda superior a los 44 mil millones de pesos en Puebla que dejaron sus antecesores.

“Para que Puebla sepa la verdad y conozca la verdad (…) he instruido a la contraloría para que inicie auditorías a los gobiernos anteriores”, expresó después de su toma de protesta.

En el informe de gobierno de 2020, informó que se hizo una investigación contra 166 personas físicas y morales de administraciones anteriores –emanadas del PAN-, identificando probables delitos fiscales e irregularidades que ascendieron a 2 mil 766 millones 836 mil pesos.

Por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, el gobierno estatal presentó 12 denuncias por mil 259 millones 392 mil pesos ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado.

Hasta ahora no se conocen los nombres de los presuntos responsables, detalles de las supuestas irregularidades ni los avances de las pesquisas.

Los conflictos de Barbosa

Barbosa Huerta ha tenido desencuentros con aliados políticos, integrantes de su gabinete, así como líderes y gobernantes emanados de Morena, como la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.

A la alcaldesa morenista le intentó quitar el control de la seguridad pública, desacreditó públicamente sus acciones de gobierno, no hubo coordinación para el desarrollo conjunto de obras y llegaron al terreno político cuando desaprobó que fuera electa candidata en el reciente proceso electoral.

El mandatario también tuvo diferencias con el diputado local José Juan Espinosa, Fernando Manzanilla, su primer secretario de Gobernación; Julio Glockner Rossainz, en la Secretaría de Cultura, a quien le advirtió además de hacerle una auditoría; y Raciel López Salazar de la Secretaría de Seguridad y “su equipo de colaboradores chiapanecos” por presuntamente defender delincuentes.

Hace unas semanas incluso reconoció que le daba “mucha vergüenza” que la Secretaría de Movilidad y Transporte —cuando estuvo al frente Guillermo Aréchiga Santamaría— fallara en la modernización del transporte público, ya que fue un compromiso derivado del aumento al pasaje en 2019.

En enero de 2021 protagonizó una discusión en Twitter con el entonces director general de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Scheffield Padilla. En ese momento, Barbosa lo acusó de ser omiso ante el aumento excesivo de los insumos médicos durante la pandemia de Covid-19.

En noviembre del 2020, el gobernador respaldó además que la Auditoría Superior del Estado (ASE), a cargo de Francisco Romero Serrano, interpusiera denuncias en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, por presuntas operaciones irregulares que superan los 264 millones de pesos. El mandatario negó tener influencia en las denuncias, pero en diversas ocasiones dijo que “había pruebas de ilegalidades” cometidas por el rector.

Apenas en junio la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada del gobierno estatal, nombró un nuevo patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y, con apoyo de la policía estatal, le entregó el campus con el argumento de que así lo ordenó un juez federal derivado del pleito legal que arrastra la familia Jenkins.

El conflicto en la UDLAP agudizó la tensa relación entre el mandatario y los grupos empresariales, a quienes también ha descalificado.

También mediante una orden judicial el gobierno estatal quitó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 6 mil metros cuadrados de un predio de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; el organismo empresarial se amparó y el proceso sigue en litigio.

Cae índice de transparencia

Con el gobierno de Barbosa Huerta cayó la calificación del estado en materia de transparencia fiscal, de acuerdo con el último análisis de la consultora Aregional.

Según el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2021, Puebla obtuvo 94.48 puntos de 100 posibles, lo cual representó una caída de 1.6 puntos con respecto a los 95.64 obtenidos el año anterior.

De acuerdo con la organización Puebla contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI), el gobierno de Puebla ha incumplido sus obligaciones de transparencia o ha sido omiso en actualizarla en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), además de que el gobernador no ha hecho pública su declaración patrimonial.

Barbosa Huerta prometió que su administración iba “a fortalecer el sistema estatal de transparencia y anticorrupción”, sin embargo, José Alejandro Guillén Reyes, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), consideró que el sistema no está funcionando e incluso está siendo desmantelado.

Incluso es opaca la propia plataforma de transparencia que habilitó el gobierno estatal para conocer la inversión para atender la emergencia sanitaria, ya que no se puede conocer el destino de más de 3 mil millones de pesos, pues los contratos están ocultos.

Bajan delitos sólo en pandemia

En materia de seguridad, los homicidios dolosos y la incidencia delictiva en general disminuyeron en el 2020, año en que inició la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en el primer semestre del 2019 hubo 39 mil 872 denuncias por delitos del fuero común, mientras que en el mismo periodo de 2020 —la etapa más radical del confinamiento— sumaron 30 mil 117 denuncias, es decir, 24 por ciento menos.

Sin embargo, con las medidas de relajamiento y la reapertura económica, para 2021 las denuncias por delitos del fuero común aumentaron a 36 mil 885, es decir, 22 por ciento más que el año anterior.

Denuncias de enero a junio

 

2019

39 mil 873

2020

30 mil 117

2021

36 mil 885

Las denuncias por homicidios dolosos fueron a la baja, pues de enero a junio del 2019 se registraron 570, para el mismo periodo del año siguiente fueron 460 y para 2021 sumaron 376.

En el caso de feminicidios, se contabilizaron 28 carpetas de investigación en la primera mitad de 2019; 35 en la de 2020; y 22 en la de 2021.

En cambio, los delitos que aumentaron de enero a junio de 2021 con respecto a 2020 son: el robo de casa habitación, de 929 denuncias a 1 mil 245; de autopartes de 128 a 528; a transeúnte, de 854 a 1 mil 737, y las denuncias por robo en transporte público pasaron de 95 a 176.

A su vez disminuyó el robo a transportistas, al pasar de 506 a 426 hechos delictivos, igual que el robo de automóvil, de 4 mil 450 delitos a 3 mil 36, así como la violencia familiar de 4 mil 735 casos a 4 mil 426.

Se dispara robo de gas

En el gobierno de Barbosa Huerta se disparó el robo de gas en Puebla, ya se ha detectado una toma clandestina de gas LP cada cuatro horas y 50 minutos, por lo que la entidad es primer lugar nacional en este delito, de acuerdo con reportes de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Sólo en el primer trimestre de este año el número de tomas clandestinas detectadas se elevó 42.8 por ciento con relación al año anterior, ya que pasaron de 376 a 537.

Reformas en el Congreso

En el ámbito legislativo destaca la iniciativa del gobernador para reformar al Organismo Público Descentralizado (OPD) “Ciudad Modelo”, para devolverle a los municipios de San Jose Chiapa, Rafael Lara Grajales, Nopalucan, Soltepec y Mazapiltepec facultades que les fueron retiradas en materia de cobro de impuestos y derechos.

Si bien regresó la operación de Registro Civil en las juntas auxiliares y reguló la propaganda electoral en vía pública, Barbosa Huerta tiene pendientes varias medidas legislativas que prometió, por ejemplo: falta la revisión de la concesión del agua potable; una reforma a la Ley de Deuda Pública para impedir el endeudamiento “oculto” bajo la modalidad de Proyectos por Prestación de Servicios (PPS); no hay una Ley de Publicidad Gubernamental y no se puso orden a la creación y asignación de notarías, por el contrario, se facilitó.