Universidades privadas que integran el Consorcio Universitario y organismos empresariales chocaron este 1 de julio con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta por el conflicto que mantiene tomada la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

El consorcio está conformado por la UDLAP, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Universidad Iberoamericana Puebla, la Universidad Madero (UMAD) y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

En desplegados y pronunciamientos separados el Consorcio, la Coparmex y el CCE exigieron al gobernador de Puebla que se privilegie el diálogo y el Estado de Derecho; sin embargo, la reacción de Barbosa fue reprobar los pronunciamientos de empresarios y universidades.

El consorcio afirmó que las instituciones universitarias ejercen “un papel social indispensable para toda sociedad democrática pues su objetivo es la formación integral de las personas para el desarrollo”.

Solicitó a las autoridades promover el Estado de Derecho, el respeto a la legalidad y mantener el diálogo ante la fuerza pública en cualquier conflicto.

En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó al gobierno de Barbosa no involucrarse en temas particulares salvo mandato judicial, a fin de privilegiar los intereses de la comunidad universitaria.

Señaló que las instituciones de educación superior son “un activo invaluable para el desarrollo de nuestro estado, no sólo por la cantidad de empleos y derrame económico general sino por el impacto que tienen en la sociedad”.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se pronunció por una solución en la que las partes se conduzcan con legalidad para evitar que la imagen y el prestigio de esta institución educativa se vean afectadas.

El gobernador respondió: “advierto posiciones políticas y utilizar a los estudiantes para defensa de intereses particulares. Ya se metió el CCE, la Coparmex y el Consorcio UniversitarioQue dejen que el Estado de Derecho se aplique, no influyan con desplegados porque se consideran grupos de privilegio”.

Dijo que “no quieran influir con desplegados, no aspiren a influir porque se consideran grupos de privilegio. El Estado de Derecho no distingue a los grupos de privilegio, en un estado de derecho solamente se aplica la ley ¿de acuerdo CCE?, ¿de acuerdo Coparmex?, ¿de acuerdo Consorcio?”.

Los 13 sectores de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) delegación Puebla señalaron que “ajenos a cualquier resolución y sin tomar partido, la exigencia es apegarse a Derecho para no afectar a más de 10 mil estudiantes, trabajadores y personal que labora en la UDLAP”.

No es un tema de usar a la comunidad universitaria como una presión política, es que somos parte de esa comunidad como receptores de los prestigiados alumnos de esa institución, así como que participamos en varias actividades con la UDLAP. Para Canacintra la UDLAP es un aliado estratégico”, señala en un posicionamiento.

Sobre el desalojo, agregó, “no fue la forma apropiada ni correcta”, pues sólo ha generado incertidumbre.

No es la primera vez que el gobernador choca con las universidades privadas instaladas en Puebla: el 15 de mayo de 2020 Luis Miguel Barbosa presionó al Congreso local para aprobar la Ley de Educación del Estado de Puebla.

La ley buscaba apropiarse de bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares estableciendo que la infraestructura de la educación particular con reconocimiento de validez oficial formaría parte del Sistema Educativo Estatal.

Tampoco ha sido tersa su relación con los organismos empresariales: el 23 de junio dijo en videoconferencia que “el día que yo quiera reunirme con los organismos de empresarios, que por cierto no tengo buena opinión de ellos y lo digo claramente, los convoco, pero para qué, cómo que no son útiles”.

Este jueves no descartó que haya “más revelaciones de lo ocurrido con la familia Jenkins y la universidad”, luego de que en entrevista con e-consulta el secretario del nuevo patronato de la Fundación UDLAP, Adalberto Ramos, declaró que “sí queremos constatar que había un desorden en la administración, y desde luego vamos a dar los resultados en breve para deslindar responsabilidades (…) vamos a paso veloz, queremos identificar los riesgos, si hay desvíos e irregularidades”.

Desconocen vicerrectores al nuevo patronato

Este 1 de julio los vicerrectores de la UDLAP desconocieron a los nuevos patronos encabezados por Horacio Magaña y advirtieron que seguirán rindiendo cuentas al patronato que preside Margarita Jenkins de Landa y al rector Ernesto Derbez Bautista.

En un comunicado Cecilia Anaya Berríos, vicerrectora Académica, y María del Carmen Palafox Ramos, vicerrectora de asuntos estudiantiles, afirmaron que “en relación a la solicitud que hicieron los denominados ‘nuevos patronos’ de la Fundación Universidad de las Américas Puebla específicamente al señor Horacio Magaña Martínez en el sentido de sostener una reunión en nuestro carácter de vicerrectoras de la institución y en el entendido de que existen diversos procesos jurídicos en trámite, que definirán a quiénes son los miembros patronos del Patronato (…) se hace imposible poder sostener una reunión”.

Comentaron que existen “suspensiones provisionales” y asuntos jurídicos que avalen quién está a cargo del nuevo nombramiento.

Señalaron que van a apoyar y respaldar al patronato legalmente constituido en términos de ley y que al no existir resolución judicial que reconozca nuevo patronato, seguiremos rindiendo cuentas al rector legalmente designado hasta el día de hoy y al patronato legalmente nombrado y reconocido”.