El pleito legal entre los integrantes de la familia Jenkins comenzó oficialmente en el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas, sin embargo, es hasta la actual administración de Luis Miguel Barbosa Huerta que una de las partes, la demandante, ha visto respuesta. En la disputa por 720 millones de dólares, el cambio de nombre y nacionalidad de la Fundación Mary Street Jenkins aparecen también el actual rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista, y Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República.

Las diferencias, sin embargo, datan de cuando los integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins decidieron invertir en el proyecto Triángulo las Ánimas, un centro comercial, para generar más utilidades en la ciudad de Puebla.

Hasta ese entonces la Fundación Mary Street Jenkins tenía proyectos que no rendían lo suficiente, así que sus patronos buscaron la forma de generar mayores ingresos para fondear más donativos.

Con el tiempo, el edificio corporativo, el hotel y la plaza comercial que integran el llamado Triángulo de las Ánimas se convirtieron en la grieta que separó a la familia Jenkins de Landa: en principio era un plan legítimo meter un Cinemark como negocio ancla y eso dio un beneficio a Roberto Jenkins de Landa, quien era accionista y gerente general, señalan fuentes cercanas a la familia.

Guillermo Jenkins de Landa se dio cuenta de que además del Triángulo de las Ánimas su hermano Roberto se beneficiaba de una manera personal, aunque indirecta, de proyectos de bienes raíces en la Ciudad de México.

Cuando Guillermo reclamó, la respuesta de su hermano Roberto fue que él durante muchos años se benefició con los contratos de seguros de la Universidad de las Américas (UDLAP), sacando provecho como miembro de la familia y por su cercanía con la fundación, afirman fuentes cercanas a la familia que piden reservar su identidad.

Un pleito institucional dentro de una familia

No es un pleito familiar, es institucional, afirma en entrevista Carlos Serna Rodríguez, abogado de Guillermo Jenkins de Landa. Señala que “se busca que se respete a la Fundación Mary Street Jenkins. A mi cliente se le deben respetar sus derechos como patrono en una fundación, no como hijo en una herencia, que es totalmente diferente.”

Serna Rodríguez revela que durante años tuvieron pésima respuesta cuando ante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla denunciaron las ilegalidades cometidas contra la fundación, pero ahora, con las actuales autoridades federales y locales “comenzamos a tener buenas noticias de funcionarios, no de corrientes políticas (…), con los mismos documentos que todos estos años estuvieron en poder de la Fiscalía, con toda la documentación que demuestra cómo el dinero que estaba resguardado en Puebla ahora está en un paraíso fiscal”.

Cuando se hizo la primera denuncia legal la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla dependía del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y ahora depende de la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta.

Lo que cambió, afirma, “es la forma de leer esa misma información, esos mismos expedientes; seguro hay quienes no la leyeron y o quienes los leyeron y decidieron echarlos bajo el tapete, pero ahora hay consecuencias legales muy serias.”

Las consecuencias a las que se refiere se traducen hasta ahora en dos órdenes de aprehensión. Una de ellas fue librada el 16 de marzo por un juez de control federal en la Ciudad de México, por supuesto lavado de dinero; el caso fue retomado por la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, de una denuncia interpuesta por Guillermo Jenkins de Landa en 2016.

Gertz Manero es un viejo rival de la familia Jenkins: en 2009 le ganó una batalla para apropiarse de la marca y el logotipo de la Universidad de las Américas; ahora tiene en sus manos el caso en el que están involucrados Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa; su madre, Elodia Sofía de Landa de Jenkins, y a su primo Juan Guillermo Eustace Jenkins.

La otra orden de aprehensión fue girada el 4 de junio por un juez de control de Puebla, por una donación irregular de más de 14 mil millones de pesos hecha en el año 2014.

A esto se suma que como parte del procedimiento administrativo y legal que se sigue para recuperar el patrimonio de la Fundación, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla “ya no se dedica sólo a contestar oficios, ahora tomó una actitud proactiva y sí hay un cambio en su papel para ser coadyuvante y denunciante.”

El 15 de junio de 2021, en carta con origen en Zapopan, Jalisco, la Fundación consideró que hay una campaña de desprestigio “patrocinada por Guillermo Jenkins de Landa, con la finalidad de generar una narrativa falsa y mentirosa, con la intención de apoderarse de un patrimonio que cuenta con un claro mandato y propósito definido hace sesenta y siete años por su fundador William Oscar Jenkins.”

Agrega sobre las dos órdenes de aprehensión en su contra que “es esencial precisar que son ilegales, pues violentan el principio básico de cosa juzgada, toda vez que los miembros de la familia y sus abogados fueron exonerados en mayo de 2018, después de una exhaustiva investigación, por lo cual están sujetos a un ilegal doble juzgamiento y se les pretende presentar como victimarios, cuando en realidad son los principales afectados en la defensa de los intereses de la Fundación.

El dinero, la ruta

El patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins terminó primero en Barbados y luego en Panamá, un país caribeño, mediante un entramado jurídico y financiero en el que se presume la complicidad del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, integrantes de la familia Jenkins y abogados prestanombres.

En la denuncia que ante la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla presentó Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de la familia, se pide investigar la más grande defraudación cometida en perjuicio de la beneficencia privada en la historia de este país”.

Indica que la Fundación Jenkins donó todo su patrimonio, unos 720 millones de dólares, a la Fundación Bienestar de la Filantropía, que de inmediato se llevó el dinero a Barbados.

La Fundación Bienestar para la Filantropía fue creada en el estado de Aguascalientes a solicitud de los abogados Antonio Obregón Barrera y Juan Manuel Martínez del Campo Herrera, allegados a la familia, y según la denuncia de Jenkins de Landa el 16 de diciembre de 2014 Bienestar para la Filantropía cambió su domicilio a Bridgetown, Barbados.

Desde hace seis años quedó perfectamente revelada la trama, con nombre de fundaciones, destinos y personas involucradas que siempre son las mismas, aunque aparecen en diferentes instituciones, dijo Carlos Serna.

A la Fundación no le dejaron ni el nombre, afirma: se llamaba Mary Street Jenkins y “eso creo que fue lo más importante para el fundador, porque su esposa tuvo una vida complicada y pasaron muchos años separados porque ella debía buscar climas secos. Él, en honor a su mujer, decidió ponerle ese nombre, pero ahora se llama Fundación Jenkins.”

A raíz de los señalamientos de Carlos Serna, en su más reciente comunicado la fundación manejó de nueva cuenta el nombre Fundación Mary Street Jenkins y ya no sólo Fundación Jenkins, lo mismo que en los desplegados como el publicado el domingo 20 de junio en la página 5 de la sección Nacional del periódico Reforma.

También “se trataba de que la Fundación fuera eminentemente poblana y que eventualmente pudiera ayudar cualquier causa en México, no en Barbados ni en Panamá”; en este último país la Fundación Bienestar para la Filantropía cambió de nombre a Fundación para el Desarrollo Latinoamericano y su interés cambió a privado.

El fundador William Jenkins quería que durara muchos años, como lo ha hecho, ya tiene 67 años, “entonces si le quitaban todo el dinero iba a ser de relumbrón: él quería que todos los años hubiera eco del nombre de su esposa, pero le quitaron el nombre, la nacionalidad y le quitaron el dinero”.

Lo que quiere Guillermo, agrega, es que se vuelva a llamar Mary Street Jenkins, como está en el Acta Constitutiva del 18 de octubre de 1954; la razón de que el dinero haya ido a Panamá “fue total y absoluta ambición, no hay de otra; si hubiera sido por persecución política y fiscal debieran decir cuál y de quién, porque eso deja huella de documentos. ¿En dónde los amenazaron?, porque tan pronto supimos de este movimiento lo denunciamos a las autoridades y como si no hubiera existido la operación”.

El factor Barbosa y el vacío legal

Fuentes consultadas para esta investigación afirman que Guillermo Jenkins de Landa logró convencer a Barbosa Huerta de que Moreno Valle se benefició de su relación con Roberto Jenkins de Landa y la Fundación.

Hay evidencias, como el apoyo que le dieron para el Museo Internacional del Barroco, que es la más obvia, agregan y señalan que Barbosa decidió apoyar la demanda de Guillermo Jenkins al darse cuenta de que en el Acta Constitutiva se establece que el radio de acción de la fundación deben ser preferentemente la ciudad y el estado de Puebla.

El padre de Guillermo y Roberto Jenkins de Landa, confían las fuentes, tenía planeado transferir los recursos al extranjero, “para proteger el patrimonio de la Fundación porque en varios sexenios los gobernadores habían tratado de meter la mano en el cofre. Vieron a Moreno Valle como una amenaza mayor y por ello hicieron esa maniobra.” Los Jenkins, sin embargo, decidieron apoyar el proyecto del Museo Internacional del Barroco.

Andrew Paxman, autor del libro En busca del señor Jenkins, dinero, poder y gringofobia en México, afirma en entrevista que la Fundación tuvo que pedir permiso a Antonio Carrillo Flores, cuando fue titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para incluir bienes raíces en la Fundación, porque no había ninguna ley que lo permitiera.

En México, agrega Paxman, son vulnerables las fundaciones que tienen capital en bienes raíces: “tradicionalmente en México sólo se podía donar dinero de forma filantrópica, pero en la Fundación se tenía la visión sajona que consiste en poner tus bienes en la fundación para luego hacer los donativos de las utilidades que generan esos bienes raíces. Así se manejan las grandes fundaciones en Estados Unidos y Gran Bretaña.”

Y le dieron permiso, pero no hubo modificaciones a la ley: fue un arreglo “de tú a tú entre Jenkins y Carrillo Flores (…) y que yo sepa, aunque valdría la pena checar con el Centro Mexicano de Filantropía, nunca hubo una declaración legal (…) Es un área gris legal que ha permitido la injerencia política en las fundaciones o por lo menos juicios subjetivos.”

Paxman, quien también es historiador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que el Acta Constitutiva establece que la fundación “iba a beneficiar a la gente de clase modesta, escuelas, hospitales públicos o privados y, aunque Jenkins nunca se opuso a las escuelas privadas, siempre las consideró en segundo plano. Por eso pagó la mitad del costo del CEHNCH y al menos cinco centros escolares más en la era de Rafael Ávila Camacho.”

Agrega que cuando Manuel Espinosa Yglesias tomó la Fundación le dio un giro, dedicó cada vez más recursos a la educación privada y reorientó las obras a la Ciudad de México con los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, aunque también hizo un donativo para Ciudad Universitaria de la BUAP en donde muchos edificios fueron costeados con dinero de la Fundación.

Ahora todo es una gran simulación, remata Carlos Serna: en 2017 por los terremotos ocurridos en septiembre de ese año, “la Fundación Jenkins decidió sacar la chequera de una forma muy generosa y habiéndose robado 720 millones de dólares le dieron aproximadamente 2 millones a Puebla en su desgracia natural más grande de las últimas décadas”.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dijo el pasado 20 de mayo que en el gobierno de “Rafael Moreno Valle hubo hechos muy graves en el manejo de la Fundación Mary Street Jenkins y la mayoría de su capital fue llevado a otros lugares y organizaciones, pero el dinero de la fundación no es de los Jenkins, es de la fundación y tiene que regresar a Puebla”.