El Congreso de Puebla presentó conclusiones del parlamento abierto sobre despenalización del aborto, pero no hay fecha para votar las reformas porque apenas se empezará a revisar iniciativas.

Este martes se anunció el inicio del proceso legislativo, aunque el compromiso con feministas que tomaron la sede del Poder Legislativo en noviembre del año pasado fue que las reformas se votarían en la primera quincena de mayo.

Casi un mes después de vencer ese plazo fijado por la Junta de Gobierno, en sesión plenaria virtual se presentaron apenas las conclusiones del parlamento que concluyó desde el 26 de abril.

Sin intervención de legisladores solo se leyó una síntesis con las conclusiones de las 5 comisiones del Congreso que participaron, así como las del poder Judicial; el gobierno estatal; la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado.

Las conclusiones

La Comisión de Derechos Humanos del poder Legislativo, encabezada por Estefanía Rodríguez Sandoval (de Morena) presentó diez conclusiones, entre las que destacan que:

“El aborto no es equivalente a un asesinato, de hecho, el Código Penal del Estado de Puebla, así lo establece, al tratarse en capítulos diferentes. No es equiparable el aborto al asesinato, puesto que el aborto ocurre en distintas circunstancias”.

También señaló que la penalización del aborto en Puebla contraviene los compromisos y recomendaciones contraídos por México en Materia de Derechos Humanos, además de que el Estado debe ser laico, neutral y gobernar para todas las personas.

“El Estado debe atender y reconocer el derecho de las mujeres a decidir por su propio cuerpo, sin estigmas, prejuicios sexuales, estereotipos de género y debe otorgar el ejercicio pleno de nuestros Derechos Sexuales y Reproductivos para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Es necesario que se legisle sin cargas ideológicas o religiosas, sino de forma objetiva y en favor de la sociedad”, indicó la comisión.

Advierten aborto como negocio

La Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez, presidida por la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, sentenció que: “debe respetarse y garantizarse lo dispuesto por el artículo 26 de nuestra Constitución Local: respetar la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”.

Además advirtió que debe considerarse “el interés de diversas organizaciones lucrativas que buscan impulsar el aborto como negocio; valorar la posibilidad de identificar y desestimar estos esfuerzos para no contaminar el debate”.

La Comisión de Igualdad de Género, que encabeza la priísta Rocío García Olmedo, se pronunció a favor de la despenalización al señalar que no se debe criminalizar a las mujeres sino “garantizar su ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos”.

También pugnó por “la institucionalización de género en sectores como la salud y la educación; autonomía de las mujeres, justicia social”.

Ya hay aborto sin penas

La comisión de Procuración y Administración de Justicia, cuya presidenta es María del Carmen Cabrera Camacho (del PT), señaló que el aborto no se castiga en cuatro situaciones:

Si es causado por imprudencia de la mujer embarazada; cuando el embarazo es resultado de una violación; si la mujer embarazada corre peligro de muerte, o si el aborto se debe a causas eugenésicas graves.

Autoridades solo ofrecen “colaborar”

En las conclusiones del Poder Judicial, el gobierno estatal, la FGE y la CDH sólo se señaló la disposición de “seguir colaborando de manera institucional con la finalidad de sensibilizar y capacitar sobre la temática y, “armonizar las leyes para seguir trabajando en el tema”.

Como conclusión general se dijo que el parlamento fue “exitoso” porque escuchó a la ciudadanía y ahora hay elementos para reflexionar sobre el tema, pero no se fijó un plazo ni una fecha fatal para definir el tema.