Los asesinatos de Francisco Javier, Josué EmanuelJosé Antonio y Ximena fueron en 2020 el estandarte del movimiento estudiantil más importante de los últimos años en Puebla con repercusiones educativas, sociales y políticas como la marcha estudiantil más numerosa de los últimos años y hasta el cese de funcionarios estatales.


Sin embargo, la indignación que encendió en la comunidad estudiantil el asesinato del conductor de Uber y los tres pasantes de medicina, dos de ellos originarios de Colombia, se apagó con la panademia del Covid-19, además de que los procesos penales en contra de los presuntos homicidas continúa estancado.

El asesinato

La mañana del 24 de febrero de 2020 se hizo público uno de los crímenes más condenados de los últimos años en Puebla, cuando en un camino de terracería cercano al Bulevar Aeropuerto, encontraron cuatro cadáveres.

Inicialmente se pensó que se había tratado de una ejecución múltiple ligada a un ajuste de cuentas entre las bandas criminales que operan en la región, pero en minutos el caso dio un vuelco al confirmarse que las víctimas eran estudiantes.
 


Ximena Quijano HernándezJosé Antonio Parada CerpaJavier Tirado Márquez y Josué Emanuel Vital Castillo fueron identificados como las víctimas de este multihomicidio. Los tres primeros estudiantes de medicina y el último un conductor de la plataforma Uber.

Todos tenían impactos de arma de fuego, golpes y huellas de haber estado maniatados, sin embargo las investigaciones iniciales no permitían saber el móvil del asesinato ya que la última vez que vieron a los estudiantes había sido en el Carnaval de Huejotzingo.

De la fiesta al terror

Ximena y José Antonio eran alumnos de la Fundación Universitaria Unisanitas con sede en Bogotá, Colombia, pero se encontraban de intercambio académico en la UPAEP, además de que hacían su residencia médica en el Hospital General de Cholula, donde conocieron a Javier.

Los tres salieron de la ciudad de Puebla la mañana del domingo 23 de febrero para estar en el Carnaval de Huejotzingo que tradicionalmente se celebra como parte del inicio de la Cuaresma, por lo que siendo extranjeros, Ximena y José Antonio encontraron especial fascinación en acudir a este evento.

En Huejotzingo estarían atendidos por otro pasante de medicina y su familia, quienes les abrieron las puertas de su hogar durante la tarde y hasta entrada la noche cuando los estudiantes pidieron un Uber para regresar a sus domicilios en Puebla.

La unidad de alquiler era conducida por Josué Emmanuel, sin embargo no cumplió su trayecto pues antes de salir de Huejotzingo fueron interceptados por los homicidas.

Fueron amigos de las víctimas quienes se encargaron de encontrar los cuerpos a través del sistema de geolocalización de los teléfonos celulares, ya que la madre de Ximena  usaba este mecanismo para poder estar al pendiente de su hija, pues sabían de los riesgos de vivir en México.

Con la localización proporcionada por la mamá de Ximena desde Colombia, los amigos de los universitarios dieron con los cuerpos y fue ahí cuando comenzó el viacrucis para las familias de las víctimas, tanto las que viajaron desde el cono sur del continente hasta los que fueron simples víctimas colaterales.

Le teoría del sombrero

Apenas unas horas habían pasado del crimen cuando Gilberto Higuera Bernal, en ese entonces fiscal de Investigación Metropolitana, dio a conocer la detención de dos hombres y una mujer por el asesinato de los universitarios.

Se trató de Pablo Jesús N., de 46 años; Ángel N. de 23 años; y Lisset N. de 22 años; los cuales eran vecinos de la región y que fueron asegurados a través del rastreo al automóvil de la plataforma Uber en la que las víctimas de desplazaban.

Con todos los ojos encima y protestas tanto en Puebla como en Colombia, el 26 de febrero la Fiscalía General del Estado presentó el "esclarecimiento" del caso señalando que el multihomicidio lo desató una riña por un sombrero.
 


La hipótesis de las autoridades poblanas apuntaba a que durante el Carnaval, Lisset N. le quitó un sombrero para el sol a Ximena, pero fue minutos más tarde cuando la estudiante colombiana se dio cuenta e intentó recuperar su prenda, que ambas se enfrentaron.

Gilberto Higuera Bernal aseguró que Lisset y los otros dos detenidos estaban ligados a otro tipo de delitos en Huejotzingo como robo, pero que por el altercado durante la vendimia del Carnaval, decidió tomar venganza y matar a Ximena y a sus acompañantes.

Sonia Hernández, mamá de Ximena, rechazó un día después el dicho oficial y señaló que esa no fue la verdadera razón del asesinato, aunque tampoco apuntó a otra hipótesis pues previamente también se había hablado extraoficialmente de que se había tratado de una confusión.

La explosión universitaria en la mega marcha

A pesar de ser un estado estudiantil con el mayor número de alumnos e instituciones de educación superior, apenas por detrás de la Ciudad y el Estado de México, Puebla no se había caracterizado por albergar las marchas o movimientos estudiantiles más multitudinarios o representativos.

Sin embargo el asesinato en Huejotzingo encendió en la comunidad estudiantil una serie de manifestaciones y paros que iniciaron el 28 de febrero con el paro de actividades en el Área de la Salud de la BUAP, donde los estudiantes paralizaron las actividades tanto educativas como administrativas (hipervínculo: ).

El esquema de paro trató de replicarse en la Upaep, donde Ximena y José Antonio estaban de intercambio, sin embargo no se logró pero los estudiantes de medicina participaron activamente en las marchas que se realizaron en los días consiguientes para exigir justificia y garantías de seguridad para los estudiantes de todos los niveles educativos.
 


El paro en la BUAP sí logró replicarse en otras instituciones como la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) o el Instituto Tecnológico de Puebla (ITP), las cuales dejaron expuestas no solo carencias en materia de seguridad sino otros aspectos como el acoso a estudiantes de parte de profesores, la falta de infraestructura educativa, entre otras.

Con todos estos factores detrás, con el apoyo de institución públicas y privadas como la UDLAP o la Ibero, el 5 de marzo  miles de jóvenes salieron a las calles y marcharon desde la Avenida Juárez hasta Casa Aguayo para protestar por la inseguridad y por las carencias de la comunidad universitaria.

Con los estudiantes de medicina asesinados como estandarte, la comunidad universitaria de Puebla marchó con el respaldo de sus rectores, pero ya frente a la sede del Gobierno Estatal, fueron solamente los estudiantes quienes le exigieron al gobernador Miguel Barbosa seguridad y justicia o su renuncia.

Los acuerdos inconclusos

El auge del movimiento estudiantil en Puebla tuvo también un rápido declive cuando los problemas internos comenzaron a fracturar la Asamblea 25/02, misma que se había autoproclamado como la voz de los universitarios en Puebla.

A pesar de ello, lograron que las autoridades poblanas se comprometieran a más seguridad pero también a crear una Fiscalía Especializada en Asuntos Universitarios, misma que finalmente se quedó en el tintero especialmente por la falta de acuerdos, ya que incluso el proyecto tenía un lugar físico para operar, aunque nunca tuvo un organigrama.

Varios rectores también cedieron a la presión y se comprometieron a investigar y sancionar el acoso sexual dentro de las aulas, aunque todo se detuvo cuando llegó la panademia del Covid-19 a México.

El inicio de la contingencia sanitaria marcó un parteaguas en el movimiento pues esto también obligó a qué las instituciones cerraran y llevaran todo el quehacer académico a la modalidad a distancia, siendo la Facultad de Derecho de la BUAP la que más aguantó con el paro y toma de instalaciones.

La salida de Amézaga

El multihomicidio de los estudiantes de medicina también tuvo repercusiones políticas y administrativas pues a cuatro días de los hechos el gobernador Miguel Barbosa Huerta decidió reemplazar a Ildefonso Amézaga Ramírez por Raciel López Salazar en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Ildefonso Amézaga era uno de los funcionarios veracruzanos traído por Miguel Barbosa como parte de un proyecto para combatir la inseguridad con perfiles formados en la Secretaría de Marina (Semar), aunque finalmente todos fueron reemplazados.

La llegada de Raciel también reafirmó una nueva visión de la administración barbosista con funcionarios chiapanecos distribuidos en varias áreas de su gobierno, marcada en el área de seguridad con la influencia de Ardelio Vargas Fosado, que apenas ayer fue nombrado subsecretario General de Gobierno.

El cuarto detenido y la parálisis del caso

El 24 de noviembre, nueve meses después del multihomicidio, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció la detención de "Felipe Hernández Tlatelpa, alias El Pirulí", quien presuntamente era parte de la banda que asesinó a Ximena, José Antonio, Javier y Josué Emanuel.
 


Por su parte la Fiscalía señaló que Felipe, de 36 años de edad, además estaba ligado a otros hechos delictivos como el asesinato de una persona en un súper de Santa Ana Xalmimilulco.

Pero a un año del caso, las investigaciones se encuentran judicializadas y el proceso penal detenido pues ninguno de los cuatro detenidos ha sido sentenciado por el crimen los estudiantes de medicina.