En Puebla buscan que los hospitales públicos practiquen la interrupción del embarazo de forma gratuita en las primeras 12 semanas de gestación.

La diputada Estefanía Rodríguez Sandoval (de Morena) impulsa que el aborto legal y seguro se reconozca como un derecho de las mujeres en el estado.

Para ello promueve una serie de reformas a la Ley Estatal de Salud, mediante una iniciativa presentada el viernes en el Congreso del estado.

Su propuesta está sujeta a la despenalización del aborto, que requiere la modificación del Código Penal del Estado, que actualmente castiga esta práctica hasta con un año de cárcel.

La nueva iniciativa prevé obligar a los hospitales públicos a realizar la interrupción del embarazo de forma gratuita a más tardar cinco días después de que una mujer lo solicite, luego de proporcionarle información sobre los posibles riesgos a su salud.

Su proyecto contempla que el artículo 70 Bis de la ley de Salud establezca que la cirugía sea de forma inmediata cuando el producto sea resultado de una violación, siempre y cuando la solicitante presente la denuncia en el Ministerio Público.

“Las instituciones públicas de salud del Estado deberán proceder a la interrupción legal del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad cuando la mujer interesada así lo solicite, desde la concepción y hasta la décima segunda semana de gestación.

Para ello, las instituciones de salud deberán proporcionar los servicios de consejería médica y social, con información veraz y oportuna, de otras opciones con que cuentan las mujeres además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo, así como las posibles consecuencias en su salud.

Cuando la mujer decida practicarse la interrupción legal de su embarazo, las instituciones de salud deberán efectuarla en un término no mayor a cinco días naturales, contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos que establezca la Secretaria de Salud Pública del Estado, excepto cuando la mujer declare, bajo protesta de decir verdad y previa denuncia ante el Ministerio Público, que el embarazo es resultado de una violación sexual, en cuyo caso la institución deberá efectuar la interrupción legal del embarazo inmediatamente, de conformidad con la legislación y normatividad en materia atención a víctimas de un delito” indica el nuevo artículo 70 Bis que plantea.

Médicos podrían excusarse 

En un nuevo artículo 70 Ter pretende que el personal de salud tenga la oportunidad de negarse a realizar la operación por motivos personales o religiosos.

Solo no tendrían la oportunidad de objetar en los casos de violación, o cuando se requiera para salvaguardar la salud de las mujeres.

“El personal médico y de enfermería a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo, y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en la interrupción legal del embarazo, teniendo la obligación de referir a la mujer con el personal no objetor.

Cuando sea urgente la interrupción legal del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Tampoco podrá invocarse la objeción de conciencia, cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual, y no haya personal médico o de enfermería no objetor disponible para practicar la interrupción de manera inmediata”, señala su iniciativa.

Consejería y preservativos

El proyecto de Rodríguez Sandoval además contempla nuevas obligaciones para la Secretaría de Salud, como proporcionar consejería médica y social, así como métodos anticonceptivos.

“El Gobierno del Estado mediante la Secretaría de Salud, otorgará servicios de consejería médica y social en materia de la atención a la salud sexual y reproductiva, los cuales funcionarán de manera permanente otorgando servicios gratuitos que ofrecerán información, difusión y orientación en la materia, así como el suministro constante de todos aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente”, señala su propuesta de reforma al artículo 62.

Tras su ingreso formal en el Congreso local, la iniciativa será turnada a comisiones para su discusión y análisis.