Por primera vez se busca que el gobierno del estado, los municipios y los órganos descentralizados estén obligados a responder los exhortos y demandas del Congreso de Puebla.
Se contempla dar un plazo de 30 días para dar respuesta a los requerimientos aprobados por los diputados, ya que actualmente no existe obligación de atenderlos.
En los puntos de acuerdo los legisladores pueden exigir programas o acciones de gobierno, solicitar informes, atención de problemas sociales, obras o solución de conflictos, e incluso pueden llamar la atención a autoridades o servidores públicos específicos.
El priísta Javier Casique Zárate propuso este jueves que ahora sean denunciadas por omisión las autoridades que ignoren las peticiones, a fin de que sean investigadas.
Con una iniciativa busca reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a fin de hacer vinculantes los puntos de acuerdo aprobados por el pleno.
Su propuesta busca agregar un artículo 147 Bis, que diga: “al determinar el Congreso acuerdos que establezcan exhortos a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipal, órganos centralizados y paraestatales, a fin de establecer sus obligación y/o atribuciones dentro de su propio marco normativo. Dichos acuerdos deberán ser contestados por los servidores públicos en un plazo de 30 días naturales”.
En otro párrafo se precisa que “dicho plazo podrá ser prorrogado, por única ocasión hasta por cinco días naturales a solicitud del servidor público, debiendo presentarse la prórroga tres días antes del vencimiento del plazo señalado en el párrafo anterior”.
Las denuncias se advertirían en un párrafo adicional que diría: “la falta de contestación al punto de acuerdo en los plazos señalados en el presente artículo, será considerada una omisión de la autoridad responsable, dándole vista a la autoridad competente para los efectos legales a los que haya lugar”.

Reformas sobre primer empleo y transparencia
En otra iniciativa el diputado Miguel Trujillo de Ita (del PES) planteó una reforma a la Ley del Primer Empleo, para prohibir que se pague menos a los nuevos trabajadores.
Su propuesta es agregar un artículo 8 Bis que diga: “los patrones que contraten a un trabajador bajo el régimen del primer empleo no podrán otorgar a éste un salario menor al que perciben los demás empleados que desempeñen las mismas funciones”.
A su vez la diputada Mónica Lara Chávez (del PES) propuso reformar el artículo 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para obligar al poder Judicial a hacer públicas todas las sentencias que emita.