El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, aseguró que el Consejo de la Judicatura sí ha sancionado a jueces poblanos en seis casos distintos durante 2020.

El magistrado aclaró que las sanciones ocurrieron por violentar la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos o la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no por el criterio de los jueces al resolver algún asunto, ya que este debe ser valorado por una sala superior.

“Las sanciones siempre van a estar fundadas en actos que violen la Ley General de Responsabilidades o en actos que violen la Ley Orgánica, nunca por un criterio de carácter jurisdiccional. Aprovecho (…) para hacer la gran diferencia: la opinión o resolución de un juez respecto de una situación jurisdiccional, la revisa una sala superior”, expuso.

La semana pasada, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que impulsará una reforma a la legislación local para depurar a jueces y magistrados que incurran en irregularidades, después de que aseguró que permitieron la liberación de una presunta delincuente de alto nivel en Puebla así como de personas que supuestamente vendieron alcohol adulterado.

Sí hay sanciones, responde

Interrogado sobre el tema durante su participación en la ceremonia del 199 Aniversario de la consumación del Movimiento de Independencia, Sánchez dijo que no emitiría comentarios sobre la opinión que los jueces tuvieron al resolver los casos que fueron criticados por el gobernador.

El magistrado fue insistente en señalar que los criterios de los jueces no son juzgados por el Consejo de la Judicatura sino por una sala superior.

No obstante, informó que en el transcurso del año, el Consejo ha sancionado a seis titulares de juzgado porque violentaron las leyes mencionadas, aunque evitó abundar en los casos pues refirió que algunos aún sigue en revisión.

Sobre la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, indicó que esta será trabajada de forma coordinada entre el TSJ y el gobierno del estado, a fin de presentarla a los diputados locales.

Uno de los dos casos que Barbosa criticó, se refiere a Paula L., quien es hermana de la esposa de “El Grillo”, pues señaló que pese a que el lunes fue detenida por agentes de la Policía Estatal en posesión de supuesta droga, la juez de control Magaly Escamilla Rodríguez, decidió liberarla. “(…) liberó a una delincuente de alto nivel”, acotó.

El otro es el de Ofelia P. y José Manuel Guadalupe F., dueños de dos tiendas misceláneas en la región de San Salvador El Seco, detenidos el pasado fin de semana luego de que fueran acusados de la venta de alcohol supuestamente adulterado que cobró la vida de diversas personas, pues el domingo fueron puestos en libertad.