Académicos de la BUAP apoyan rectoría del estado en educación

Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla expresaron su apoyo la Ley de Educación del Estado en lo que refiere a la rectoría del Estado sobre los programas educativos, ya sean de instituciones públicas o privadas, al mismo tiempo que destacaron la falta concisión en la redacción de algunos artículos de sus artículos.

El documento firmado por la Comisión Organizadora del Foro Los Retos de la Educación Pública Superior en México, a llevarse a cabo en agosto del presente año, integrada por docentes e investigadores de la BUAP, señala que, a su parecer, el artículo 115 de la Ley de Educación no viola ningún derecho a la propiedad al incluir a las instituciones privadas en el sistema estatal de Educación Pública.

Según los firmantes, el citado artículo está basado en que el artículo Tercero constitucional que establece la rectoría del estado sobre los planes educativos públicos o privados y, además el criterio de integrar a los colegios privados en el Sistema Educativo del Estado, pues “el artículo 99 de la Ley General de Educación que entiende a la educación nacional como parte de un todo independientemente de que los bienes muebles e inmuebles sean de propiedad pública o privada. No existe por tanto ningún afán expropiatorio en el espíritu de ambas leyes”.

La Comisión Organizadora, en la que participan el Director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Francisco Vélez Pliego y la Directora del Instituto de Física, María Eugenia Mendoza entre otras autoridades académicas de la BUAP, expone su opinión positiva a que la Secretaría de Educación Pública mantenga una supervisión y regulación sobre la educación privada, en lo que concierne a garantizar los derechos estipulados en la Constitución, en los artículos 115, 142 y 147 del ordenamiento jurídico poblano.

Por otra parte, los docentes universitarios destacan que a diferencia de la Ley General de Educación, la legislación poblana no prevé montos de inversión como en el caso federal, que en educación pública ordena 8% y en educación superior e investigación 1% del PIB.

Subrayan, al igual que conglomerados de asociaciones de padres de familia e instituciones privadas, la necesidad de enmendar la redacción imprecisa y genérica de ciertos artículos de la Ley de Educación, pues causa confusión sobre qué partes de la ley serán aplicadas a instituciones privadas y cuáles no.

Concluyen el comunicado al destacar la necesidad de diálogo, pues lo consecuente será emitir una ley tanto federal como local, para la Educación Superior, en la que será vital abrir el diálogo.