Pese al rechazo del Consorcio Universitario y partidos de oposición, diputados de Juntos Haremos Historia aprobaron la nueva Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, tan solo tres días después de que fue enviada al Congreso del estado.

La Comisión de Educación aprobó este jueves la iniciativa del mandatario de Morena sin tomar en cuenta a la BUAP, la UPAEP, la UDLAP, la Universidad Iberoamericana, la Anáhuac y la Universidad Madero, que advirtieron que la nueva legislación es abusiva e incluso ilegal, ya que impone una sobre regulación e invade la auto gestión a la que tienen derecho las instituciones privadas.

Sin representantes de escuelas, sindicatos o asociaciones de paterfamilias, la norma se avaló en una sesión por internet para que sea ratificada el viernes en el pleno, donde bastará el voto de la mayoría de los 41 diputados para que se valide.

Con seis votos a favor de Morena, PT y de los diputados sin partido y una abstención del priista Javier Casique Zárate, el dictamen se avaló en tres horas y media sin dar lugar a los cambios sugeridos por la oposición.

De las 32 propuestas reformatorias hechas por el PAN y el PRI, solo se admitió una del panista Oswaldo Jiménez López y el resto se rechazaron, algunas incluso sin debate de por medio.

El presidente de la comisión, Hugo Alejo Domínguez (diputado sin partido); el secretario, Valentín Medel Hernández (PT); así como los vocales Jonathan Collantes Cabañas (sin partido); Cristina Tello Rosas, Olga Lucía Romero Garci Crespo y Bárbara Morán Añorve (las tres de Morena), se impusieron en la votación para dejar casi intacto el proyecto de ley enviado por el gobernador.

Aunque el perredista Armando García Avendaño; la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia; José Juan Espinosa Torres (del PT); Jiménez López y Casique Zárate demandaron postergar la votación hasta después de realizar foros con la participación de especialistas y el sector privado, los diputados afines a Barbosa Huerta se negaron.

Aprueban fiscalización e injerencia en cuotas

Con la nueva ley se ordenará a las universidades públicas, como la BUAP, a ceder a la fiscalización que decida practicarles la Auditoría Superior del Estado (ASE), además de que la Secretaría de Educación tendrá facultad de tener injerencia en las cuotas de escuelas privadas.

El artículo 121 señalar que el gobernador propondrá la asignación de recursos para cada uno de los niveles de educación a cargo del estado, pero advierte que las universidades públicas deberán cooperar en su fiscalización y, si hay alguna anomalía, se fincarán responsabilidades.

“Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados de este artículo. En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan”, sentencia.

El artículo 146 faculta a la Secretaría de Educación del estado para tener injerencia en las cuotas de las instituciones privadas, pues señala que, a petición de los propios alumnos o tutores, la dependencia podrá investigar si los cobros son excesivos o injustificados.

“Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar”.

Bienes pasan a sistema estatal

Los bienes muebles e inmuebles de las escuelas privadas ahora serán parte del Sistema Educativo Estatal, pero no se precisó el nivel de injerencia que tendrá la Secretaría de Educación sobre ellos.

Aunque el Consorcio Universitario, el PRI y el PAN exigieron aclarar lo que esto conlleva o eliminar de plano esta disposición, no se cambió ni una coma al artículo 105 y quedó como originalmente se propuso: “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.

Regularán nombres, colores ya no

El dictamen aprobado también faculta a la Secretaría de Educación para regular los nombres de todas las escuelas del sistema, incluidas las particulares pues, como se mencionó, son parte de dicho sistema.

"Los planteles educativos de cualquier nivel que formen parte del Sistema Educativo Estatal no deberán consignar los nombres de los funcionarios públicos y representantes populares durante el desempeño de su encargo, el de sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado, ni el de los representantes sindicales del magisterio en funciones o por haber ocupado cargos de representación gremial”, advierte el artículo 112.

Lo que sí se excluyó de la ley es la regulación de colores de escuelas públicas, ya que al principio se pretendía hacer obligatorio el uso de colores "neutros" y ahora será opcional.

"Las autoridades educativas estatal y municipales promoverán que los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo ofertado en los planteles públicos del sistema educativo estatal (así con minúsculas), serán de color neutro", indica el mismo 112.

Prohíben retener documentos

La norma también prohíbe a las escuelas privadas la retención de documentos personales o académicos por falta de pago, así como el condicionamiento de inscripciones o servicios por la compra de uniformes o contratación de actividades extraescolares.

“En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de las y los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos”, sentencia el artículo 142.

En el mismo se enfatiza: “la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta Ley. Las y los educandos, las madres y padres de familia, tutoras o tutores tendrán el derecho de adquirir los uniformes o materiales educativos con el proveedor de su preferencia”.

Recortan multas

Las multas que se aplicarían a las escuelas particulares por violar la Ley de Educación se recortaron a petición de Alejo Domínguez, ya que Barbosa Huerta contemplaba sanciones de hasta 2 millones 606 mil 400 pesos.

Por unanimidad la comisión aprobó que el artículo 148 establezca un máximo de 868 mil 800 pesos, aunque se conservó también la sanción de revocación de permiso y clausura de las escuelas que reincidan en anomalías.